La última cuestionable sentencia fue en la cual redujeron la pena a un violador porque -según la sentencia- la víctima, un niño de 6 años, es “homosexual”. Ahora, los jueces pertenecientes a ese tribunal Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués se aproximan al juicio político.
En diálogo con Perfil.com, el exdiputado bonaerense Raúl Pérez expresó su profundo repudio contra el último fallo de los mencionados magistrados y recordó la sentencia de 2011 que provocó su pedido de juicio político -el cual fue admitido hace semanas-, luego de no haber sido tenido en cuenta durante los últimos cuatro años.
Todo comenzó en 2004, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Morón condenó al pastor evangélico Francisco Ávalos a 18 años de prisión, por hechos cometidos entre entre abril y agosto de 2000 caratulados como “corrupción de menores”. En 2011, los jueces de Casación tomaron este caso y redujeron la pena del abusador a nueve años y seis meses. Piombo y Sal Llargués se justificaron al argumentar que las víctimas del pastor, dos chicas de 14 y 16 años (habitantes de una villa de Merlo) vivían “en comunidades de bajo nivel social” donde “se aceptan relaciones a edades muy bajas”.
Días después de esta resolución judicial, Pérez presentó la denuncia contra los camaristas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses al alegar que el fallo tenía un “razonamiento perverso” y que además el fallo podría resultar “un grave antecedente” para otras causas.
Hoy, el tiempo le habría dado la razón. “Es un horror”, opinó hoy Pérez en diálogo con este portal, sobre el más reciente fallo de los juristas. “No hace otra cosa que confirmar los hechos del pasado que en aquel momento se dejaron pasar por alto”. Por lo pronto, el Jurado de Enjuiciamiento del Senado bonaerense admitió hace poco menos de un mes la denuncia de Pérez.
“Finalmente, luego de tantos años, se abrió la investigación contra los jueces. Sería bueno que este proceso termine con un Jury. Mi denuncia fue sobre el fallo del pastor abusador, pero había otros fallos anteriores que beneficiaban además a policías condenados por enriquecimiento ilícito. Piombo siempre les bajaba la pena” dijo. Y lanzó: “Se podría decir que estos jueces tienen dos preferencias: policías corruptos y violadores”.
La Secretaría Permanente del Jurado, que conduce Ulises Giménez, inició un sumario y tiene 90 días, consignó DyN, para investigar las denuncias contra los magistrados, mientras que una vez cerrada la instrucción las partes acusadoras tendrán 30 días para presentar sus cargos. Finalizado ese plazo el Jurado de Enjuiciamiento deberá resolver si somete a Piombo y a Sal Llargués a juicio político o los excusa de la denuncia.
“Ojalá se sumen todos los fallos previos y subsiguientes a este hecho. De los fallos se desprende la actitud misógina, por ejemplo, de Piombo. Aunque fue un procedimiento lento, es bienvenido”, concluyó Pérez este domingo en comunicación con Perfil.com.
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