El juez Claudio Bonadio continuaría al frente de la investigación de la causa Hotesur, que investiga si los hoteles de los Kirchner se usaron para cometer delitos financieros, como el de lavado de dinero generado por corrupción. Es lo que ayer dejaron trascender fuentes de la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, el tribunal que, sin embargo, aun debe oficializar su decisión sobre el asunto.Las fuentes judiciales consultadas por Clarín aseguraban anoche que dos de los tres camaristas que deben resolver la cuestión ya tienen redactados sus votos: tanto Luis María Cabral como Gustavo Hornos ya habrían argumentado por qué consideran que Bonadio no debe ser apartado de la instrucción del caso Hotesur, un expediente llamado así porque ése es el nombre de la sociedad anónima con la que los Kirchner manejan su hotel más grande, el “Alto Calafate”. La tercera integrante del tribunal de alzada que trata el tema es Ana Figueroa, quien votaría en sentido contrario a sus dos compañeros de sala.En las últimas dos semanas, varios operadores K intentaron presionar a los camaristas involucrados en esta historia para que voten por el apartamiento de Bonadio, afirmaron fuentes de la Justicia.La familia presidencial fue la que presentó el pedido de recusación del juez, al que acusan de haber perdido la “parcialidad” en la pesquisa que podría develar los manejos financieros de los hoteles K. El magistrado inició la instrucción de la causa Hotesur con celeridad, y tomando una serie de medidas que molestaron y preocuparon a los Kirchner, según admitieron ante este diario fuentes del Gabinete Nacional.El fiscal del caso es Carlos Stornelli. El expediente se inició por una denuncia presentada por la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN), después que el programa PPT, de Jorge Lanata, difundiera que el “Alto Calafate” funcionaba de modo irregular respecto a lo que dictan las normas que regulan las sociedades comerciales. La investigación sobre Hotesur finalmente se amplió y, por decisión de Stornelli y Bonadio, ahora no solo analiza las finanzas del “Alto Calafate”: la Justicia también impulsó medidas para conocer la contabilidad de los otros hoteles de la familia presidencial, e incluso recolectó documentación impositiva sobre el patrimonio de los Kirchner.La recusación de Bonadio ya había sido rechazada por la Cámara Federal, pero gracias a la intervención de una fiscal de la agrupación K “Justicia Legítima”, Graciela Baigún, la familia presidencial logró que el recurso deba ser tratado por la sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, la última instancia antes de la Corte.Quién recusó al juez en representación de la Presidenta fue el abogado de Romina Mercado: es hija de Alicia Kirchner, o sea, sobrina de Cristina, y por ende prima de sus hijos, Máximo y Florencia. Mercado está involucrada en la causa, sin embargo, porque es presidenta de Hotesur S.A. Su hermana se llama Natalia Mercado y es la fiscal de El Calafate, la ciudad en la que están ubicados tres de los cuatros hoteles de los Kirchner investigados por la Justicia federal.
fuente clarin