“En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande.” El diagnóstico que hizo un calificado investigador judicial a LA NACION es alarmante, pero no parece ser exagerado. En el asentamiento de la zona del Bajo Flores, una sector caliente del narcotráfico, entre 2013 y 2014 hubo cerca de 40 homicidios y muchos de los crímenes llevan el sello de los sicarios y el mundo de las drogas. Se trata de una disputa por el dinero, el poder y el territorio.
En 2015 la guerra interna parece no detenerse. Los ajustes de cuentas se repiten y la cifra de muertes ya superó la docena. Las bandas no se frenan a pesar de las bajas (detenciones y asesinatos). Tienen un importante mecanismo para rearmarse y continuar con el tráfico y la venta de estupefacientes.
El domingo pasado, la 1-11-14 volvió a quedar bajo el fuego de las balas de los sicarios: hubo un cuádruple homicidio y todas las sospechas volvieron a apuntar al negocio del narcotráfico: tres de las víctimas eran hermanos de un joven que está preso en Marcos Paz a la espera del juicio oral y público acusado de integrar una banda que comercializaba estupefacientes desde la villa.
El detenido, Gustavo Lezcano González, que acaba de cumplir 21 años, declaró el jueves pasado ante los fiscales Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, que investigan los homicidios de sus hermanos Leticia, Hugo y Agustín, de 19, 30 y 24 años, respectivamente, y de Fabio Basualdo Gómez Ruiz Díaz, de 21, todos de nacionalidad paraguaya. Además de declararse inocente, explicó que el cuádruple homicidio nada tiene que ver con él y con la causa por la que está preso.
La única que vivía en la 1-11-14 era Leticia, que tenía una beba de siete meses y trabajaba. Las demás víctimas se habían mudado a General Rodríguez. El domingo pasado fueron sorprendidos por sus asesinos cuando se bajaron del automóvil Mercedes-Benz A190, que dejaron estacionado a 150 metros de la avenida Perito Moreno. Se secuestraron 24 vainas servidas de calibre 9 milímetros y de .40.
“Lezcano González explicó que, para él, la masacre del domingo pasado se originó por los problemas de convivencia que tenía su familia en la villa”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente judicial.
Su familia no piensa lo mismo. En la causa ya declaró su madre, Donaciana González. La mujer les dijo a los fiscales que a Leticia, Hugo y Agustín los mataron para enviarle un mensaje a su otro hijo que está preso. Una advertencia.
PRÓFUGOS
Quizá no está equivocada. La banda que presuntamente integraba Lezcano González no fue del todo desbaratada. El juez federal Sergio Torres y su secretara Verónica Bresciani elevaron la causa a juicio con cinco sospechosos acusados, pero hay por lo menos otros cinco prófugos. La banda operaba en el sector de la villa conocido como Tres Bocas, integrado por las manzanas 26, 9A y 9B, según lo que sostuvo el juez federal Torres cuando procesó con prisión preventiva a los sospechosos.
“La organización investigada se encuentra dividida en distintos grupos que operan en base a un sistema de «turnos», coordinando entre sí las actividades de comercialización de estupefacientes y acopiando diversas armas de fuego”, afirmó el magistrado en su resolución.
Ésta es la diferencia central entre las bandas narco lideradas por ciudadanos paraguayos y las organizaciones lideradas por delincuentes de nacionalidad peruana que operan en la 1-11-14, según explicaron fuentes judiciales.
“Los narcos de nacionalidad peruana muestran una mayor organización. En cambio, los de nacionalidad paraguaya no son tan ordenados”, afirmó un detective judicial.
Según el fallo del juez federal Torres, en la banda, que presuntamente integraba el hermanos de las víctimas del domingo pasado, había distintos roles: personas encargadas de vender la droga, almacenarla y también “alertas” o “satélites”, distribuidos en distintos puntos de acceso al sector de Tres Bocas, que “debían advertir la presencia de personal policial, dentro de los cuales estaba Lezcano González”.
Los investigadores judiciales esperaban tomarles declaración testimonial a las dos personas que el domingo pasado, pocos minutos antes de la medianoche, llamaron al número de emergencias 911 para denunciar el cuádruple crimen.
“Igual sabemos que es muy difícil para los vecinos declarar cuando vieron algo porque después tienen que volver a sus casas y en la villa se sabe todo”, sostuvo una importante fuente judicial.
Los dos fiscales que tienen bajo su jurisdicción parte de la 1-11-14 y las villas 21, 24 y Zavaleta, en el límite entre los barrios de Barracas y de Nueva Pompeya, no sólo investigan el cuádruple homicidio de la semana pasada. También avanzan en otro múltiple homicidio ocurrido casi en el mismo lugar.
Se trata de un quíntuple asesinato ocurrido a mediados de 2013 en un bar pool de la 1-11-14. Una de las víctimas, Rodolfo Martínez Jara, de nacionalidad paraguaya, había sido detenido un año antes por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Se sospecha que se trató de un crimen por encargo.
El mes pasado, la Fundación La Alameda, que preside el legislador y precandidato a jefe porteño Gustavo Vera, denunció que la 1-11-14 era una zona liberada, habló de la existencia de diez cocinas de cocaína y de un ejército de 300 “soldados”, como brazo armado de los narcos.
Una calificada fuente judicial de Comodoro Py que participó de numerosas investigaciones de narcotráfico negó la existencia de cocinas de cocaína. “La droga viene desde Bolivia. A la 1-11-14 llega en forma de ladrillos para su venta. No hay indicios de cocinas, nunca secuestraron precursores químicos que son usados en los laboratorios”, dijo.
La guerra en la 1-11-14 no se detiene. Y temen que haya más víctimas.
fuente lanacion