Los montos que cobran los beneficiarios de los muchos planes sociales vigentes dependen de su lapicera, que es lo mismo que decir de su humor o de sus necesidades electorales.
A diferencia de las jubilaciones y pensiones, cuyo ajuste depende de una fórmula preestablecida que se aplica por ley dos veces al año (marzo y setiembre), hay cantidad de planes sociales y obligaciones impositivas que están atadas a la discrecionalidad presidencial.
La Asignación Universal por Hijo, los planes para culminar el colegio secundario, para madres embarazadas, las asignaciones escolares y familiares y otra decena de ayudas que llegan a los sectores más necesitados de la población no tienen un ajuste automático por formulas conocidas. Los montos y los porcentajes de ajuste dependen de lo que decida el Ejecutivo.
El punto es importante, dado que por culpa de la alta inflación, el poder de compra de esas ayudas se deteriora mes a mes.
Lo mismo ocurre con el ya muy discutido piso del Impuesto a las Ganancias, las categorías para los trabajadores autónomos o las escalas del monotributo. Al no haber un ajuste por inflación, todo depende del humor de la Presidenta. Y en un año electoral, el Poder Ejecutivo maneja los anuncios a su conveniencia. Nada nuevo. Pero siempre inaceptable.