La jueza argentina Silvia Fernández de Gurmendi será la nueva presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad holandesa de La Haya. Los jueces del alto tribunal penal la eligieron ayer para un mandato que acabará a finales de 2018 y en el que será acompañada por dos vicepresidentas, la keniata Joyce Aluoch y la japonesa Kuniko Ozaki. Por primera vez, tres mujeres liderarán el organismo, que cuenta con otros 18 jueces.
En un comunicado de prensa emitido por la CPI, Fernández de Gurmendi, que llegó a la Corte como jueza en enero de 2010, dijo que recibe su elección “como un gran honor”. Y remarcó: “Daré lo mejor para estar a la altura de la confianza que mis colegas depositaron en mí”. La nueva presidenta añadió que trabajará con los jueces, “los Estados parte, la sociedad civil y la comunidad internacional en su conjunto para cumplir con el mandato de la CPI en favor de la justicia, la paz y la primacía del derecho”.
Su labor consistirá en definir las orientaciones estratégicas de la CPI, asegurar la coordinación y consultar con la Fiscal Fatou Bensouda (el cargo estuvo durante años en manos del también argentino Luis Moreno Ocampo). Además, debe supervisar las actividades de la Corte e intervenir en cuestiones de orden administrativo y del funcionamiento de la CPI.
Fernández de Gurmendi, de 61 años, es abogada, diplomática y jueza. También es profesora visitante en la Academia de Leyes, Derechos Humanos y Legislación Humanitaria del “American University Washington College”. Estudió derecho en la Universidad de Córdoba y Limoges (Francia) y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Fue diplomática desde 1989 y en 2006 se convirtió en directora general de Derechos Humanos de la Cancillería argentina. Es especialista en Derecho Penal, Derecho Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos.
Fernández de Gurmendi representó a la Argentina en procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ante organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos y emitió dictámenes sobre justicia transicional y prevención del genocidio y otros crímenes internacionales.
La CPI tiene ahora procesos abiertos sobre posibles crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad y genocidio en Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán (Darfur), Kenia, Libia, Costa de Marfil y Mali y en fase preliminar casos relativos a Afganistán, Colombia, Nigeria, Guinea, Honduras, Irak, Ucrania y Palestina.
fuente clarin