El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, anunció hoy que mantendrá la apelación del fiscal Gerardo Pollicita para que se reabra la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y otros acusados de encubrir a los iraníes imputados como autores del atentado a la AMIA.
En tanto, Moldes recibió hoy otra recusación para intervenir en la causa, ahora de parte del presunto espía Allan Bogado, uno de los denunciados por Nisman. La Sala I de la Cámara Federal notificó hoy al fiscal general de la radicación de la causa en el tribunal y Moldes presentó un escrito en el que anunció que va a ratificar la apelación del fiscal Pollicita.
Policita apeló el fallo del juez Daniel Rafecas en el que desestimó la denuncia de Nisman por considerar que no hay delito que investigar en el hecho. Moldes podrá sostener la apelación de Pollicita por escrito o en una audiencia oral que la Cámara fijó para el próximo jueves 19 de marzo. Previo a eso, la Cámara deberá resolver las recusaciones contra Moldes.
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El fiscal general fue recusado hoy por la defensa de Bogado “en los mismos términos” que lo hizo el viernes pasado el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Andrés Larroque, otro de los denunciados.
Larroque recusó a Moldes por sus declaraciones públicas en las que vinculó la muerte de Nisman con su denuncia, por su actuación en la primera causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA y por denunciar a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, que presentó un escrito en la Justicia para refutar la denuncia de Nisman.
Al respecto, el fiscal federal Ramiro González promovió hoy una investigación para determinar si el Gobierno nacional, a través de la procuradora Abbona, cometió delito al presentar ante el juez Rafecas documentación que derivó en que desestimara la denuncia contra la presidenta Fernández por “encubrimiento” en la causa AMIA.
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El fiscal González le solicitó al juez Sebastián Casanello una serie de medidas de prueba para determinar si las autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado, pudieron haber cometido algún delito. El fiscal general Moldes denunció a los tres funcionarios por el delito de “peculado”.
“Los firmantes habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones específicas del organismo público que dirigen. Es que han utilizado las recursos materiales y humanos con que cuenta la Procuración del Tesoro en beneficio de terceros, personas físicas, no contemplados en las normas que rigen su funcionamiento”, consideró Moldes.
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