Ambas, por las supuestas trabas que un fiscal federal afirma que le interpuso mientras investigaba secuestros extorsivos en el conurbano.
El fiscal federal Paul Starc la denunció la semana pasada tras considerar que, como flamante jefa de la Dirección de Observaciones Judiciales, Kelly Neira “se negó” a cumplir con su labor. Es decir, se resistió a pinchar dos teléfonos -“o al menos demoró su cumplimiento”- durante la investigación de uno de los secuestros e impidió el acceso a dos policías designados para unas “escuchas directas” durante el segundo secuestro.
Starc también pidió ayuda a su jefa máxima, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó , para que “inste” a las nuevas autoridades de la ex SIDE, tanto Kelly Neira como su superior, Oscar Parrilli, “a abstenerse de realizar conductas tales como la denunciada”, lo que consideró que causó “un injustificado retardo” para avanzar con sus investigaciones.
Con un paso previo en el Ministerio de Justicia, Kelly Neira llegó a la dirección conocida en la jerga tribunalicia y de los servicios como “Ojota” tras la asunción de Parrilli como nuevo titular de la ex SIDE, al igual que otros militantes de La Cámpora. De buena sintonía con el referente de esa agrupación y actual secretario general de la Presidencia, Wado de Pedro, Kelly Neira concentró el fastidio del fiscal Starc por su actuación durante los últimos días de febrero.
Según Starc, la nueva titular de la “Ojota” planteó “exigencias” para pinchar los teléfonos “que no le competen a ella evaluar”, sino a él como fiscal, “cuyo contralor se encuentra en cabeza del juez y no del organismo de inteligencia”, lo que calificó como una “llamativa actitud de desafío y alzamiento” contra las autoridades judiciales competentes.
Según la legislación vigente, las escuchas sólo puede ordenarlas un juez competente, salvo durante secuestros. En esos casos, un fiscal puede disponer las pinchaduras urgentes por su cuenta “mediante auto fundado, con inmediata comunicación al juez, quien deberá convalidarla en el término improrrogable de 24 horas, bajo pena de nulidad del acto”.
Por ese motivo, argumentó Starc, “la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia actúa como auxiliar de la Justicia y, por lo tanto, debe de limitarse a cumplir con las órdenes emanadas de los miembros del Poder Judicial o, como en este caso, del Ministerio Público”.
Sin embargo, según el relato del fiscal, con sus objeciones a las escuchas la ex SIDE frustró la “rápida identificación” de los posibles secuestradores. Y por eso radicó la primera de las denuncias por presunta resistencia a la autoridad y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que recayó en manos del juez federal subrogante de San Martín Daniel Omar Gutiérrez.
La segunda denuncia de Starc, quien registra un paso previo como número dos del ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli durante los primeros años de la gobernación de Daniel Scioli, se concretó el viernes pasado. Ese segundo chispazo de Starc contra la reemplazante del histórico director de la “Ojota”, Santiago Vila, ocurrió por etapas, según el fiscal. Les negó en dos ocasiones el acceso a las instalaciones de la ex SIDE a los dos policías a los que había autorizado para “tareas de escucha directa”.
“Lo que no debe perderse de vista es que dos veces una orden impartida de modo legítimo por un representante del Ministerio Público Fiscal fue entorpecida al impedirse al personal policial de la dependencia expresamente autorizada el cumplimiento de la medida, retardándose así su efectivo cumplimiento”, planteó el fiscal. Y ello, agregó, “sin dejar de lado el riesgo que implica para la investigación ante la pérdida de información que puede resultar valiosa”.
fuente lanacion