… y la jueza Fabiana Plamaghini en la causa en la que se investigan las causas dudosas de la muerte de su es ex esposo, Alberto Nisman, se materializó el jueves en un duro escrito que, como querellante, presentó ante la fiscalía y al que tuvo acceso Clarín. En ese documento, Arroyo Salgado pide a las funcionarias judiciales que actúen con independencia y se limite la publicidad de elementos del expediente que malogran la investigación e inhiben de declarar a posibles testigos.
Específicamente, Arroyo Salgado menciona que una “de las tantas consecuencias negativas” de la inusitada mediatización de medidas de prueba y avances de la investigación, es que “inhibe y condiciona a los testigos con posibilidades de realizar voluntariamente aportes para el esclarecimiento del hecho; respecto de los que, se entiende, alberguen temor en hacerlo frente a la consabida difusión que de inmediato se dará a sus dichos”.
Ayer, Clarín publicó una entrevista a una persona clave en esta causa, Natalia Fernández, quien fue llamada como testigo la noche en que hallaron el cuerpo sin vida de Nisman sobre un enorme charco de sangre en el baño de su departamento en las torres Le Parc de Puerto Madero. Natalia, asustada por llamadas y visitas raras que recibió desde esa noche, decidió hablar con los medios para buscar seguridad. En la fiscalía nunca volvieron a llamarla ni le ofrecieron custodia. En su relato a la prensa, Natalia confirma lo que Arroyo Salgado venía avisando: en la investigación existen graves errores de procedimiento.
Ahora, tras el testimonio de Natalia Fernández, Arroyo Salgado en su calidad de querellante junto a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, podría solicitar la nulidad del proceso y correr a la fiscal Fein de la conducción de la investigación. Sin embargo y según pudo saber Clarín, la familia todavía no definió como actuará.
Representada por el defensor público Germán Carlevaro, Arroyo Salgado “exigió” a Palmaghini y Fein que trabajen de forma independiente y ajustadas a la Constitución “sin condicionamientos ni temor alguno al juzgamiento indebido, apresurado y equívoco de los funcionarios de otros poderes del Estado, aún cuando los mismos provengan de las Máximas Autoridades de los Poderes Ejecutivos y Legislativos Nacional”. Habló, además, de “investigador y juzgador que actúe bajo una visión sesgada e ignorante del equilibrio” entre la mediatización y la Constitución.
En el documento que le entregó el jueves a Fein, la jueza fue muy dura, y en un fragmento planteó que la difusión que “el Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público Fiscal” hacen del estado de la causa no es para cumplir con el principio de publicidad de los actos de Gobierno para “satisfacer con ello el interés público”, sino que “se usó del posicionamiento institucional que ocupan en cuanto servidores del sistema de administración de justicia en interés propio”.
fuente clarin