Entre ellas, “no haber acusado al juez federal Faggionatto Márquez”, “investigar” a organismos de DDHH y compartir karaoke con el abogado de los “narcos” imputados en la causa “Viñas Blancas” y también tuvo a su cargo la investigación del caso Febres, el prefecto que terminaría “suicidandose” el día previo a la sentencia. Lo dan cercano a Pocino en la actual Secretaría de Inteligencia.
Gentili, el fiscal que Nisman había dejado en la feria judicial a cargo de la causa por el atentado a la AMIA, ahora ante la muerte de Nisman, por directivas de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó fue confirmado al frente de la misma. Gentili es el actual Fiscal General ante los Tribunales Federales orales de San Martín y tiene entre sus perlitas negras, “no haber acusado al juez federal Faggionatto Márquez”; “ser el tristemente célebre como ex jefe de la UFIDRO que compartía karaoke en una ‘Fiesta de Primavera’ en el domicilio del principal abogado de los narcotraficantes detenidos en la causa ‘Viñas Blancas'”; “haber investigado en forma ilegal a organismos de DDHH”, también tuvo a su cargo la investigación del “Caso Febres” (el marino que terminaría “suicidándose” el día previo a la sentencia. Se lo sindica como amigo de la exesposa de Nisman, la jueza Arroyo Salgado y ser hombre del director de Reunión Interior, Fernando Pocino.
Caso “Faggionatto Márquez”
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de San Martín, en la causa “Rodríguez, Honorio y Otros s/ Encubrimiento”, compuesto por los jueces Daniel Cisneros, Daniel Petrone y Elbio Osores Soler, quienes absolvieron al ex juez federal Faggionatto Márquez y a miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conforme el pedido del fiscal general, Adrián Alberto María Gentili.
Los imputados en la causa fueron Eduardo Fabio Ocampo, por entonces teniente la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y a Rafael Portillo, oficial de la misma imputados de abuso de autoridad, por el presunto allanamiento ilegítimo de un galpón en la localidad de San Miguel, cerca de las 12 del mediodía. Asimismo, se acusó a Alberto Molina, ex comisario de la bonaerense, haber “ilegalmente y usurpando una autoridad de la que carecía, ingresado junto a aquellos al inmueble antes aludido, contra la voluntad de quienes allí se encontraban y tenían derecho a excluirlos”.
Por su parte, el magistrado fue llevado a juicio porque, según el fiscal, “con posterioridad a las 13:00 horas de ese mismo día, encontrándose a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana”, y en el marco de una causa por drogas, habría “abusado de sus potestades jurisdiccionales, citado hechos falsos y contrariado los artículos 18 de la Constitución Nacional y 224 del Código Procesal Penal de la Nación, al dictar el auto interlocutorio mediante el cual ordenara el allanamiento del inmueble antes mencionado”.
En el mismo auto, habría insertado “falsamente que lo decidido encontraba sustento en informaciones recabadas a través de testimonios recibidos con reserva de identidad y pese a conocer fehacientemente que, antes del dictado del auto cuestionado”, los otros acusados habrían ingresado a dicha morada, “de ese modo omitiendo formular la denuncia correspondiente a aquel allanamiento ilegal y contribuyendo a que los nombrados se sustrajesen del accionar de la justicia”.
El otro acusado, Honorio Rodríguez, exjefe de la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas de Zárate Campana, fue imputado de “haber colaborado de un modo esencial con Federico Efraín Faggionatto Márquez a efectos que éste dictara el auto interlocutorio anteriormente señalado mediante el cual se ordenara un allanamiento fundado en hechos falsos”.
La causa tuvo su inicio cuando, en el marco de una investigación realizada por el Juzgado Federal de Tres de Febrero personal de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina advirtió, mientras realizaba tareas de observación, que un auto ingresaba a un galpón y del mismo bajaban individuos con el chaleco de policía
Según el relato del fallo, los miembros de la Policía Federal habrían anoticiado al juez de esa causa lo sucedido, y el mismo les ordenó que ingresen al galpón. Al hacerlo, los tres oficiales que encontraron manifestaron que ellos no eran las personas investigadas, sino que estaban haciendo diligencias ordenadas por el Juzgado de Campana, ello “sin contar con documentación que acreditara sus dichos”. En ese momento se presentaron dos personas, que sí eran las investigadas, que luego fueron detenidas por orden del Juez de Tres de Febrero. Para culminar la escena con posterioridad, con la llegado una comitiva de la Policía provincial afirmando que la orden de allanamiento del Juzgado de Campana estaba en camino.
Para el Fiscal General no hubo prueba para sustentar la acusación, y destacó las falencias que contenía el acta de procedimiento de la causa, como “la insuficiencia de las referencias horarias que allí se vuelcan”, la “falta de identificación de todas las personas que intervinieron, como así también la falta de firmas de personas que, no obstante sus nombres fueran consignados, no rubricaron el documento y la ausencia de referencia a otros hechos de importancia tales como las características del inmueble requisado”.
El representante del Ministerio Público sostuvo que la conducta de los agentes de la fuerza de seguridad provincial incurrieron en un error de tipo, porque no sabían de la ilegalidad del allanamiento, puesto que no se verificó que hayan estado al tanto de la prohibición.
En cuanto a la conducta de Faggionato Márquez, que a juicio del fiscal que investigó la causa fue concebida como “el colofón o cierre de un encadenamiento de ilicitudes previas a las que pretendía dotar de una apariencia de legalidad”, fue desestimada por su superior. Por el contrario, Gentili indicó que las pruebas vertidas en el expediente “tornan casi imposible, aún desde el plano material, la realización de las conductas imputadas”.
Los magistrados de la causa, invocando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el “fallo Mostacchio”, y ante el pedido absolutorio del fiscal, al que adhirieron los defensores de los acusados, concluyeron que “ante la falta de acusación y pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal y en ausencia de un acusador extraño a éste, el Tribunal se encuentra obligado a pronunciarse por la absolución, más allá del control de razonabilidad propio de todos los actos públicos, derivado de la forma republicana de gobierno”, según contó en su momento el blog “Causas Armadas”.
Persecución a militantes de DDHH y fiesta primaveral con abogado de narcos
En junio de 2007 llegó a manos, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por parte de los trabajadores de la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro) cuya identidad preservaron para prevenir en lo posible de las persecusiones del jefe de la misma, Alberto Adrián María Gentili -conocido como el Zar Antidrogas- o y sus colaboradores, copia del expediente que se había abierto contra un grupo de dirigentes sociales y politícos entre los que destacaban Adolfo Perez Esquivel, Hebe Bonafini, Patricio Echegaray entre otros. Se los acusaba de ser parte de una estructura de financiamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia (F.A.RC.) en base a un informe entregado por Gustavo Demarchi (hoy detenido por su participación en los crimenes de
la Triple A desde su lugar dirigente de Concentración Nacional Universitaria (C.N.U.) que el fiscal Alberto Adler dio por valido y abrió el Legajo de Actuación Administrativa 104/2007 titulado “Fiscalía General de Mar del Plata, actividades de narcoterrorismo FARC” para luego elevarlo a Alberto Gentili quien abrió a su vez un expediente en el que consta que seis días después de abierto el expediente de Mar del Plata, el 26 de marzo de 2007, se libró un “alerta de seguridad” a los aeropuertos de todo el país. En el expediente de Mar del Plata se consignaban diez años de seguimiento sobre un representante de las Fuerzas Armadas de Colombia, que había ingresado legalmente al país y que desarrollaba actividades tan “subversivas” como dar “conferencias públicas” en universidades, sindicatos o entrevistas periodísticas a medios radiales y gráficos comerciales. “Resaltaba por lo ridículo el informe presencial de un agente infiltrado en una actividad en la Universidad de las Madres que detallaba dichos y detalles de los asistentes como en un informe de los que se presentan como prueba en los Juicios contra los represores del periodo del Terrorismo de Estado”, explicaban desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
la Triple A desde su lugar dirigente de Concentración Nacional Universitaria (C.N.U.) que el fiscal Alberto Adler dio por valido y abrió el Legajo de Actuación Administrativa 104/2007 titulado “Fiscalía General de Mar del Plata, actividades de narcoterrorismo FARC” para luego elevarlo a Alberto Gentili quien abrió a su vez un expediente en el que consta que seis días después de abierto el expediente de Mar del Plata, el 26 de marzo de 2007, se libró un “alerta de seguridad” a los aeropuertos de todo el país. En el expediente de Mar del Plata se consignaban diez años de seguimiento sobre un representante de las Fuerzas Armadas de Colombia, que había ingresado legalmente al país y que desarrollaba actividades tan “subversivas” como dar “conferencias públicas” en universidades, sindicatos o entrevistas periodísticas a medios radiales y gráficos comerciales. “Resaltaba por lo ridículo el informe presencial de un agente infiltrado en una actividad en la Universidad de las Madres que detallaba dichos y detalles de los asistentes como en un informe de los que se presentan como prueba en los Juicios contra los represores del periodo del Terrorismo de Estado”, explicaban desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
En su momento se hizo una denuncia pública (que recogió en varias ediciones Página/12 y otros diarios y se envió una carta al entonces Presidente de la Nación, puesto que más allá de los delitos cometidos (violación del deber de funcionario de denuncia de los delitos cometidos: el expediente recogía información que las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional establecen como prohibida para los uniformados, y vulneraron el sistema de derechos y garantías establecidos en la Constitución para los compañeros acusados), se estaba ante un hecho político que contradecía la anunciada política de integración regional y promoción de la paz para Colombia.
En enero de 2008, junto a Patricio Echegaray, Eduardo Soarez y Herman Schiller, involucrados en las denuncias de la UFIDRO, la “Liga” realizó una denuncia penal contra Gentili y las maniobras de espionaje político. Como suele ocurrir en estos casos tanto Gentili como Righi comenzaron negando todo para luego abrirse una investigación interna, producirse la renuncia de Gentili y finalmente la disolución de la UFIDRO. La denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre había sido probada y en el camino se incorporaron otras denuncias vinculadas a la convivencia del Fiscal con los abogados de los narcotraficantes de la causa “Viñas Blancas” que supuestamente su Unidad debía investigar (concretamente haciendo karaoke una “fiesta” por el “día de la primavera” en la residencia del abogado Virgolini, a cargo de numerosas defensas de personas acusadas de narcotráfico).
En Lomas de Zamora; pero en San Isidro
Luego del escandalo de la UFIDRO, lejos de estar sellado el destino de Gentili; fue ratificado en su cargo de Fiscal General de Lomas de Zamora, pero con destino en San Isidro “para estar más cerca de su casa” (no es un chiste, consta en el pedido que formuló a Righi y este aceptó, como tantos otros pedidos). Desde Lomas de Zamora, Gentili tenía un área de influencia que se extendía hasta el aeropuerto de Ezeiza; uno de los caminos de la droga en Argentina.
Caso Febres
El represor y torturador de la ESMA, Héctor Febres, que vaya paradoja si tenemos en cuenta la muerte de Nisman, se suicidó un día antes de ir a prestar declaración y cuya muerte por envenenamiento fue investigada por la Justicia, tenía en su lugar de detención -Delegación Delta de la Prefectura Naval de Tigre- un chofer personal que, entre otras funciones, iba a buscar a sus familiares para las visitas.
La dupla a cargo del caso de la muerte del exrepresor de la ESMA, que le tomo declaración al “chofer”, eran la titular del Juzgado Federal 1 de San Isidro, la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman y el fiscal federal, Alberto Gentili; ambos cercanos al director de la SI, Fernando Pocino, enemigo de “Jaimito” Stiusso.
fuente cadenaba