La denuncia, basada en una investigación de Perfil, fue presentada ante el juez federal Sebastián Casanello.
Ante el Juez, Baéz declaró en un escrito tener un contrato con el proveedor Calvento. Dijo que la subcontrató para locación de equipos y transporte. Pero entre las pruebas, hay elementos contables sobre la supuesta maniobra de Austral Construcciones y una empresa proveedora de facturas falsas. Esos documentos incluyen facturas, cheques, certificados, balances y declaraciones juradas que revelan cómo operó la nave insignia de Báez junto al Grupo Penta y Calvento, dos empresas de Bahía Blanca.
Sobre esto, Stolbizer denunció que “a pesar de la envergadura de los trabajos cuyas facturas exhibían los clientes de Calvento (entre las que se encontraban Austral Construcciones SA y Constructora Patagónica SA), el proveedor no tenía empleados registrados, carecía de maquinarias y no tenía gastos que pudieran justificar los trabajos que facturaba”.
Además de a Lázaro, la Diputada pidió imputar a los titulares o responsables de las empresas proveedoras Calvento, Grupo Penta, Iberoamericana de Servicios; y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray por supuesto encubrimiento, debido a la demora en el avance contra Grupo Penta.
Margarita Stolbizer justificó este pedido al decir que la facturación falsa le permitió a Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagado durante los últimos años” y que la AFIP “solamente investigó a las empresas emisoras de facturas falsas, evitando cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones”. Así, el empresario habría justificado “costos inexistentes que servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego se volcaría o destinaría a operaciones de lavado de dinero”.
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