“Resulta inaceptable que un minúsculo grupo de legisladores, apoyado por la corporación mediática que les da trascendencia, utilizando datos cuya metodología se desconoce, que jamás fue publicada ni avalada por ningún medio estadístico, que carece de representatividad muestral, ya que mezcla diferentes tipos de relevamientos realizados en diferentes lugares, se atribuya para sí la representación del Congreso y logre instalar un tema tan delicado como éste ante la opinión pública diciendo que se trata de un índice del Congreso”.
En verdad, que el presidente de la Cámara acceda o no a esa solicitud es muy poco importante. Si tales datos no se difunden desde alguna sala del Congreso, se pueden difundir desde cualquier otro lugar. ¿O Heller y los demás diputados que formulan ese requerimiento quieren también que se prohíba en forma general la información sobre ese índice?
Recordemos de qué se trata la cuestión. En rigor, no existe ningún “índice Congreso”, porque ni el Congreso en su conjunto ni ciertos bloques opositores elaboran encuestas sobre evolución de los precios.
Ocurrió que hace algunos años, cuando el gobierno nacional empezó a falsificar abiertamente los índices de precios del INDEC, comenzaron a cobrar interés las estimaciones de organismos provinciales y de consultoras privadas, que -con escasas diferencias entre ellos- reflejaban la realidad que la sociedad percibía. Ante este desafío al “relato”, el entonces Secretario de Comercio, el inefable licenciado Guillermo Moreno, sancionó a algunas consultoras por una supuesta infracción a la ley de lealtad comercial, a través de una interpretación absurda de un artículo de esa norma.
En ese contexto, diputados de la oposición les propusieron a las consultoras afectadas que les informaran en reserva los datos que habían elaborado para que mensualmente se brindara un promedio de ellos. Por supuesto, como el objetivo era proteger a los profesionales que realizaban esos estudios, no se podían mencionar sus nombres ni tampoco las metodologías usadas.
Como es sabido, finalmente las diversas salas del fuero contencioso administrativo federal revocaron -muy tarde, es cierto- las sanciones de Moreno, quien además, por ese tema, tiene una causa penal abierta.
Sin embargo, el temor generado y la posibilidad de represalias de todo tipo hizo que varias consultoras prefirieran mantener esa reserva.
Podía pensarse hace unos meses, cuando se anunció con bombos y platillos por parte del ministro de Economía la adopción de un nuevo índice, que ya no sería necesario el “índice Congreso”, porque ahora el gobierno nacional habría dejado de mentir. Pero esa ilusión duró poco tiempo. Las estimaciones del INDEC no son actualmente tan groseras como antes, pero han vuelto a ser manipuladas. Hace uno o dos años los índices oficiales de inflación daban cifras de aproximadamente un tercio de los privados; ahora están por la mitad.
Pero el pedido de los diputados oficialistas es increíble en una democracia. Quieren ejercer un manifiesto acto de censura sobre sus pares de otras bancadas.
En el fondo, pretenden seguir mintiéndonos en las narices a los argentinos y creen, con una torpeza infinita, que no nos vamos a dar cuenta. Nos toman, según lo advirtió María Elena Walsh durante la última dictadura militar, como un país jardín de infantes.
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