Según supo La Nacion de fuentes judiciales, el juez de feria Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida precautelar reclamada por el diputado provincial massista Mauricio D’Alessandro.
La medida implica un freno para los polémicos nombramientos dispuestos por la procuradora en las nuevas fiscalías de Cámara creadas por el flamante Código Procesal Penal en todo el país.
La decisión también deja en suspenso el desembarco de dos nuevos fiscales de primera instancia en Comodoro Py.
UNA BATERÍA DE DESIGNACIONES
El 30 de diciembre pasado, en el último día hábil del año, Gils Carbó firmó una serie de designaciones en lo que constituyó el mayor avance del kirchnerismo en diez años para la colonización de la Justicia: designó a 16 fiscales federales de su propia tropa en todo el país y además colocó a dos fiscales de primera instancia en Comodoro Py 2002, donde se investigan casos de corrupción que afectan al Gobierno. Estaba previsto que asumieran el 2 de febrero próximo.
Los nuevos cargos estaban contemplados en el Código Procesal Penal, que aún no está en uso y no cuenta con las leyes de implementación. Pero Gils Carbó cubrió los cargos valiéndose del acuerdo que le había dado el Senado para otras jurisdicciones y desplazándolos horizontalmente como subrogantes en estos nuevos lugares.
El diputado massista D’Alessandro se presentó en Tribunales -al igual que otros legisladores de la oposición- para pedir que se habilite la feria judicial para que los jueces se pronuncien sobre un amparo en el que pidió que se suspendan las designaciones de los fiscales.
D’Alessandro denunció una supuesta intención de Gils Carbó de “cubrir con fiscales militantes cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país”, como una manera de “lograr la impunidad” de los funcionarios del Gobierno investigados en casos de supuesta corrupción.
fuente lanacion