El viernes 21 de noviembre entró en vigencia la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos conocido como la estatización de la universidad de las Madres. Según su articulado, el Estado absorbió la deuda y sus pasivos con dinero del Poder Ejecutivo. Por esa razón, el abogado Hernán Figueroa que representa a Sergio Schoklender presentó un escrito pidiendo el sobreseimiento de su defendido. En declaraciones a Perfil.com, el letrado explicó que “el presunto prejuicio que Hebe de Bonafini denunció en los últimos años se acabó con la concreción de esa ley”.
Además, de acuerdo al Código Civil, la creación del Instituto Universitario podría ser tomada como una renuncia expresa a continuar con la acción por parte de los querellantes –el Estado Nacional y la Fundación-. El gobierno nacional nunca se preocupó por saber, exactamente, a cuánto ascendía la deuda de la Fundación Madres de Plaza de Mayo ni en conocer realmente quiénes fueron los responsables del desfalco.
Por lo tanto, con la concreción de esa ley, el kirchnerismo garantizará la impunidad en el manejo de fondos públicos en Sueños Compartidos, tanto de funcionarios, intendentes y gobernadores, como de los integrantes del organismo de derechos humanos, desde Sergio Schoklender a Bonafini y su hija Alejandra. La hija de Hebe estuvo al frente de las cuentas de la Fundación en agosto del 2011 cuando se despidieron al 80% de los trabajadores de Sueños Compartidos y se paralizaron las obras.
Figueroa solicitó hoy el sobreseimiento de Schoklender, su ex esposa, la psiquiatra Viviana Sala y de la novia de Pablo Schoklender, Noelia Garay. El letrado realizó un repaso del proyecto de creación del Instituto Universitario desde el 17 de diciembre del 2013 en que fue recepcionado en el Senado de la Nación. Menos de un año después, la ley entró en vigencia tal como consigna el boletín oficial del 10 de noviembre de este año.
Por esa razón, Figueroa le solicitó al juez Marcelo Martínez di Giorgi se remita un oficio a las autoridades del Poder Ejecutivo –Jorge Capitanich y a los ministros Julio Alak y Alberto Sileoni- y a la Fundación. Figueroa asegura que se demuestra la “evidente incapacidad” de la Fundación para “mantener su calidad de querellante en el proceso penal en tanto que ha perdido toda capacidad de reclamo frente al denunciado perjuicio”. Además agrega que “es el Estado mismo quien ha renunciado expresamente al ejercicio de la acción criminal”. Cualquier similitud con la ExCiccone corre por cuenta del lector. Según el escrito, el Estado y la Fundación, gracias a la estatización de la universidad de las Madres, ha renunciado a la supuesta estafa y “ha extinguido, consecuentemente, la legitimidad para continuar con la querella criminal”.
Por si fuera poco, Schoklender arremete nuevamente contra Amado Boudou pues aseguró que fue él quien “se ocupó de formalizar la estatización de las deudas que por su conducta –y la de sus partícipes (se refiere a Roberto Aybar Domínguez) quedaron en la institución”. En otro párrafo del escrito de 19 carillas, Figueroa admite que “este proceso culmina garantizando la impunidad de quienes debieran ser los principales imputados en el proceso” aludiendo a las autoridades políticas y funcionarios públicos.
Finalmente, el abogado de Schoklender se refiere a las ocasiones “costas” en caso que el caso demuestre la inocencia de su defendido. Está claro que el kirchnerismo, a través de la excusa de la educación y los derechos humanos, buscó garantizar la impunidad. Durante un año avanzó en una ley que, desde la oposición, resultó innecesaria e inconsulta y que obtuvo su aprobación tras un increíble acuerdo con los diputados del peronismo disidente de la provincia de San Luis quienes respaldaron la iniciativa por la creación de la Universidad de Comechingones.
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