Denuncian que, en pleno litigio, sus tierras fueron “usurpadas” por el municipio de Malvinas Argentinas. Sin solución para su problema, apuntan a la gestión del intendente massista Jesús Cariglino, que se quedó con parte de los terrenos por deudas impositivas.
El proyecto privado fue iniciado en 1987 con el aporte de más de 700 socios que integraban la sociedad civil “Viviendas Trabajadores de la Sanidad y Marina Mercante”. En principio, fue un conflicto entre privados y las dos administraciones que dirigieron la sociedad entre 1997 y 2003 fueron objeto de numerosas demandas ante la Justicia de San Isidro.
En 1999 el municipio decretó la “paralización de las obras” por “falta de planos” y “la existencia de graves peligros para la salubridad y seguridad pública”. En 2003, la sociedad fue intervenida por la Inspección General de Justicia que designó un interventor para regularizar la situación.
Los socios afectados cuestionan al intendente. Miguel Angel Saner –quien pagó 134 cuotas, pero nunca obtuvo la adjudicación del departamento– dijo a PERFIL que Cariglino “construye viviendas en el mismo terreno donde dispuso que se debía detener la construcción por peligros a la salubridad”.
Gladys Agnello Ríos fue una de las pocas socias que logró ocupar su vivienda al resultar ganadora en el sorteo que asignaba entre los socios los primeros turnos para ocuparlas. “Al día de hoy no contamos con la escritura y vemos que parte de nuestro terreno está siendo ocupado por la municipalidad”, se lamenta.
Desde el gobierno comunal, el secretario municipal Jorge Lopresti explicó que la sociedad civil integrada por los vecinos “no había pagado nunca el impuesto a la renta provincial ni las tasas municipales y la interventora judicial decidió saldar esta deuda con un convenio de canje de tierras, porque los socios no podían juntar el dinero para pagar los cargos pendientes”.
Además, adujo Lopresti, “no había planos de obra ni de mensura, necesarios para que se realicen las escrituras, y la municipalidad asumió la responsabilidad de realizar esta tarea como parte del convenio con la intervención”.
Los planos de las propiedades que habían pagado los vecinos desde 1987 fueron finalizados por el municipio. Sin embargo, los propietarios aún no recibieron su escritura. “Es una responsabilidad de la Justicia”, explicó el funcionario, “que debe definir quiénes son los propietarios porque en medio de este proceso hubo departamentos que fueron ocupados por otras personas”.
Carlos Alberto Rodríguez, abogado patrocinante de un grupo de damnificados, criticó el convenio por el cual la municipalidad obtuvo las tierras. Para el letrado la interventora “privilegió la deuda de impuestos con el municipio antes de darle una solución a las personas que fueron estafadas”.
Lopresti explicó que la intervención municipal “se ajustó a derecho y respondió a los requisitos judiciales”. Además, indicó que el precio de los terrenos “fue definido por el Banco Provincia” y dijo que los documentos “están a disposición de los damnificados”. Sobre la falta de escrituras y el daño sufrido por quienes nunca recibieron las viviendas, explica que “la responsabilidad para definir las listas de propietarios y compensar a los estafados corresponde a la Justicia”.
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