Stephen Chandler está lejos de la Argentina. El consultor inglés, que vive en Londres, no volvió al país desde que estalló el escándalo que terminó con la cancelación del contrato para controlar la SUBE . Ahora tendrá que preocuparse por lo que suceda aquí: el británico quedó en la mira de la Justicia, que impulsó esta semana una batería de medidas para agilizar el expediente que investiga irregularidades en la consultoría por $65 millones que ejecutó la Secretaría de Transporte, en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi , con el financiamiento del Banco Mundial.
El juez federal Sergio Torres requirió a las autoridades de Gran Bretaña que informen sobre los antecedentes comerciales del consultor en ese país con la intención de determinar si la experiencia que había acreditado ante la Secretaría de Transporte como un experto era realmente válida. El magistrado también pidió que informen sobre los movimientos migratorios del consultor entre 2009 y 2012, el período en que transitaba la Argentina. El contrato que pagaba Transporte estipulaba medio millón de dólares para “viajes y viáticos”.
Chandler era el jefe de la supervisión de la SUBE hasta que el Gobierno decidió suspender el contrato el 12 de julio de 2012, a raíz de una investigación de LA NACION que reveló numerosas irregularidades en el contrato. El inglés cobraba un sueldo de casi 40.000 dólares mensuales por su labor, de acuerdo a los números que aparecían en el contrato que ejecutó la UTE integrada por Global Infrastructure y sus socios argentinos Iatasa, IRV y González Fischer.
Desde ese momento, Chandler no volvió a la Argentina por recomendación de su abogado. Sentado en un bar de la City de Londres, el consultor inglés intentó desligarse de culpas y acusó a Schiavi, Andrés Pizarro (funcionario del Banco Mundial) y Nora Turco (ex funcionaria de Transporte) de “orquestar” la licitación.
fuente lanacion