Pero si algo resultaba indiscutible y evidente es que sabían que el accionar de las autoridades argentinas obligaría a Griesa a proceder como lo hizo.
Griesa es juez, y se atuvo a lo que dice la ley para fallar como lo hizo oportunamente. La Cámara de Apelaciones intervino y le dio la razón. Y podemos afirmar que la Suprema Corte de los Estados Unidos ratificó lo actuado al resolver que no le correspondía intervenir.
Cuando el gobierno sustituyó unilateralmente al agente de pago de 1300 millones de dólares a un grupo de fondos -buitres, conejos o tarántulas- contrariando lo resuelto por el juez natural competente por elección de nuestros gobernantes en 2005 y 2010, pateó el tablero. El pesado tablero de plomo cayó sobre la cabeza de los argentinos.
Era sabido que sustituir al BONY por Nación Fideicomisos SA como encargado de formalizar los pagos acarrearía consecuencias. Lo obrado por Griesa no puede sorprender a nadie ya que resultó previsible y hasta lógico, sin importar si nos parece justo o injusto, sin nos alegra o nos pone tristes. El tema excede el marco de lo opinable ya que el juez cumplió lo que manda la ley. Y en los países de instituciones consolidadas, la ley se cumple inexorablemente. Es una de las bases de cualquier sistema democrático que se precie de tal.
Agraviar y rotular a quien debe juzgarnos -no porque le plazca sino porque le compete, y con nuestro propio aval- no resulta una práctica feliz. Griesa no aplicó multa alguna. Pero default más desacato, -ambos oportunamente evitables- traerán consecuencias sobre el bolsillo y bienestar de los argentinos a través de una acendrada merma de nuestra vinculación comercial con el mundo. Se perjudicará la importación y la exportación. Necesitamos de ambas. Somos un país con buena gente; lástima que quienes dicen gobernarnos desentonan.
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