La norma, según el Boletín Oficial, establece la posibilidad de que los condenados extranjeros en el país sean trasladados a sus países de origen siempre “que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento” y que el hecho penado sea considerado delito en ambos estados.
Para ello, el preso debe poseer la nacionalidad del país receptor y la sentencia debe estar en firme, sin procesos de apelación pendientes.
La condena que quede por saldar debe ser mayor de seis meses y el traslado no puede contravenir la normativa del país receptor, que a su vez también puede tener papel de impulsor de peticiones para traer a sus presos.
La “Convención Interamericana para el cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero” fue acordada en Managua (Nicaragua) en 1993, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Senado aprobó la norma en 2013 y, con la sanción en Diputados, el Congreso finalmente la convirtió en ley el pasado agosto, días después de que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, causara la polémica al pedir “herramientas para que los delincuentes extranjeros vuelvan a sus países de origen”.
Berni insistió en que su postura no era xenófoba sino que provenía de la observación de la gran cantidad de extranjeros habitualmente detenidos por la policía, muchos de ellos reincidentes.
Según datos oficiales, citados por la agencia EFE, el 20 por ciento de los delitos en la ciudad de Buenos Aires son cometidos por extranjeros y, entre enero de 2010 y mayo de este año, se tramitaron unas 3016 expulsiones.