Contratos en ANSES con “Randazzito”
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el vicepresidente Amado Boudou y la exsubsecretaria de Coordinación del Ministerio del Interior, Lourdes Giménez, fueron denunciados ante la Justicia luego de que diario PERFIL revelara la llamativa conexión entre la empresa Dinatech, de los empresarios Edgardo y Eduardo Wassi, y diversas áreas del Estado nacional.
Los vínculos políticos de Wassi excedieron la órbita del propio Randazzo. Eduardo Wassi, conocido como “Randazzito”, también creció a la par del vicepresidente Amado Boudou, con quien el ministro cortó relaciones tras el caso Ciccone. Gracias a Amado, Dinatech se convirtió en proveedora de la Anses, donde Boudou era gerente de Presupuesto y Gestión.
Ahora, el caso será materia de investigación judicial. Hoy, tanto el ministro como el actual vicepresidente de la Nación, en conjunto con Giménez y los Wassi fueron acusados de incurrir en “incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de la ética en ejercicio de la función pública, negociaciones Incompatibles con su función, Encubrimiento, Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita, Lavado de Dinero, Estafa y Otros”.
Millonaria compra de insumos e iluminación
En febrero de 2010, el entonces ministro de Economía y su Secretario de Legal y Técnica, Benigno Vélez, fueron denunciados por los delitos de “administración fraudulenta”, “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Según la acusación del abogado Ricardo Monner Sans, los funcionarios habrían adquirido 43.000 resmas de papel y 14.000 artefactos de iluminación por alrededor de dos millones y medio de pesos, en forma irregular.
Las resmas de papel se adquirieron en agosto de 2009 en una compra directa a la Papelera Quilmes, exMassuh, estatizada gracias a los fondos de la ANSES. La empresa era administrada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y fue clausurada en noviembre. La factura de 499.754 pesos “de contado y contra entrega” se emitió el 25 de agosto, pero la Secretaría Legal y Técnica aprobó la compra recién un día después.
Además, el Ministerio abonó -otra vez sin concurso de precios- 2.000.000 de pesos por unos 14.000 “artefactos de iluminación” de bajo consumo a la empresa Ecoenergía S.A. El 30 de noviembre de 2009 se pagó un adelanto del 50% de la suma, cuando la empresa sólo había reclamado un 30%.
Daños y perjuicios contra Boldt
El empresario Antonio Tabanelli, dueño de Boldt, denunció a Boudou por daños y perjuicios y reclamó una indemnización de 11 millones de pesos. El vicepresidente había acusado Boldt de armar una operación en su contra con el Caso Ciccone, junto a los diarios Clarín y La Nación. “¿Sabés lo que siento? Mi problema es no haber ayudado a Boldt”, lanzó el funcionario en una entrevista. También responsabilizó a la empresa y de intentar desarmar la Casa de Moneda.
Tabanelli justificó el monto millonario por el que demandó al vice, al decir que las acusaciones en su contra provocaron una notable caída de acciones de la compañía, entre otros daños.
Canje en Formosa: la conexión Vandenbroele
The Old Fund cobró 7,6 millones de pesos por asesorar a la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, con su canje de deuda pública en abril de 2009.
El juez federal Sebastián Casanello investiga al presidente de esa compañía, Alejandro Vandenbroele, sospechado de ser el testaferro de Boudou, por el delito de malversación de caudales públicos.
La causa podría estar atada al caso Ciccone, ya que aparecen actores similares. El magistrado no descarta entrecruzar llamados. Aquí Boudou podría estar involucrado por un supuesto tráfico de influencias. El vicepresidente, por entonces ministro de Economía, estaba a cargo de la negociación de deuda con las provincias.
Un DNI, tres domicilios (todos falsos)
El vicebiprocesado Amado Boudou volvió a sumar una nueva imputación después de que trascendiera que había aportado tres domicilios falsos en sus DNI en la documentación presentada en diferentes trámites de vehículos a su nombre.
El fiscal Germán Pollicita presentó la causa ante el juez federal Ariel Lijo, quien procesó al vice por el caso Ciccone.
Pollicita imputó a Boudou por la documentación usada en el Audi A4 en el que fue asaltada su novia, Agustina Kämpfer, en julio.
En las últimas semanas se conoció que Boudou habría usado tres DNIs con direcciones falsas: dos fueron utilizados para adquirir los autos Honda Civic y Audi A4, y el tercero cuando era funcionario del Partido de la Costa, según el cual residió en medio de un médano.
Construcción de viviendas en la Costa atlántica
Boudou está imputado por la supuesta violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales por la administración del Plan Federal de Viviendas en el Partido de la Costa, en su gestión como secretario de Hacienda de esa localidad.
En 2005, la constructora Cantera FC S.A. firmó un acuerdo para construir 480 viviendas y dos escuelas. Un año más tarde, y con dos tercios del proyecto pago, las escuelas y más de la mitad de las casas no habían sido terminadas. Los denunciantes creen que la constructora, que entró en concurso de acreedores en 2007, estaba vinculada al actual vicepresidente.
La causa -en la que también se imputó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al intendente Juan Pablo de Jesús y a su padre y antecesor en el cargo, Juan de Jesús- está en manos del juez Ariel Lijo.
Manejo de fondos en ANSES
Boudou está imputado por incurrir en supuestas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, organismo que dirigió entre 2008 y 2009. El diputado Claudio Lozano denunció al vicepresidente en 2012. El legislador asegura que el desmanejo le costó al sistema previsional unos 4.200 millones de pesos.
La causa, caratulada como “Boudou Amado y otros sobre delito de acción pública“, estaba en manos de María Romilda Servini de Cubría, pero luego recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.
Canje nacional y bonos “a precio vil”
En 2013, el diputado Claudio Lozano denunció al vicepresidente Amado Boudou por el supuesto aprovechamiento de información privilegiada en el canje de deuda pública de 2010, cuando todavía era ministro de Economía.
El legislador asegura que hubo “tráfico de influencias” que permitió, a partir de 2008, “la compra de bonos de la República Argentina a precio vil y que luego fueron asumidos como deuda por la Argentina”.
La causa, radicada con el número 6397/2013, quedó a cargo del juez Daniel Rafecas. Más tarde, pasó a la órbita del juez Norberto Oyarbide.
Viajes “de prestado” en la campaña 2011
En marzo de 2012, Perfil.com reveló que el entonces candidato a la Vicepresidencia solía utilizar helicópteros privados para su campaña.
El 17 de diciembre del 2011, Boudou utilizó el helicóptero de Ecodyma Constructora S.A, una empresa platense que suele participar de licitaciones nacionales, para asistir a un acto político en Necochea. En agosto del mismo año había volado en un helicóptero de Gendarmería destinado a asistencia social. El motivo de su traslado estaba lejos de ese rol: iba a apoyar la campaña de Martín Marinucci a la intendencia de Morón.
El juez federal Luis Rodríguez sobreseyó al funcionario por el delito de “dádivas”, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó el fallo y ordenó seguir investigándolo.
Autos de alta gama para todos
El 22 de diciembre de 2009, el Ministerio de Economía autorizó un pago por 2.301.227 pesos a la concesionaria Guido Guidi por 19 autos de alta gama: tres modelos Passat, tres Vento y 13 Bora, todos cero kilómetro. La compra se realizó sin la licitación correspondiente, por la supuesta urgencia en disponer de los vehículos.
Los autos estaban destinados, en principio, sólo a los ministerios de Economía, Planificación, Industria y Agricultura. El 29 de diciembre, el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, solicitó un auto al Ministerio de Economía “en comodato”. El organismo encargado de controlar la transparencia de los actos públicos recibió un Volkswagen Passat 2.0 Exclusive Triptronic plateado, con patente INI 547.
Un año después, el entonces ministro fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans. El juez Sergio Torres pidió cotizaciones para determinar si hubo sobreprecios y si se cumplió con la Ley de Compras. Boudou está imputado por “delito de acción pública”.
El denunciante señaló la incoherencia de que el Ministerio de Economía haya alegado motivos de urgencia para la compra directa y sin embargo “entregó DOCE DE DICHOS VEHÍCULOS al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de JULIÁN DOMÍNGUEZ para ser usados por funcionarios de dicho Ministerio”.
Torres investiga si otro automóvil, un Audi A4 que maneja Agustina Kämpfer, provino de un “regalo” de la automotriz a Boudou.
Enriquecimiento ilícito: patrimonio y testaferros
El vicepresidente está imputado junto a su novia, Agustina Kämpfer, y su mejor amigo, José María Nuñez Carmona. Aún se realizan pericias e informes sobre el patrimonio de Boudou (declaraba 1.800.000 pesos en su última declaración jurada), y el fiscal Jorge Di Lello podría pedir su indagatoria antes de fin de año.
En la denuncia se solicita al juez investigar “las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial” de Boudou y a “los supuestos testaferros” del funcionario, “entre quienes se encontrarían Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Agustina Kämpfer”, pareja del vicepresidente.
Hoy la causa aguarda una serie de pericias y resultados de informes sobre los inmuebles de Boudou.
Un auto en disputa y documentos truchos
En agosto de 2014, el juez Claudio Bonadío procesó al vicepresidente por falsedad ideológica de documento público y le trabó un embargo por 10.000 pesos, en la causa que investiga la venta de un automóvil particular.
Su exesposa, Daniela Andriuolo, lo acusa de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de causales públicos. La mujer denunció que el funcionario habría falsificado las declaraciones de un departamento de 400.000 dólares en Mar Del Plata y de un Honda CRX Del Sol color rojo modelo ’92 cuando se divorciaron en 1998.
Según sostuvo el fallo del magistrado, Boudou es “partícipe necesario” del delito de falsificación de documento público.
Bonadio dio por acreditado que el vicepresidente no pudo probar que compró el auto ya que carece del formulario 08 certificado por el vendedor. Además, en su fallo, argumenta que el vice mintió en su divorcio con la fecha en la que compró el vehículo. Cuando declaró como imputado, Boudou culpó a los gestores y deslindó responsabilidades en su ex pareja. Allí se desdijo y aclaró que había adquirido el auto en 1993.
El vehículo en cuestión fue importado por la japonesa Nabsa Corporation y comprado por Cayetano Campione el 5 de octubre de 1992. En 1993 lo entregó a la concesionaria de Mar del Plata Atlántida Automotores, como parte de pago por una camioneta Suzuki Vitara 0 km. Se desconoce en qué momento y cómo Boudou adquirió el auto, que se encuentra secuestrado en sede policial.
Para hacer la transferencia, los gestores presentaron una copia del duplicado del DNI de Boudou, con una tercera página en blanco en la que se consignó un cambio de domicilio en la calle Berón de Astrada 2708, a metros del Riachuelo. Ese domicilio es inexistente.
Ciccone, camino a convertirse en una causa histórica
En un caso histórico, el juez Ariel Lijo procesó en junio de 2014 al vicepresidente por los delitos de “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles con la función pública” en la causa que investiga el salvataje financiero de la exCiccone Calcográfica.
Además Lijo procesó a José María Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick.
También dispuso que se embarguen 200 mil pesos de cada uno de los imputados, incluído Boudou, por los gastos de la causa.
El magistrado sospecha que Boudou, entonces ministro de Economía, intercedió en 2010 para que se levante la quiebra de la imprenta, luego adquirida por The Old Fund y estatizada por el Gobierno nacional en 2012.