El Estado nacional sumó un nuevo revés en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Ayer se conoció que el país fue condenado a pagar unos u$s 43 millones en concepto de indeminización a inversores nacionales y extranjeros por la estatización de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en el año 2010.
La multa fue decidida por el tribunal de justicia del Banco Mundial, tras un extenso litigio entre los inversores que controlaban la concesión y la provincia. El Tribunal arbitral resolvió “”condenar a la República Argentina por un monto de u$s 39.990.111 a favor de Saur International””, además de las costas (unos u$s 686.500) y gastos de defensa de la demandante (casi 1,5 millón de euros). Se trata de una condena en carácter de compensación por daños generados a través de la “”violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (Appri)””, dice el fallo.
Además, agrega que la expropiación de la inversión estuvo marcada por un “”trato injusto e inequitativo” hacia las inversiones de Saur”, aunque descartó el tercer argumento de los litigantes, que consistía en la violación de la “”protección y seguridad””.
Ante la perspectiva de sentencia desfavorable, la Procuraduría del Tesoro de la Nación apeló el monto a pagar, que equivale a desembolsar casi un tercio de la demanda inicial presentada en septiembre de 2004, que totalizaba en unos u$s 144 millones. Pero el Tribunal consideró una “”expropiación directa”” de una inversión equivalente al 32,08% del capital social de la empresa, más dividendos y derechos como operador, además de la participación accionaria de Saur en la empresa, equivalente a unos u$s 20,6 millones.
En el resumen de la sentencia, los jueces consideran que conceder u$s 39,99 millones “”es una cifra a todas luces razonable, teniendo en cuenta que es algo más de la mitad de lo que invirtió 15 años atrás””. Por ello, el tribunal del Banco Mundial condenó a la Argentina a pagar en total u$s 40.676.611 y 1.486.975,13 euros entre capital, intereses y costas, ajustable al 6% anual.
Antecedentes
El 27 de septiembre de 2010, el entonces gobernador Celso Jaque rescindió el contrato a la empresa y la Legislatura aprobó la creación de Aysam Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), lo que avivó un juicio en el Ciadi que ambas partes arrastraban desde 2003. Según informó el diario mendocino Los Andes tras la notificación al Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado, en el medio quedan una serie de acciones cruzadas entre el ex poder concedente y concesionario a nivel de la Justicia argentina: OSM S.A.L (sociedad anónima en liquidación) reclama a la Provincia un crédito deudor por $ 132 millones en bienes de uso.
A su vez, según Los Andes, el Estado mendocino es acreedor quirografario (priorizable) desde que en 2013 la firma se declaró en concurso, a partir de un reclamo conjunto de algo más de $ 450 millones entre obligaciones impagas a ATM, EPAS, Irrigación y AFIP y una demanda por incumplimiento del contrato de concesión (falta de inversiones en la mejora del servicio) e impacto ambiental que presentó como prueba al Tribunal.
En el primer caso, los ex accionistas confirmaron que se interpuso una acción de inconstitucionalidad que llevó el caso a la Suprema Corte. Para neutralizar la demanda iniciaron una acción administrativa para pedir que se declararan nulos los decretos de intervención y la posterior estatización y creación de Aysam (Aguas Mendocinas).
fuente cronista