Cambió el clima entre el Gobierno y los empresarios. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) admitieron hoy que se analizarán los cambios que el oficialismo aceptó en el proyecto de ley de abastecimiento que, hasta ayer, era fuertemente resistido y hasta tildado de “inconstitucional”.
“Ahora hay que analizar las modificaciones, porque el rechazo era total”, aseguró esta mañana el titular de la central de empresarios, Héctor Méndez, en diálogo con radio Del Plata. “Nadie puede funcionar bien peléandose con el Gobierno, y ningún gobierno puede funcionar bien peléandose con las empresas”, planteó, dejando claro el significado de la norma que la Casa Rosada quiere modificar.
Ayer, en un plenario de comisiones en el Senado, antes de llegar al recinto donde se votará el próximo miércoles, el oficialismo dio marcha atrás con muchas de las amplias facultades que le otorgaba a la Secretaría de Comercio para intervenir en la cadena de producción y de formación de precios del mercado mediante una polémica modificación a la ley de abastecimiento.
Así, la autoridad de aplicación, que se estima será la Secretaría de Comercio, ya no podrá disponer de clausuras e inhabilitaciones sin previa orden judicial. Además, se establecen de manera taxativa las causas que podrían motivar la intervención estatal en un mercado determinado.
Entre los cambios, se establecieron parámetros objetivos para la intervención de la autoridad de aplicación, eliminando la vaga fórmula original, que permitía la intromisión estatal cuando la autoridad de aplicación lo considerase “estrictamente necesario”.
El Gobierno también dio marcha atrás en su intención de aplicar sanciones graves sin autorización judicial, como la inhabilitación comercial o clausura especial temporaria para las empresas que incurran en violaciones de la ley de abastecimiento.
La misma prevención -solicitud de autorización judicial- deberán tomar las autoridades para requerir la extensión por 30 días de la clausura de un comercio.
Pese a aceptar los cambios, Méndez se quejó por la demora del propio kirchnerismo para introducir cambios en el proyecto, que no sólo fue resistido por los hombres de negocios, sino también por la oposición en el Congreso.
“Hace una década que existe esto. ¿Por qué no me llaman antes y no cuando ya está en el Congreso? El juego de la democracia es que llamen antes. Este problema existen de toda la vida”, señaló Méndez.
En la misma línea que Méndez se explayó José Ignacio de Mendiguren, secretario de la UIA. “Estamos analizando los cambios que introdujeron a último momento.
“Cuando hablamos con varias veces con el secretario de Comercio [Augusto Costa] y el Ejecutivo se nos dijo que las modificaciones que planteábamos no se iban a hacer. Algunas de ellas fueron contempladas, como darle más racionalidad a la norma porque la anterior era en términos muy ambiguos”, dijo el también diputado nacional por el massismo en radio Milenium. Y recordó los términos en que la UIA veía a la iniciativa de modificar la ley: “La norma como estaba, para nosotros, era inconstitucional”.
fuente lanacion