… los que obtuvieron un fallo favorable de la Corte de Nueva York y los que no han ingresado en ningún proceso de canje ni litigado contra la Nación.
Aunque el gobierno se empeña en destacar su propósito de proteger a los bonistas reestructurados, esta ley deja abierta las puertas para un sinnúmero de conflictos con ellos.
Al revocar el contrato con el Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario, tanto los bonistas que ahora no pueden percibir los pagos realizados por la Argentina por el congelamiento impuesto por el Juez Griesa, como otros que están cobrando en otras jurisdicciones a partir de la redistribución efectuada por ese mismo banco, experimentan -de hecho- una alteración de las condiciones del contrato.
La opción que se les ofrece es cobrar a través de Nación Fideicomisos, lo cual significa un cambio de jurisdicción. Tienen la alternativa de designar un nuevo agente fiduciario, pero eso es bastante complejo y supone los respectivos cambios contractuales.
Es decir, el gobierno estaría modificando las condiciones de su propia reestructuración de la deuda. Es previsible que la amplia mayoría de los tenedores de deuda reestructurada rechacen el cambio de jurisdicción.
En ese contexto, con este proyecto y a partir de una decisión judicial específica para un conjunto de acreedores, se estaría corriendo el fuerte riesgo de generar una crisis generalizada de la deuda externa reestructurada.
Además, el país se colocaría explícitamente al margen de una decisión judicial firme, lo que generaría insalvables obstáculos para la obtención de financiamiento externo público y privado.
Por otra parte, la deuda reestructurada en situación regular afectada por este conflicto es de una magnitud acotada. Según la información disponible, a fines del año pasado su monto ascendía a U$S 35.202 millones, de los cuales U$S 11.869 estaban bajo jurisdicción de las leyes de Nueva York. No parece una tarea imposible preservar efectivamente ese núcleo. En lugar de ello el gobierno está creando un problema donde no lo había.
Uno de los grandes y graves errores históricos del gobierno ha sido y es pensar que la reestructuración de la deuda estaba concluida aunque hubiera un 7% de bonistas que no entraron a ninguno de los dos canjes. Lamentablemente no es así.
Está claro que, mientras esté vigente la cláusula RUFO no es posible ofrecer voluntariamente mejores condiciones a los holdouts que al resto de los bonistas. Pero en este caso se les ofrece la jurisdicción argentina, mientras que hasta el último canje estaban habilitadas otras jurisdicciones que mal que nos pese son evaluadas como más seguras.
¿Cual sería entonces el incentivo para un bonista que no entró hasta ahora al canje para aceptar estas condiciones, en especial cuando hay un grupo que obtuvo una sentencia judicial favorable para cobrar el 100% de las acreencias originales? Ninguno.
En síntesis, esta ley tiene grandes posibilidades de “desestructurar” la deuda externa, más que resolver el problema existente.
* Economista. Director de Finsoport Consultores Económicos.