La decisión de la Casa Rosada de plantar sobre la cargada mesa de Barack Obama la disputa entre la Argentina y los llamados fondos buitre era un gesto que en la administración demócrata ya se daba por descontado desde hacía días.
Según confiaron a La Nacion fuentes familiarizadas con la relación bilateral, el audaz paso dado por Cristina Kirchner se venía preanunciando con mensajes que no dejaban lugar a la duda sobre la intención, aunque sí para la perplejidad.
Sin embargo, al cierre de esta edición la cartera que lidera John Kerry se abstuvo de hacer comentarios formales sobre la denuncia que formalmente le abrió el Gobierno ante la Corte Internacional de La Haya por supuesta “violación de la obligación internacional de respetar la soberanía de la República Argentina”.
Avanzada la tarde, en medios diplomáticos se esperaba “de un momento a otro” un pronunciamiento formal en el que, en teoría, trabajaba el Departamento de Estado. Pero con el paso de las horas, la jornada cerró en una ciudad ya a media máquina por el receso del verano sin que esa posición quedara expresada de modo formal.
Las mismas fuentes, sin embargo, anticiparon escaso porcentaje a la posibilidad de que el procedimiento elegido por el gobierno argentino tuviera buen puerto.
Eso más allá de que, en lo conceptual, el gobierno de Obama mostró sintonía con la posición argentina de denuncia sobre los efectos que puede tener una interpretación judicial a favor de los llamados fondos buitre. Algo que puso de manifiesto en las instancias inferiores del proceso en el que la Argentina terminó derrotada en los tribunales.
SITUACIÓN PROCESAL
En este caso, la cuestión vuelve sobre lo procesal. Para que el juicio ante La Haya prospere “hace falta el consentimiento expreso de los Estados Unidos, algo que ha negado en otros casos y que es muy difícil que otorgue en éste”, confió a LA NACION un diplomático latinoamericano con formación en derecho internacional.
“No se trata sólo de que es difícil que Washington dé su consentimiento a ser demandado en La Haya sino que, además, se trata de un caso en el que lo que se dirime es un tema de contratos privados, no de derecho internacional”, añadió.
Más en términos políticos, la embestida suma en la línea de denuncias que el gobierno de Cristina Kirchner viene haciendo por supuestos atropellos en su perjuicio de la administración norteamericana.
En esa misma línea suma la “violación de soberanía” que denunció el canciller Héctor Timerman hace tres años, cuando -alicate en mano- abrió la carga de un avión militar norteamericano que aterrizó en Ezeiza por un ejercicio autorizado de entrenamiento.
Tras meses de cruce diplomático, la carga fue devuelta en su totalidad -en forma mucho más sigilosa- a los Estados Unidos, y se dio por cerrado el incidente.
Hay quienes citaron, además, el hecho de que el caso remite a la disputa entre la Argentina y sus acreedores, cuestión en la que existe un lobby muy poderoso contra nuestro país en el Congreso y en el que, adicionalmente, la administración demócrata viene llamando a un acuerdo.
Más allá de las conjeturas y de los comentarios informales, se espera para las próximas horas una réplica formal del gobierno de Barack Obama.
fuente lanacion