… luego de que La Nacion informara ayer sobre situaciones sospechosas en el manejo de fondos, como que su administrador cobra el 16% de todo el dinero que pasa por la entidad.
Stolbizer le mandó una nota al ministro de Justicia, Julio Alak, en la que denunció “graves irregularidades” en el otorgamiento de la personería jurídica a la entidad y por las actividades posteriores de la Fundación, que encabeza Hebe de Bonafini.
“Las fundaciones deben cumplir con estas características: objeto de bien común, ausencia de finalidad de lucro, patrimonio propio, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, imposibilidad de subsistir únicamente de asignaciones del Estado”, dijo la legisladora, al recordar que deben presentar un plan “trienal de actividades” con la descripción de lo que se va a realizar y las bases presupuestarias, en un cuadro de ingresos y egresos.
Pero, según Stolbizer, “el plan trienal presentado por la Fundación se refiere únicamente a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, donde se exponía que la universidad necesitaba $ 150.000 por mes para funcionar”.
“Esa cifra no coincidía con los $ 12.000 iniciales aportados para dar comienzo a la fundación, cuyo objetivo iba a ser llevar adelante la universidad, y tampoco podría cubrirse con las $ 40.000 anuales que las fundadoras se comprometían a aportar”, observó la legisladora.
Indicó que “el resumen presupuestario está hecho a mano por Sergio Schoklender y de él surge que el patrimonio inicial es de $ 12.000, las donaciones son $ 120.000 y hay ingresos adicionales (sin detallar a qué se refiere) por $ 60.500, por lo que el total sería de $ 192.500”.
“Los gastos serían de $ 117.434,50, indicando un saldo de caja de $ 75.050,50 para el primer año. No indica qué sucede el segundo ni el tercer año”, resumió Stolbizer. Argumentó, además, que con esas irregularidades la Fundación no podría seguir teniendo personería.
“Resultaba imposible el desarrollo de las actividades propuestas con los aportes efectuados y las promesas de donación. Sin embargo, y sobre la base de un plan trienal manuscrito e ilegible, se autoriza para funcionar a la fundación”, denunció la diputada. Resaltó también la inactividad de la Inspección General de Justicia (IGJ). “Estaba facultada para suspender las resoluciones contrarias al estatuto y a la ley, y para solicitar la nulidad judicial. No lo hizo. Durante años la fundación funcionó de manera irregular y nadie la controló”, dijo.
Stolbizer le señaló a Alak que en el acta constitutiva de la Fundación de las Madres se señala el compromiso de mantener la independencia de los partidos políticos, como también de no participar de campañas partidarias, advirtió la legisladora.
La personería le fue otorgada a la Fundación en 2005, por lo que la diputada responsabilizó por no denunciar estas irregularidades a todos los titulares de la IGJ de los últimos nueve años.
“Agrava la situación descripta el informe de la Auditoría General de la Nación” que denuncia el desvío de más de $ 40 millones, además de detectar otras irregularidades en el plan de construcción de viviendas sociales, señala el documento.
“También cuestiona la falta de control y el incumplimiento de diversas normas por parte del Estado. Además, se detectaron pagos a personas físicas, en forma sistemática, con cheques por sumas inferiores a $ 50.000 cobrados por ventanilla, por un monto total de $ 30.000.000. “Se hallaron pagos a funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas por la Fundación por $ 225.000”, recordó.
fuente lanacion