La presidenta Cristina Kirchner reglamentó hoy la ley 26.913, que dispone el otorgamiento de pensiones a quienes estuvieron presos ilegalmente por motivos “políticos, sindicales o estudiantiles” hasta el 10 de diciembre de 1983.
Según el decreto 1058 publicado hoy en el Boletín Oficial, la pensión ascenderá a un monto equivalente al sueldo de la categoría “Nivel D, Grado 0” del escalafón establecido por el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).
Los aspirantes a beneficiarios que ya perciban una remuneración similar emanada del ámbito “provincial y municipal” deberán renunciar a esa remuneración si quieren tramitar y cobrar la establecida por la ley 26.913.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que atesora fondos previsionales destinados a jubilados, aportará el dinero necesario; la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, lo administrará.
La ley 26.913 fue aprobada el 27 de noviembre pasado en la Cámara de Diputados , por 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
Al convertir en ley la iniciativa, los diputados aceptaron los cambios que había introducido el Senado , que eliminó la fecha de inicio del período que comprendía el otorgamiento de la pensión graciable, fijada originalmente entre el 6 de noviembre de 1974, cuando la entonces presidenta Isabel Perón decretó el estado de sitio, y el 10 de diciembre de 1983.
Esto había generado una fuerte polémica interna dentro del oficialismo y los senadores decidieron suprimir la fecha de inicio para evitar susceptibilidades y hacer más abarcativa la norma.