Cuando despertemos, tomaremos conciencia de algunas cosas que han pasado mientras la pelota se movía a patadas sobre el césped. Con la pitada final, volverán al centro de nuestras preocupaciones la profunda recesión, la inflación, el desempleo, la inseguridad, la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y tantas otras lacras que, durante más de un mes de intenso circo, preferimos olvidar.
Nos anoticiaremos que a la bandera, la escarapela y el escudo se agregará ahora (ya tiene media sanción en Diputados, con el sorprendente voto de muchos opositores, cuya lista le enviaré si le interesa saber a quién no elegir la próxima vez) un cuarto emblema nacional, el “pañuelo”. Sí, este hato de imbéciles que, en teoría, nos representan quieren –y lo lograrán con este Senado obsecuente- incorporar el emblema de las Madres de Plaza de Mayo, ahora una asociación ilícita comandada por Hebe Bonafini que, con la inestimable colaboración del parricida Sergio Shocklender, se robó los “Sueños Compartidos” por muy pocos; la misma a la cual le hemos “estatizado” la gravosa pseudo universidad destinada a enseñar teoría marxista y proceder terrorista.
De la imperdible entrevista radial que el jueves consiguió Marcelo Longobardi de Adela Segarra (cliclear: http://tinyurl.com/k7e37vx), que preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, surgieron varias confirmaciones. La primera, obviamente, es que la bancada oficialista tiene el brazo enyesado y vota las iniciativas del Ejecutivo sin siquiera molestarse en entender de qué se tratan; sin embargo, hubo más.
Amén de no resultarle posible a la legisladora, una marplatense montonera, responder a quién le compró el Estado la imprenta de billetes y, a la vez, negar que esta fuera propiedad de Guita-rrita y su banda –todos testaferros de los Kirchner en la operación- resultó claro qué sucedería, horas después, en la reunión de la Comisión. El oficialismo, haciendo uso de su inexpugnable mayoría (17 a 14), rechazó todas las acusaciones contra el Vicepresidente sin siquiera un análisis de las mismas.
Ambos temas tienen muchos puntos de contacto. Cuando quedó en claro que quienes votaron la estatización de Ciccone no sabían a quién pertenecía la imprenta, recordé la expropiación del 51% de YPF. Tampoco en ese caso quienes, invocando una soberanía energética inexistente, pudieron dar explicaciones acerca del restante 49% del capital de la empresa. Parte de ese porcentaje -el 25%- está a nombre de una sociedad australiana, en teoría de los Eskenazi, pero cuyos verdaderos dueños permanecen incógnitos.
Con lo esta familia, vinculada a la construcción y a los bancos –es propietaria del Banco de Santa Cruz, que operó para don Néstor los fondos de la provincia enviados al exterior-, ignoraba acerca del negocio petrolero se podía hacer la enciclopedia completa de una de las actividades más riesgosas del mundo. Sin embargo, Repsol no sólo le prestó el dinero necesario para que le comprara esas acciones de YPF sino que, además, le cedió toda la administración de la compañía. ¿Curioso, no?
Pero lo más notable fue que, para justificar el proceder de su bancada en la Comisión, la balbuceante Diputada recurrió al remanido principio de inocencia que nuestra Constitución garantiza a todos los habitantes salvo, claro, a los ancianos y enfermos militares acusados de delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales fueron condenados sin pruebas y otros muchos llevan más de diez años detenidos sin condena, violando hasta los tratados internacionales de los que la Argentina es suscriptora. Y todo ello en nombre de una falsa política de Estado en materia de derechos humanos, que ha permitido negociados enormes, profundas injusticias y la impunidad de los asesinos de miles de ciudadanos que fueron sacrificados, con tiros y con bombas, en el altar de una elite enceguecida y mesiánica que hoy, transfigurada, se ha hecho con el aparato del Estado.
Si alguien conserva alguna ilusión acerca de la debilidad del kirchnerismo en la etapa final de su mandato, puede ir olvidándola. Si bien es cierto que muchas de sus pretensiones dañinas –el proceso a Campagnoli es un buen ejemplo- se frustran por su propia torpeza, no lo es menos que va logrando algunas victorias vinculadas al futuro que imaginan los delincuentes que se encaramaron al poder en 2003. La eliminación de la responsabilidad civil a los funcionarios, que fue aprobada durante el Mundial, es una de las medidas que imaginan como blindaje para el momento en que la ciudadanía les exija la rendición de cuentas y la justificación de sus abultados patrimonios.
La visita que harán a Tucumán los presidentes Maduro, Correa y Morales para celebrar con doña Cristina el Día de la Independencia -¿asistirá Guita-rrita?- será un capítulo más de la “chavización” que la Presidente pretende impulsar en nuestro país para evitar el descalabro final que, ya sin dudas, le propinarían las urnas el año próximo, si las elecciones finalmente se concretan.
Obviamente, los presidentes de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia formarán parte del coro internacional que la viuda de Kirchner y su valido Bambino Kiciloff ha formado, con previsible mal futuro en los tribunales norteamericanos, para “malvinizar” el conflicto con los holdouts. Si bien es cierto que muchos de los economistas y de los empresarios creen que, finalmente, el Gobierno lo concluirá a fuerza de exagerados “billetazos”, como ya hizo en el CIADI, y con Repsol y el Club de Paris, y eso ha tranquilizado a los mercados, tampoco puede descartarse de plano que la demencia de Cristina nos lleve al default, aunque sea como una presunta medida táctica; como ya ha sucedido, serán nuevamente quienes puedan escribir el diario del día siguiente los únicos que lucrarán en ese río revuelto.
Cuando, más arriba, sugerí la posibilidad de alguna interrupción en la marcha de los tiempos electorales no me refería a una eventual renuncia de la Presidente a su cargo, por supuesto atribuyendo la responsabilidad a las corporaciones, a la prensa y a la sinarquía internacional, sino a que me sigue costando imaginar una foto en la que Cristina aparezca entregando los atributos de poder a un sucesor que, obligado por la crisis que soportaremos, la perseguirá en los Tribunales, junto con toda la banda de delincuentes que la rodea. De allí la pregunta que da título a esta nota, para la cual no tengo respuesta aún.
Por ahora, celebremos que la nariz de los jueces, que los forzó a comenzar a lavar su imagen y desempolvar las causas de corrupción, empuja al país entero por la buena senda, esa que reclama SS Francisco. Sólo si terminamos con este flagelo, de una vez y para siempre, podemos aspirar a un futuro como nación.