Es por una causa derivada del expediente principal a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi(foto) que investiga las graves irregularidades financieras en el Programa de Viviendas *Sueños Compartidos*. Se trata de una denuncia que hizo María Alejandra Artacho, socia de Sergio y Pablo Schoklender en un emprendimiento gastronómico, donde según la denunciante fueron utilizados fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, responsable del referido Programa de Viviendas.
Este nuevo paso judicial se compadece con el propósito kirchnerista de hacer recaer únicamente responsabilidades sobre los Schoklender y así seguir protegiendo a funcionarios como el ministro Julio De Vido , el entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, como también la titular de la Fundación Hebe de Bonafini. Esta nueva instancia reactualiza, a su vez, el *cajoneo* que sufre la causa principal, a cargo de Martínez De Giorgi.
Es la que investiga la presunta defraudación de más de $ 450 millones en *Sueños Compartidos*. Este juez, presionado por los *muchachos de la Cámpora*, algunos de cuyos miembros ya ocupan lugares en su juzgado, parece tener más miedos que convicciones, a pesar de las pruebas contundentes de este monumental fraude al erario público. La documentación probatoria involucra principalmente las responsabilidades de los funcionarios K que autorizaron los pagos al Programa Sueños Compartidos, como lo confirmó la Cámara. Pagos cuyo destino final no controlaron.
Sin embargo el juez De Giorgi sigue sólo la pista de los particulares imputados, particularmente los hermanos Schoklender. Claro que esta conducta vergonzante del magistrado se puede entender si recordamos que como juez subrogante, nombrado en diciembre de 2006, sobreseyó a la Presidenta de la Nación en la causa de la consultoraChapel; a Ricardo Echegaray por la destrucción del sistema informatico en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario ( ONCCA) ;a Ricardo Jaime, por haber favorecido a empresas de transporte de pasajeros. Estos *antecedentes*, sin duda, jugaron en realidad para su designación de juez titular a propuesta del PE el 3 de octubre de 2012. La Auditoria General de la Nación (AGN), en un relevamiento parcial, pudo confirmar que la Asociación Mutual Propyme también era utilizada por la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo para cambiar cheques.
Un mecanismo propio de la corrupción y la fuga dinero al exterior. Ese informe está en el juzgado de Di Giorgi. Allí se relevó sólo 4757 viviendas, de la cuales terminadas eran 822. La misma proporción que existió entre el total planificado de 15.000 viviendas, y las concluidas que fueron 2.700. Lo concreto: sólo uno de cada cinco departamentos fueron terminados. Aun que la AGN se equivoca al informar que la Fundación había recibido $745 millones, cuando en realidad desde el ministerio de De Vido le fue entregado el total de la inversión: $1.200 millones. A pesar de estas pruebas, el juez Di Giorgi todavía no ha indagado a ninguno de los funcionarios responsables, ni a las autoridades de la Fundación que preside Bonafini. Se limita a tomar medidas para justificar *movimientos*. En consecuencia, la necesaria actuación del magistrado, en primer término, debe pasar por imputar a la Fundación Madres, en vez de considerarla *damnificada*. Las pruebas sobran.
La causa principal del caso *Sueños Compartidos*, además, desnuda un mecanismo de corrupción que involucra a varios organismos del Estado y también, descubre a quienes armaron estos ilícitos. La evidencia mayor es que se trata de un contrato que fue rescindido por el propio Gobierno que lo financió. Antecedentes del caso El Juez Norberto Oyarbide, en un primer momento, trató por todos los medios, para este caso, imputar los delitos exclusivamente a los Schoklender. La típica *tapadera K*, para salvar a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Pero la Cámara decidió unificar la causa y todo quedó en manos del juez Martínez Di Giorgi.
Y aquí el punto: este magistrado, sin embargo, sigue el mismo rumbo oficialista de Oyarbide. La parálisis en que sigue la investigación, habla de la poca relevancia a las pericias y el informe de la AGN que le da el magistrado en cuestión. Porque aún no da indicios de comenzar la indagatoria de los funcionarios firmantes de los Contratos, que autorizaron los pagos de los $ 1.200 millones. En paralelo, Hebe de Bonafini debería revelar dónde están los $450 millones que le faltan a la Fundación y dónde fueron a parar los 40 millones que Néstor Kirchner, le había otorgado en 2004 por intermedio de un fideicomiso del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Felisa Micheli. Tampoco la titular de Madres fue citada hasta el presente. En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py se habla ya de que De Giorgi tiene algunos familiares ingresados al Poder Judicial gracias al Gobierno. Ante esta situación, es poco serio imaginar que los millonarios fondos faltantes puedan habérselos llevado los hermanos Schoklender, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales y la misma Bonafini.
Y para arribar concretamente a esta conclusión cabe el seguimiento de la causa, que es la 6204/11, que inició el penalista Jorge Luis Vitale por*Violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos* contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa *Sueños Compartidos* . Entre los principales argumentos de la denuncia, figuran “sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”. El demandante afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.
Para su aval cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a *la Fundación $210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $81.000 por unidad*. Vitale también recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre esas construcciones: Señalan * Mal diseño de la carpintería en el 16,5% de las viviendas auditadas; * Deficiente aislamiento térmico de los muros exteriores en el 14,5% de los casos;* Deficiente diseño funcional de futuras ampliaciones;* Desprolijidades en la ejecución de la mampostería;* Humedades con salitre;* Revoques con ondulaciones excesivas.* Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación. * “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos.
La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado” *“Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.” * “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”
Por último, la denuncia señala la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras. Al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al entonces jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreció
n del programa “Sueños Compartidos” Por todo lo expuesto, lo principal es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales* Schoklender además dijo ante el juez el 21 de diciembre del 2012, que Felisa Micheli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades.
n del programa “Sueños Compartidos” Por todo lo expuesto, lo principal es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales* Schoklender además dijo ante el juez el 21 de diciembre del 2012, que Felisa Micheli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades.
Un dato que la misma Micheli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo Todos sabemos cómo actuó el Juez Oyarbide, pero no olvidemos a Martínez De Giorgi. Es graves su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por *Sueños Compartidos* , a pesar que sólo se terminó de construir el 25% de la obra comprometida.
En esta causa, también, fueeron utilizadas varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE, por ejemplo. La Cámara Federal , hace nueve meses confirmó que la causa debe investigar porqué se pago y no se construyó. Además porqué se pagaron sobreprecios. Y también será importante investigar a la empresa Meldorek SA, constituida por Guillermo Moreno y su esposa ,la escribana Marta Cascales. También investigar la relación de Antártida Argentina SA con empresas uruguayas como PP Bursatil a su vez interviniente en la transferencia de fondos de la corrupción del PP español. Los contratos de las provincias los informes y pericias y los sobreprecios y el incumplimiento de contrato, están a la vista.
fuente caraycecaonline.com.ar