Cinco son los países latinoamericanos que utilizan sus ejércitos en la lucha contra el narcotráfico: El Salvador, Venezuela, Brasil, México y Colombia. Pero sólo este último puede exhibir algunos éxitos resonantes a través del “plan Colombia”, que consiste en ayuda económica, institucional, social y militar por parte de Estados Unidos a ese país sudamericano.
No obstante, no hay duda de que estos modelos para afrontar el crimen organizado no son aplicables a la vida política argentina, ya que su sociedad rechaza la utilización de las Fuerzas Armadas en cualquier ámbito, porque no han cicatrizado aún las heridas del sangriento pasado reciente.
Más allá de estos pruritos, las Fuerzas Armadas –a través de la inteligencia militar– tienen un rol muy claro para poder sumarse a la lucha contra el narcotráfico: la obtención de información clasificada proveniente del exterior, obtenida a través de intercambios y cooperación con organizaciones similares de otros países.
Pero para lograr este objetivo habrá que revertir, primero, la falta de confianza en las instituciones argentinas, no sólo en el marco interno, sino también en el ámbito internacional. Porque el problema del narcotráfico es global y no es posible resolverlo en soledad, como lo hacen las autoridades argentinas, que encaran esta durísima lucha con una modesta visión policial, que sin dudas no hace mella al poderoso narcotráfico.
Ahora bien, según datos del portal de Nueva Mayoría correspondientes a 2012, el gasto destinado a la defensa nacional ubicaba a la Argentina apenas por arriba de Guyana y Surinam, con el 0,84 de su producto interno bruto (PIB), mientras que Ecuador –que encabezaba en ese momento el ranking de los países armamentistas– destinó a ese rubro el 3,29 de su PIB; Chile, el 2,27; Brasil, el 1,41, y Colombia, el 2,6, por mencionar algunos casos.
¿Qué se entiende por gastos militares? La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) lo define como “todos los gastos corrientes y de capital relativos a las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz; los ministerios de defensa y demás organismos de Gobierno que participan en proyectos de defensa; las fuerzas paramilitares, si se considera que están entrenadas y equipadas para operaciones militares, y las actividades en el área militar”.
Agrega: “Dichos gastos incluyen el personal militar y civil, y a las pensiones de retiro del personal militar y servicios sociales; operación, mantenimiento, compras, investigación y desarrollo militares, y ayuda militar (en los gastos militares del país donante)”.
O sea, de una rápida lectura se desprende que el presupuesto para la inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de la Argentina está contemplado dentro del gasto militar, aunque a juzgar por los magros resultados de su trabajo, no se utiliza o se utiliza muy mal. O lo que es peor, se utiliza con otros fines.
Habrá que ver entonces si el Ejército –a cargo del cuestionado general César Milani (foto)– tiene en sus planes revitalizar los destruidos cuadros de la inteligencia militar para ocuparlos en fines nobles, como es la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción estatal.
*Doctor en Derecho, docente
fuente lavozdelinterior