El abogado de Nicolás Ciccone, Maximiliano Rusconi, aseguró esta mañana que la decisión del juez federal Ariel Lijo de procesar a su defendido por cohecho activo “es un escándalo procesal pocas veces visto, una nueva forma de tortura”, y acusó al magistrado de haber engañado a su cliente.
El jurista sostuvo, en conversación con radio América, que “el nuevo método de tortura es obligarlo [a Nicolás Ciccone] a declarar contra sí mismo, a que confíe el hecho diciéndole que está bajo juramento”, y luego usar esa información para procesarlo.
Precisó, también, que Ciccone, en su carácter de testigo, “contó los hechos bajo juramento, con una amplitud de relato, de información y colaborando con todo lo que tenía relación con la investigación del hecho”. Así, indicó que en esa testimonial el fiscal Jorge Di Lello “le advirtió al juez que podía haber un riesgo de autoincriminación”, pero esto fue rechazado por Lijo.
“Esto implica que había que relevarlo del juramento y continuar con la audiencia, pero en carácter de audiencia indagatoria, donde puede hacer un acto de defensa, puede decir la verdad o no, puede mentir, no contestar preguntas”, explicó. Y agregó que su defendido “se quedó tranquilo porque el juez, teniendo la oportunidad de interrumpir el acto y teniendo la posibilidad de modificar las reglas, confirmó que Nicolás Ciccone era un testigo y le rechazó el pedido en medio de la audiencia al fiscal Di Lello”.
Por otro lado, Rusconi se lamentó y subrayó que la familia Ciccone “es una víctima” en este proceso que lleva adelante el magistrado. “La familia Ciccone, hasta hace un tiempo, tenía una empresa con dificultades, deudas, problemas y discusiones tributarias como cualquiera empresa en la Argentina, y el resultado de este proceso es que se quedó sin empresa”, sentenció durante la entrevista.
QUÉ PASÓ
La investigación sobre Boudou se inició a principio de 2012 cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas con su empresa y que contaba con la ayuda salvadora de un misterioso monotributista, Alejandro Vandenbroele,que les consiguió una inyección de capital a través de la empresa The Old Fund, constituida en el extranjero. También por un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.
En la resolución del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la causa número 1302/12 caratulada “Boudou Amado y otro s/ cohecho y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 265 del Código Penal”, se establece como hecho imputado que Boudou, junto a Núñez Carmona, “habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”.
“Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”, reza el texto de la resolución, de 333 fojas.
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