… y demuestra “inexistencia de voluntad de negociación”, y aceleró así la concreción del canje en Buenos Aires.
En un comunicado difundido anoche a última hora, el Palacio de Hacienda fue terminante: “El levantamiento del stay por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa”.
La cartera que conduce Axel Kicillof agregó que “las órdenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres [que podría ascender a 15.000 millones de dólares]”, tal como lo había indicado anteayer el ministro.
Por esta razón, si el plan de negociar con los holdouts fracasara, el Gobierno utilizará 900 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar el próximo vencimiento de los bonos Discount a fines de este mes en Buenos Aires, aunque varios analistas consideran que este canje es impracticable.
Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron anoche a LA NACION que el plan para hacer el canje en el país “sigue adelante”. Las fuentes oficiales además dijeron que la posibilidad de depositar un pago a cuenta a los holdouts, por 300 millones de dólares, del total de lo que reclaman los buitres es “sólo un rumor”, aunque tampoco lo desmintieron en forma tajante.
Ayer, alrededor de las 17.30, la Presidenta convocó a Olivos a las principales espadas de su equipo económico: Kicillof; el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, con quienes discutió durante más de una hora los pasos por seguir. No se descarta que Cristina Kirchner haya instruido al ministro a que conteste con dureza a las críticas del juez de Nueva York, Thomas Griesa.
PRESIÓN
Después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Ministerio de Economía forzó a la Caja de Valores a colaborar con esta eventual operación local, que fue ratificada por el directorio de la entidad en una reñida votación de tres votos a favor y uno en contra.
El temor a una eventual sanción por parte de la justicia y de las autoridades bursátiles norteamericanas es lo que provocó tanta resistencia en La Caja, adonde el ministro llegó anteanoche con un planteo de máxima: “O nos apoyan con todo o no los queremos en ésta”, los amenazó. Los experimentados agentes del mercado local intentaron bajar la presión del funcionario, quien estaba acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo López, aclarando que La Caja colaboraría, pero que debe tomar ciertos recaudos legales y operativos.
Si bien el mercado local ayer terminó al alza por la reunión que habrá la semana próxima entre el Gobierno y los holdouts para negociar una salida sin default, el Palacio de Hacienda seguirá trabajando en el plan anunciado anteayer para desarrollar un canje local, sobre todo si el pago en Nueva York a los bonistas que aceptaron los canjes implicara abonarles también a los demandantes.
El abogado Horacio Liendo dijo que el canje local “se puede hacer, pero el problema es la respuesta que obtendría por parte de los acreedores: primero, porque Griesa aclaró que sería un desacato a su orden judicial y, segundo, porque hay que ver si se obtienen las mayorías necesarias para que no fracase” la operación.
El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, dijo que “canjear los bonos en el nivel local, según el consenso entre los inversores, puede generar consecuencias adversas a los bonistas de Nueva York, sobre todo porque los bonos bajo ley local no son respetados por la ley local, al ser pesificados, ni por los fallos de la Corte Suprema de la Argentina, como el caso Claren”, donde se le impidió a este fondo de inversión norteamericano ejecutar en el país una sentencia de Nueva York.
Por esta razón, según Etchebarne, “el único camino posible es una negociación en la que se deposite el dinero que ganaron los demandantes en una cuenta testigo (escrow account), a la espera de la resolución de estas conversaciones y de la reapertura del canje de 2005”, encarado por el Gobierno.
En este canje, en los términos actuales, “el Gobierno estaría en condiciones de ofrecer casi 70 centavos por cada dólar, lo cual es una muy buena oferta, ya que, a la vez, no afectaría las cuentas argentinas”, concluyó Etchebarne.
Del otro lado, el peor escenario posible, expresó el abogado, es que “la Argentina no logre reinstalar la medida cautelar” levantada ayer por la Corte de Apelaciones y que “no pueda pagar los Discount el 30 de julio”, con el mes de gracia que siempre se otorga para efectuar un pago tras el plazo original. En este sentido, consideró que “si se defaulteara el pago de los Discount, los fondos de real money se verían obligados a vender sus bonos argentinos”.
Liendo agregó que, a partir del fallo de la Corte, los acreedores están en una mejor situación que el país para negociar y, por lo tanto, no será fácil ponerse de acuerdo en una situación intermedia”.
El rumbo que el Gobierno debería adoptar para compensar este desequilibrio, opinó el ex asesor legal del ministro Domingo Cavallo, es “eliminar todas las instancias que den a entender que el país está discriminando a sus acreedores”. En particular, afirmó que “hay que derogar la ley cerrojo, el diferimiento de pago que forma parte de la ley de emergencia y del presupuesto nacional desde 2002 y, como consecuencia de eso, cambiar la doctrina de Claren en la Corte Suprema argentina”.
Tanto Liendo como Etchebarne, así como firmas jurídicas de EE.UU. afirmaron que de ningún modo pagarles a estos holdouts disparará pagos inmediatos a otros demandantes, y menos por el monto de US$ 15.000 millones mencionado por el ministro anteayer.
fuente lanacion