La semana pasada, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente a Echegaray en una causa que hasta ahora sólo investigaba al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, que tiene una denuncia en su contra por haber ocultado y demorado reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero; entre otras, la del hijo de Meyendorff.
Fue Sbatella quien arrastró a Echegaray a esta causa. En el último escrito que presentó para defenderse, dijo que la AFIP le hizo saber “recién en junio de 2012” del blanqueo que había hecho, más de dos años antes, Mauricio Álvarez Sarria, el hijo de Álvarez Meyendorff.
A pesar de esta nueva imputación, Echegaray cerró una buena semana en los tribunales de Comodoro Py.
Ariel Lijo, el juez que citó a indagatoria a Amado Boudou, consideró que no había pruebas que comprometieran a Echegaray en el caso Ciccone. Dijo incluso que Echegaray abortó un “plan de pagos ilegal” con el que se pretendía favorecer a la imprenta, plan que había obtenido un dictamen favorable del jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brener, a quien Lijo sí llamó a indagatoria.
“Ricardo Echegaray lo rechazó de puño y letra [el “plan ilegal”] -afirmó el juez-, oportunidad en la que dijo que debía ajustarse a derecho.”
El fiscal del caso Ciccone, Jorge Di Lello, había pedido en cambio que Echegaray también fuera citado como acusado.
En lo que respecta al caso por encubrimiento de operaciones sospechosas de “narcolavado”, la imputación a Echegaray se produjo después de que Sbatella lo mencionara en su escrito y de que el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) denunciara esto como un hecho nuevo a investigar.
Este diputado pidió imputar a Echegaray por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado”.
En respuesta, Taiano presentó esta semana la ampliación de su requerimiento de instrucción original donde sumó al jefe de la AFIP a la lista de los investigados.
La denuncia que dio origen a este expediente fue dirigida contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber “cajoneado” el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella.
También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico: dijeron que incumplió sus deberes de funcionario en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias “Mi Sangre”, y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador santafecino, el socialista Antonio Bonfatti.
También lo acusaron de haber “obstaculizado” el acceso a la información dentro de la UIF y haber “desmantelado” los equipos de trabajo.
En el mismo escrito donde dispuso que se investigara a Echegaray, el fiscal solicitó que se citara a declarar a los ex presidentes de la UIF y a otros funcionarios de ese organismo.
Además, Taiano propuso medidas para determinar qué responsabilidad tuvo el jefe de la AFIP en el caso de Álvarez Sarría: pidió que se requirieran informes a la Oficina de Enlace entre la AFIP y la UIF, a la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP, y al banco a través del cual el hijo de Álvarez Meyendorff blanqueó el dinero que ingresó al país, que deberá informar si reportó o no la operación como sospechosa.
fuente lanacion