La legisladora Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la norma, argumentó que “es evidente la existencia de graves y negativas consecuencias generadas por la ley mencionada, que se traducen en pérdidas de puestos laborales genuinos en la industria automotriz y su correlato en la industria autopartista como así también en concesionarios y ha generado un cuadro similar en la industria de las motos”.
El proyecto fue firmado también por los diputados Sergio Bergman, Laura Alonso, Pablo Tonelli, Cornelia Schmidt-Liermann y Gisela Scaglia, todos de Unión PRO.
Bullrich explica en el proyecto que el impuesto, aprobado por el Congreso el año pasado “lejos de recaudar los 200 millones de pesos presupuestados al momento de su sanción, se ha convertido en un factor de regresión industrial y de aumento del cuadro recesivo que se observa en nuestro país, afectando a más de 170 mil trabajadores de la industria automotriz” y a más de 16 mil trabajadores de la industria de motocicletas.
Por ello, la diputada pide en el proyecto que el impuesto “sea derogado con urgencia” por el Congreso Nacional.
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