Según el escrito presentado por la cartera dirigida por Julio Alak, la medida es “arbitraria” e “invade la esfera de actuación del Poder Ejecutivo y del Congreso”.
El acuerdo establecía una serie de puntos, que incluía la colaboración de Irán para interrogar y eventualmente procesar y detener a los ciudadanos de ese país -entre ellos miembros y ex funcionarios del régimen persa- acusados de planificar y ejecutar el ataque explosivo contra la mutual judía en Buenos Aires, que en 1994 provocó 85 muertes.
“La sentencia dictada es arbitraria” porque “invade la esfera de actuación del Poder Ejecutivo y del Congreso, cercenando las facultades que la Constitución expresamente otorga a estos dos poderes, y que conforme expresa todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional está vedado al análisis del Poder Judicial”, plantea el documento presentado en los Tribunales federales.
“La Cámara se ha apartado arbitrariamente y sin fundamentación de las normas que regulan un proceso de amparo”, expresa, lo que, a criterio del Gobierno, genera “incertidumbre jurídica”.
El Gobierno señaló además en la apelación que “el tribunal ha cometido un exceso de competencia respecto de los planteos efectuados por los amparistas, y consiguientemente ha violentado el derecho de defensa en juicio del Poder Ejecutivo, al expedirse sobre cuestiones de la cuales no se habían agraviado los apelantes, las que tampoco fueron incluidas en el escrito de contestación de agravios presentado por el Estado Nacional”.
“La sentencia de la Cámara resuelve sobre lo que no tiene que resolver y ordena a quien no tiene que ordenar”, advirtió.
Y denunció además que “admitir la acción de amparo no obedeció a un razonado análisis de los antecedentes, sino que se sustentó en afirmaciones respecto del alcance que le asignó a la norma cuya constitucionalidad fuera controvertida”.
Cómo sigue. Según consignó la agencia DyN, la administración de Cristina Fernández de Kirchner pretende que “la Cámara Federal de Casación Penal emita un pronunciamiento que cese la resolución impugnada, declare improcedente la acción de amparo intentada y rechace la pretensión dirigida contra el Estado Nacional”.
El pedido de inconstitucionalidad había sido efectuado por la comunidad judía a través de dos de sus más importantes entidades representativas, la DAIA y la AMIA.
El memorándum con Irán fue firmado en enero del año pasado y aprobado un mes después por el Congreso, con los votos de los legisladores oficialistas. En tanto, en Irán fue avalado sólo mediante un trámite administrativo que le permitía el propio texto del documento conjunto.
Irán se negó sistemáticamente a entregar a los acusados, cuya captura fue solicitada a Interpol. Israel y las entidades judías rechazaron el acuerdo y luego la DAIA y la AMIA accionaron judicialmente, hasta conseguir en la Cámara Federal la declaración de inconstitucionalidad.
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