El funcionario y el magistrado están imputados por la suspensión del allanamiento en Propyme, una de las tres investigaciones abiertas por el escándalo.
Según los nuevos datos que constan en la causa, y a los que accedió Clarín, el segundo de Zannini tiene ocho celulares a su nombre: dos de Telefónica y seis de Personal. El informe no detalla cuáles de esos números son utilizados por el funcionario.
En el caso de Oyarbide, el informe confirma que el juez no tiene celulares a su nombre (siempre se maneja con los celulares de sus custodios). Y que su secretario Leiva (intervino en la causa por supuesto lavado de dinero que derivó en los allanamientos) tuvo cuatro líneas: la última fue dada de baja en 2009.
La información ya fue agregada a la causa que arrancó cuando Oyarbide confesó ante la Cámara Federal que el 19 de diciembre pasado frenó 22 allanamientos por un llamado de Liuzzi, quien había recibido una denuncia previa de su amigo Guillermo Greppi. El dueño de Propyme confirmó ante la Justicia que polícias de la DIFOC le pidieron 300 dólares para detener el operativo. Ese hecho se investiga en otra causa paralela, donde ya fueron imputados 19 policías.
En la causa que se inició por una denuncias de los diputados radicales José Cano, Mario Negri y Manuel Garrido, el juez Rodríguez también le solicitó a Zannini que informe las líneas telefónicas de su dependencia y los celulares de Liuzzi y de otros funcionarios involucrados en la causa. Cuando reúna toda la información, que había sido sugerida por el fiscal Ramiro González, el magistrado podría ordenar cruces telefónicos para intentar determinar cómo ocurrieron los hechos. Esa prueba es clave porque casi toda la negociación se hizo por teléfono (Greppi no estaba en la financiera cuando llegaron los policías).
fuente clarin