“La situación amerita su intervención para poner las cosas en su justo lugar, antes de que sea tarde”, le pidió a la mandataria de Tierra del Fuego, través del escrito.
El contenido de la misiva trascendió al mismo tiempo que el IPRA, organismo provincial de juegos, realizó una presentación ante la Justicia para revertir un fallo que impidió la actualización del canon de $ 300, que la firma del empresario K paga por 300 tragamonedas, que funcionan en las salas provinciales.
“Los hechos hablan por sí solos. Toda idea que lleve a pensar que se perjudica al IPRA y a Casino Club, en beneficio de un tercero ¿es mera imaginación? Dejo la respuesta a elevado criterio”, sentenció el empresario.
Por su parte, el titular del organismo, Ricardo Uribe, denunció amenazas: “La violencia en estos momentos es tan sutil y sofisticada, que los violentos ya no usan armas de fuego”.
“Estamos en una situación de desventaja y enrededados en una lógica de poder”, concluyó Uribe en declaraciones radiales.
El organismo provincial quiere que la firma de Cristóbal López pague $ 1.800 pesos, por máquina excedente, pero la iniciativa fue desestimada por la Justicia fueguina. Ahora, el litigio continúa con la presentación de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicial, que deberá definirse a favor del Estado provincial o del empresario K.
fuente clarin