El trabajo (http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/ pdf/EndingDrugWarsFINAL.pdf) lleva la firma de cinco premios Nobel de Economía y –atención a esto–, las del vicepremier británico Nick Clegg, liberal demócrata aliado con los conservadores, y George Shultz, secretario de Estado durante la presidencia de Ronald Reagan, un halcón de la era de los ‘neocon’ en Estados Unidos.
El prólogo del informe afirma que “la insistencia en una estrategia militarizada y policial” en la lucha contra las drogas ha dado resultados negativos y producido una saga de cataclismos en todo el mundo: “masivos encarcelamientos” en EE.UU.; “corrupción y desestabilización política” en Africa occidental y Afganistán; “una enorme violencia” en América latina, y “la propagación de sistemáticos abusos contra los derechos humanos”.
“La ideología de ‘un mundo libre de drogas’ que permeó la estrategia internacional reciente fue equivocada y contraproducente”, afirma el documento y propone dar un giro. “Una nueva estrategia global debería estar basada en principios de salud pública, en la reducción del impacto del mercado ilegal, una minimización de la problemática del consumo, una experimentación rigurosamente monitoreada (de las sustancias ilegales) y un decidido compromiso con los principios de los derechos humanos”, dice.
En una de las evidencias más perturbadoras, los expertos convocados por la LSE muestran que a pesar del monumental incremento del gasto en combatir las drogas en todo el planeta, su precio no sólo ha bajado sino que se ha ido incrementando su pureza.
La prensa británica dijo que el trabajo de la LSE intenta crear una ola de opinión progresista en el debate, en dirección a la próxima conferencia de leyes sobre las drogas organizada para 2016.
En momentos en que el informe de la LSE era subido a la web, otro grupo de 15 académicos e intelectuales, argentinos en este caso, reunidos ese mismo día en la librería Hernández presentaba su propio aporte. “La Argentina y la cuestión de las drogas. Una propuesta para repensar el debate público”. Lo firman Agustín Colombo Sierra, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, Juan López Chorne, Pepe Paradiso y Alberto Fohrig, entre otros. El encuentro casi no tuvo prensa.
Allí también se defendió la idea de los límites de la estrategia de militarización y del concepto de “guerra contra las drogas” y su fracaso probado en Colombia y México. Se propusieron miradas alternativas que promuevan una “experimentación exigente” y una “regulación modulada de los narcóticos ilegales, de acuerdo a la naturaleza específica de cada droga”.
Entre eufemismos, ambos trabajos aluden a la despenalización de sustancias ilegales. El mundo camina hacia la discusión de posiciones menos rígidas, como muestra la experiencia de legalización del consumo en Uruguay. Hay antecedentes cercanos en los estados de Colorado y Washington, en los Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama, así como los conservadores de David Cameron en el Reino Unido, observa el avance con preocupación.
Si el trabajo de la LSE procura dirigir una corriente de opinión global, conviene preguntarse en qué audiencias tendrá impacto el informe de los especialistas argentinos.
La Argentina asiste a una explosión de la cuestión narcotráfico en el debate público desde hace al menos seis meses, cuando una banda no identificada atentó con disparos contra el domicilio del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. La ola de indignación y estupor que provocó ese ataque pareció responder de manera lineal a un protocolo de las distintas reacciones que presenta una sociedad frente a la amenaza de la criminalidad organizada.
Aunque cerca en lo conceptual, el Gobierno aparece en la práctica distante de estas nuevas iniciativas. El secretario de Seguridad Sergio Berni dice que la Argentina está dando un fuerte impulso a la lucha contra el narcotráfico, figura de la que no reniega. Defiende los acuerdos de cooperación con Washington, reactivados por él mismo en las últimas semanas; cree que hay disminuir la demanda y no atacar lo oferta y propone un debate “más audaz, más radical, más intrépido” sobre el tema que involucre al Congreso y a la justicia.
“Llevamos 40 años igual: persecución penal, desde el productor al consumidor y sólo logramos que la droga avance en el mundo. Este modelo fracasó. Pero hay un montón de alternativas a seguir entre la penalización y la despenalización”, aseguró Berni a El Cronista.
En 2009, el fallo Arriola de la Corte Suprema despenalizó parcialmente la tenencia de drogas ilícitas para el consumo personal en la Argentina. En el Gobierno afirman que esa decisión no tuvo otro impacto que no sea descongestionar el sistema judicial de causas que no tenían ningún otro destino que el archivo. El consumo, sostienen en despachos oficiales, no bajó.
Este es el concepto que ha venido defendiendo la Presidenta, quien ayer se pronunció taxativamente contra cualquier iniciativa por la legalización de sustancias prohibidas y volvió a ubicar a la Argentina en la categoría de país de tránsito: “ni productor ni de consumo”. En definitiva, lejos del problema.
fuente cronista.com