El Senado de la Nación trataba esta noche el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa española Repsol para el pago de cinco mil millones de dólares en títulos, por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF.
El oficialismo con mayoría suficiente en la Cámara alta daría media sanción a la iniciativa -se estima antes de la 1 de la madrugada- que pasaría rápidamente para su tratamiento en Diputados.
Al inicio del debate, minutos después de las 13, el presidente de la comisión de Energía, Minería y Combustibles, el representante del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra, defendió el entendimiento con Repsol al indicar que “abre las puertas a las inversiones” y recordó que existían “más de 30 juicios internacionales en el CIADI que espantaban directamente” la llegada de capitales”.
Pereyra, quien además es secretario general del sindicato de petroleros privados patagónicos alineado en la CGT moyanista, confió en que, a partir del acuerdo, “cambia todo y se está ante la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país”.
Dura crítica opositora
A su turno, el radical Ernesto Sanz, máxima autoridad formal de la UCR, adelantó que su bancada no acompañará la ratificación del referido acuerdo porque “hay un sobreprecio de mala praxis”, y responsabilizó al kirchnerismo por el “déficit energético” y la “pérdida del autoabastecimiento” en la Argentina.
Además, el senador mendocino le enrostró al kirchnerismo que como “en los 90 apoyaron la privatización de YPF porque le convenía al modelo de gobierno que encaraban desde Santa Cruz”, ahora se puede inferir que “cuando pasen algunos años (desde el kirchnerismo) se diga que a Repsol se le terminará pagando u$s5 mil millones no porque le convenía al país sino porque le convenía al modelo”.
Mientras, su ahora aliado y jefe de Proyecto Sur, Fernando Solanas, afirmó que “ningún gobierno desde (Carlos) Menem en adelante fue capaz de exigirle a las petroleras el cumplimiento de las inversiones, el cumplimiento de los contratos”, al criticar lo actuado por el gobierno nacional en la materia.
Al cuestionar el convenio, disparó que el Estado “hasta fue incapaz de exigir un medidor en cada pozo de la República. Esto es colonia de cuarta, cada uno viene y se lleva lo que quiere”, por lo que remarcó que lo sucedido en materia de hidrocarburos “es la historia de la impunidad”.
Luego, aseguró que “estamos ante un dibujo, una suerte de tomadura de pelo a todos porque se está hablando de 5 mil, 6 mil millones en bonos “que serán descontados del bolsillo del pueblo argentino hasta el 2033” y calculó que “los argentinos deberán pagar unos u$s13.700 millones hasta 2033”.
Desde el conglomerado de peronistas disidentes del Inter-bloque Federal, el sanjuanino Roberto Basualdo anunció la abstención de sus siete integrantes (que completan Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre, Juan Carlos Romero, Carlos Reutemann, Graciela Di Perna y Jorge Garramuño), ya que si bien consideró lógico el precio ante la rentabilidad futura de la empresa que estimó en u$s3.700 millones anuales, pero cuestionó que no haya existido una tasación real de la empresa.
Posición similar asumió el bloque macrista, a través del senador porteño Diego Santilli quien en un comunicado anunció la abstención (junto con Grabriela Michetti y Alfredo De Angeli) al sostener “todo el proceso de confiscación y ahora de expropiación fue dudoso y apresurado”. Santilli apuntó que “votar afirmativamente es convalidar un proceso que comenzó mal y que no tomó en cuenta, entre otras cosas, los pasivos ambientales”.
A su turno, el oficialista Aníbal Fernández defendió en el recinto la iniciativa y afirmó que “en ningún caso la petrolera española Repsol podrá recibir más de 5 mil millones de dólares”, por las acciones expropiadas.
Precisó que el “acuerdo amigable implica desistimientos mutuos de las causas iniciadas en tribunales internacionales” e indicó ambas partes hicieron lo suyo en ese sentido, al tiempo que defendió el cálculo del Tribunal de Tasación de los pasivos contingentes y recordó que Repsol reclamaba por las acciones expropiadas en junio de 2012 el pago de u$s10.500 mil millones, lo cual luego en el acuerdo se fijó en 5 mil millones de dólares.
Solanas: “Acá tenemos activos y pasivos ocultos”
Podría ser ley en un mes
El oficialismo cuenta con un piso de 42 votos para aprobar el convenio cerrado en febrero pasado entre el Gobierno nacional y la petrolera española. Tras ello, será girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva en aproximadamente un mes.
En mayo de 2012, el Congreso sancionó la ley que declaró de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y dispuso la expropiación del 51% de las acciones que Repsol poseía en YPF.
A partir de allí, la dirección de la empresa española inició una serie de reclamos en tribunales de Nueva York y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), donde reclamó una compensación de u$s10.500 millones por su participación.
Pero en noviembre último se anunció un preacuerdo para definir la compensación, que terminó de definirse hace un mes a través de la entrega de títulos públicos por u$s5.000 millones en títulos públicos, más otros mil millones adicionales para compensar diferencias de cotización.
Al mismo tiempo, las partes se comprometieron a dejar de lado los reclamos judiciales iniciados tanto en tribunales nacionales o internacionales.