La Sala IV de la Cámara de Casación Penal le puso fecha a la audiencia en la que la defensa de Amado Boudou tendrá que fundamentar por qué debe cerrarse la causa judicial en la que el vicepresidente está investigado por negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica.
El vice presentó un recurso de “excepción de falta de acción” por el que se solicita el cierre del caso debido a que el delito investigado no pudo ser probado. El juez Ariel Lijo, que tiene a su cargo la investigación rechazó ese recurso. Lo mismo hizo la Sala I de la Cámara Federal. Boudou llegó con su apelación hasta la Casación. Ahí tuvo una acogida favorable por al fiscal de Casación Javier De Luca, que, si bien no pidió el sobreseimiento, acercó sus argumentos a los deseos de Boudou.
Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Marinano Borinsky escucharán tanto a Diego Pirota, abogado de Boudou como al fiscal De Luca el 14 de abril próximo por la mañana en una audiencia pública. Allí se esgrimirán los argumentos para que luego los jueces decidan. Pueden hacerlo inmediatamente o tomarse hasta dos días.
Si la Casación le da la razón a Boudou, la investigación quedaría pendiendo de un hilo, explican fuentes judiciales. El pedido de cierre de la causa que hizo Boudou y que tuvo un respaldo-no completo por cierto- del fiscal De Luca, fue hecho antes de que se volcaran a la causa varios testimonios que complican aún más al vicepresidente en la adquisición de la imprenta Ciccone.
Integrantes del clan Ciccone atestiguaron ante Lijo que el vicepresidente, cuando era ministro de Economía, participó de reuniones en las que indicó que su socio José María Núñez Carmona, era el interlocutor elegido para la compra de parte del paquete accionario de la fábrica de hacer billetes. Boudou, niega la existencia de las reuniones. En 2010 cuando se produjo la llegada del misterioso fondo The Old Fund a la empresa Ciccone, Boudou era ministro de Economía. De ese ministerio depende -y dependía por entonces- la Casa de Moneda, que luego de la llegada del fondo The Old Fund, iba a contratar a la nueva Ciccone-con los allegados de Boudou- en la compañía, para imprimir billetes de 100 pesos. Ese hecho, constituye para el juez Lijo la base de la imputación contra el vicepresidente. El fiscal del caso Jorge Di Lello, pidió la indagatoria de Boudou porque considera que cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Y también considera que los Ciccone -y otros allegados al vice- participaron de la maniobra. En cambio para De Luca no se puede considerar que Boudou cometió el delito.
Una vez conocida la decisión de Casación será el momento en que el juez Lijo tome una determinación. Hasta mayo tiene que tomar aún algunos testimonios. Nada trascendental en la causa sucederá hasta entonces.
fuente infobae