Ochoa había advertido que los bienes de ella podrían ser embargados y que, además, existía la posibilidad de que se le exigiese la devolución de parte de los haberes cobrados durante los casi 20 años que ella acumuló como funcionaria pública. Calchaquí se desempeña hoy día como asesora del diputado nacional Carlos Kunkel, y hasta el año pasado trabajaba para… el Ministerio de Educación…
“(…) Resultó curioso que, a pesar de estar complicada en la Justicia por no haber obtenido nunca su título de estudios secundarios, Calchaquí llegó a poseer un certificado especial de idoneidad que le permitió cursar estudios superiores hasta recibirse de Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad San Juan Bosco.
En Tierra del Fuego, la ex diputada nacional kirchnerista María Adela Calchaquí, recibió la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Provincial, en relación a una causa por “defraudación a la administración pública”.
Sucede que Calchaquí presentó un título secundario falsificado cuando era empleada del gobierno provincial, cobrando indebidamente en sus haberes ese ítem por más de 17 años.
La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones confirmó, por unanimidad, el procesamiento dictado por el juez de instrucción Héctor Ochoa contra Calchaquí, imputada de haber presentado un título secundario apócrifo, en una fotocopia que rezaba “copia fiel” de supuestos estudios cursados en la escuela Superior de Comercio Jerónimo Cabrera de Córdoba.
Esa presentación la hizo en abril de 1990, cuando ella ingresó a la administración pública provincial, y le permitió cobrar indebidamente este ítem salarial en sus haberes, hasta el año 2007 en que fue denunciada.
La investigación permitió determinar que en el colegio invocado Calchaquí cursó estudios de 1er. año del secundario, en el año 1981, adeudando Matemáticas, y que cursó el 2do. año en 1982, repitiéndolo en 1983, cuando quedó libre, finalmente, por inasistencias.
En sede judicial se ha estimado un perjuicio fiscal al Estado por más de $10.000 que Calchaquí cobró de forma indebida, monto que actualizado sumó alrededor de $70.000, en el momento de la imputación del Ministerio Público.
A partir de la confirmación de su procesamiento, Calchaquí estaría en condiciones de ser llevada a juicio oral y público.
En su momento, el juez Héctor Ochoa le había afirmado, a Radio Fueguina, de Río Grande, que Calchaquí, quien se hace llamar “Mariel” aunque su verdadero nombre es María Adela, ingresó como agente de la Secretaría de Desarrollo de Tierra del Fuego en 1990. Al ser nombrada, presentó para incorporar a su legajo, una “Constancia de Certificado de Estudios en Trámite” otorgada por el colegio secundario Jerónimo Luis de Cabrera de la ciudad de Córdoba (el 20 de febrero de 1989), en la cual indica que no adeuda “ninguna” materia y que egresó en el año 1987, con el título de “Perito Mercantil”.
A causa a ese certificada usufructuó durante 17 años un plus salarial por estudios secundarios (ítem 43) que, según las pruebas recabadas por el juez, habrían sido percibidos incorrectamente por comprobarse que el certificado en cuestión había sido fraguado y no encuentra respaldo en los archivos documentales del instituto secundario referido.
El dinero cobrado y acumulado durante 17 años por el ítem 43 debería reintegrarse al Estado si se comprueba el desfalco, según el juez Ochoa.
La investigación
En 2011, Calchaquí se encontraba enfocada en su campaña de reelección cuando surgió la denuncia referida a su título secundario que ahora derivó en su procesamiento.
Resultó curioso que, a pesar de estar complicada en la Justicia por no haber obtenido nunca su título de estudios secundarios, Calchaquí llegó a poseer un certificado especial de idoneidad que le permitió cursos estudios superiores hasta recibirse de Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad San Juan Bosco.
Conforme a las precisiones dadas por el Juez Ochoa, Calchaquí estaría incursa en “defraudación contra la administración pública bajo la modalidad de estafa, en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso”, contemplado en los artículos 172 y 173 del Código Penal que prevén una pena de 1 mes a 6 años de prisión.
Ochoa agregó que depende del Fiscal que la causa llegue o no a juicio oral, aunque destacó que es un “delito excarcelable” y que podría resolverse (a petición de la imputada) bajo la figura de probation.
fuente urgente24