…se puede y debe permanentemente revisar la posibilidad de mejorar las leyes. Bajo estas premisas la modificación siempre tendrá como objeto el bien común.
Quien tiene a su cargo la creación y modificación de la legislación nacional es el poder legislativo. Deberíamos descartar que diputados y senadores contestes con la responsabilidad que se les ha delegado por elección popular y el poder que tienen prestado por el tiempo que dura su mandato debieran estar a la altura de las circunstancias.
Lamentablemente cuando vemos el nivel de incapacidad e inactividad de muchos de ellos, podemos percibir la verdadera estafa a la voluntad popular que constituyen las listas sábana, ese engendro pergeñado por partidos políticos que solo cuidan la quinta y el bolsillo de algunos que se sienten “elegidos desde las alturas”. No por nada perduran pese a décadas de promesas al respecto sistemáticamente incumplidas.
Cuando lo que motoriza cualquier modificación son políticas provenientes de un garantismo tan falso como perverso y un populismo que gobierna de espaldas al pueblo robándole hasta la dignidad, nada positivo se puede esperar.
En nuestro país y por el especial momento que atraviesa, el interés en lanzar al ruedo la modificación al Código Penal puede deberse a la continuidad de las políticas de confrontación que han caracterizado al gobierno en los últimos diez años, o bien a una trama bien armada para sacar del primer plano de atención a los síntomas más perceptibles de la peor gestión de gobierno de nuestra historia.
Esos síntomas son la inseguridad más atroz, el desastre económico que se agrava por hora con una inflación ya indisimulable a la par de un incremento en gasto público impúdico. También los problemas sociales generados en gran medida por políticas de inmigración que resultan ya discriminatorias de las condiciones básicas de razonabilidad en materia laboral, de salud pública, de educación pública de los propios argentinos. Y ni hablar, el descubrir todos los días nuevos hechos de corrupción, donde ya se encuentran seriamente comprometidos desde el vicepresidente de la Nación, hasta muchos allegados al poder.
Si pretendemos merecer la consideración de estado soberano y no la que damos de murga de desquiciados al mando de una nave que se hunde, debemos establecer bases sólidas sobre temas básicos para comenzar a analizar la oportunidad y conveniencia de proceder a reformas de fondo en la legislación penal.
La idea central del garantismo más nocivo, tendencioso y amoral, es que una sentencia debidamente fundada, tras una larga y profunda instrucción, y luego un juicio oral con testigos, peritos, intérpretes y alegatos bajo las absolutas garantías del debido proceso pueda ser revisada en forma manifiestamente inconstitucional.
Resulta elemental que la pena que por sentencia haya impuesto un juez o tribunal en cumplimiento de su función jurisdiccional no pueda en ningún caso ser modificada, aumentándola o reduciéndola sino por resolución expresa y fundada de quien la dictó. Tampoco siquiera presumir que la buena conducta de un interno en un instituto de detención pueda ser motivo de reducción de su pena. Deberán disolverse para siempre las “comisiones”, “equipos” o como se de en llamar a quienes se irroguen facultades para revisar conductas de condenados y sugerir la modificación de las penas que se les han dictado, sin importar la capacidad que puedan demostrar profesionales de cualquier arte o profesión a tales inconstitucionales efectos.
Y para evitar suspicacias de manotazos políticos sobre la seriedad de nuestra legislación que sanciona los delitos tipificados en el Código Penal, resulta liminar otorgarle carácter de delitos de lesa humanidad -y por tanto imprescriptibles- a todos aquellos cometidos por funcionarios públicos desde el ejercicio de su función de gobierno, incluyendo a funcionarios nacionales, provinciales y municipales surgidos de una elección; sus ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios.
Abogado (Justa Causa)
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