Los dos votos a favor serían de Borinsky, quien tiene jurisprudencia en el sentido de aceptar el desistimiento del ministerio público para excluir de una causa a un imputado al cual todavía no se sabe qué delito se le achaca. Y a Borinsky se le sumaría Hornos votando en contra Germiniani, quien fue recusado sin éxito por la defensa del vicepresidente. Sin abundar en argumentos, el fallo favorable se basará en esa circunstancia, es decir que, si el fiscal desistió, no hay acción contra el imputado. Obviamente una sentencia de ese tipo sería un escándalo político y mediático y jurídicamente es materia opinable. Las mismas fuentes de tribunales sostienen que los abogados de Boudou -Richarte y Pirota- habrían aumentado su pedido anterior de 8 millones de dólares a 20 millones de la misma moneda. Los abogados habrían planteado que habría que poner esa suma de dólares de modo que con ese pago podría conseguirse la resolución tan soñada.
El rol de Brito
Como dijimos en notas anteriores, el vicepresidente dijo que no tenía ese dinero pero le habría exigido al banquero Jorge Brito (implicado también en la compra de la ex Ciccone) que se la suministre, lo cual finalmente habría ocurrido y los fondos ya estarían en manos de los abogados. También señalamos que el juez federal Ariel Lijo estaba por llamarlo a declaración indagatoria a Boudou y a Brito pero esperaría hasta mayo para tomar esa resolución de modo de darle tiempo a la Casación, que está estudiando el asunto después que fuera confirmado el juez Germiniani. Lo que no se sabe es si el pedido de la gigantesca suma por los abogados de la defensa sería una venta de humo o bien están en conocimiento de que el tribunal está por fallar de acuerdo a la citada interpretación del derecho.
Es sabido que el banquero Brito, presidente del banco Macro y de ADEBA, tiene excelentes relaciones con el Ministro de Planificación Julio de Vido, quien también mantiene un estrecho vínculo personal con Lijo, porque ambos son colombófilos y participan en varios concursos de pájaros. Si esta resolución que beneficia a Boudou se toma rápidamente, se demostraría que la presidente no le soltó la mano al vicepresidente de la Nación, como sostienen algunos analistas, medios de comunicación y políticos. Al mismo tiempo, en los tribunales se afirma que las declaraciones de la familia Ciccone carecen de valor, porque sus miembros aceptaron voluntariamente la exigencia de entregar el 70% de las acciones. Además, esa empresa ya venía a los tumbos a fines de los ’90, cuando se asociaron con Alfredo Yabrán y con pésimos antecedentes, por ejemplo, imprimir moneda en un cuestionado país africano. El mismo fiscal Jorge di Lello citó a los Ciccone también a indagatoria, como a Boudou y Brito, pero las pruebas que tiene el juez Lijo son importantes, como la carta del vicepresidente a Ricardo Echegaray pidiendo que le acepte el levantamiento de la quiebra y también el contrato presentado por la defensa de aquél con el inquilino Fabio Donatello.
En el mismo está sólo la firma del vice y falta la del ausente inquilino, por lo cual este contrato de alquiler del departamento donde vivía Alejandro Vandenbroele demostraría que el piso era prestado a éste, el supuesto testaferro. Otro argumento a favor de la resolución que desvincularía a Boudou sería que el período de tranquilidad cambiaría que atraviesa el país crea mejores condiciones para que se acepte la excepción por falta de acción, que de todos modos será un verdadero escándalo.
fuente informado publico