¿Por que el gobierno argentino tiene mas de 100 magistrados acusados ilegalmente de crimen contra humanidad?

Recientemente la Procuraduría (violadora) de crímenes contra la humanidad presentó la cartografía y las estadísticas de los juicios ilegales en curso, identificando entre los nuevos ámbitos de imputación, la participación de los funcionarios judiciales en crímenes cometidos durante el mal llamado terrorismo de Estado[7].  Asimismo, para uno de los órganos de propaganda  del gobierno “…sobre un universo de 2335  imputados… ha habido, por lo menos, 129 acusaciones contra funcionarios judiciales por su complicidad durante la dictadura. La mitad se desvinculó voluntariamente de sus cargos, otros fueron destituidos y una tercera parte aún continúa en funciones”, agregando que “…los jueces o integrantes del Poder Judicial tuvieron un rol ‘activo’ a su modo. Porque su rol no era picanear, sino, por ejemplo, impedir el acceso a la justicia”[8].

Partidario de una concepción autoritaria del poder (donde toda ideología opositora es considerado enemiga), el clan gubernamental utiliza indicadores similares del legismo[10]. El objetivo esencial es fortalecer el poder e impunidad de la familia Kirchner y sus asociados. Por ejemplo desafiando la justicia: “Los jueces van a tener que   procesarme a mí, porque no voy a permitir que ningún gendarme tenga que resolver un conflicto del que es responsable el gobierno local”, dijo  la Jefa de Estado, a través de cadena nacional[11].

¿Porque esos magistrados de los 70’, ciudadanos comprometidos con uno de los pilares fundamentales de un estado, (la justicia), deben soportar la persecución jurídica-política del gobierno argentino? ¿Qué delitos cometieron esos hombres y mujeres para recibir todo el peso de una justicia subordinada al gobierno actual? La amenaza de juicio político es un arma constante del gobierno:  “…el juicio político a magistrados por el contenido de sus sentencias, sin que medie delito, manifestaciones públicas de prejuzgamiento que incluyen la sentencia final de remoción por quienes, precisamente, están encargados de llevar adelante el juicio político respectivo, y el alzamiento de funcionarios de otros poderes del Estado, respecto de las decisiones jurisdiccionales…”, además, “…despierta la fundada sospecha de que el poder político persigue recrear una justicia a medida, en un ámbito que resulta impropio para su funcionamiento como poder independiente, que garantice  a los ciudadanos la libre y eficaz protección de sus derechos…”[12]. 

Que sus acusadores quieran aceptar  o no, reconocer normas jurídicos inalterables o no,  pueden estar de acuerdo o disentir,   pero desde el punto de vista estrictamente del principio de legalidad y del respeto de los derechos humanos, esos magistrados (como todos los prisioneros y perseguidos políticos),  no cometieron jurídicamente y legalmente ningún delito. En ningún otro país del mundo, respetuoso  de esos pilares, serian juzgadas o inculpadas. Los argumentos jurídicos-políticos de aquellos que quieren demostrar lo contrario son falaces, ilegales y deben ser denunciados ante la justicia internacional. La historia, la ética y la memoria se juzgan en otras esferas que no son en los tribunales penales ni es la función del juez de instrucción encargado de su investigación (sentencia Baltasar Garzón 27/02/2012). 

Las cárceles donde están secuestrados los prisioneros políticos son verdaderos epicentros de crímenes y delitos según los informes del procurador de prisiones[15] y del observatorio de cárceles 2013[16]. Las Reglas de Tokio[17] y las Reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia penal, son inexistentes para los prisioneros políticos en particular[18]  

·         La resolución 40/32[20] sobre la independencia de magistrados,

·         La resolución 40/146[21] sobre los derechos humanos en la administración de la justicia,

·         La resolución 34/169[22] código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,

·         ECOSOC 2006/23[23] sobre el fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial.

·         E/CN.15/1996/18/[24] reglas mínimas a la administración de la justicia penal

 

Esas directivas son claras cuando por ejemplo un iluminado del gobierno, empleado del ministerio de la justicia, requiere públicamente que: “Ojalá pueda convencer a los jueces de este país…quisiera que los jueces hagan política a través de sus sentencias mirando al más débil”. “Quiero que los jueces entiendan que tienen que dedicarse a hacer política, entendida como herramienta de transformación de la realidad. Así van a poder utilizar esa herramienta mejor”[25]. El poder ejecutivo no desmintió esos objetivos. ¿Y los principios básicos del derecho constitucional, la separación de poderes,  la seguridad jurídica, las obligaciones internacionales que el Estado debe respetar relacionadas con la autonomía de la justicia, la independencia de sus magistrados…?

·         Juicio y castigo a todos los jueces y funcionarios judiciales cómplices del genocidio. Cerca de 45 jueces, ex magistrados, fiscales, defensores oficiales o funcionarios del Poder Judicial de varias provincias están imputados en expedientes donde se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura Cívico militar por no haber actuado ante denuncias de violaciones a los derechos humanos[26], 27 noviembre 2013.

·         La “justicia” durante la dictadura cumplió el rol de legalizar y legitimar el genocidio, la tortura, la desaparición, etc. Los magistrados en general fueron un eslabón indispensable para la realización del plan sistemático de represión y son autores y cómplices del genocidio[27], 14 noviembre 2013.

·         El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país. El objetivo es investigar el papel de los magistrados en el gobierno militar, como actuaron en los años posteriores cuando debieron juzgar a los acusados y complicidades con acusados[28], 18 abril 2012.

·         La voluntad de los círculos gubernamentales es de “investigar la participación de integrantes del poder judicial como cómplices de varios hechos de la represión del Terrorismo de Estado, y con ello la cuestión más general del rol funcional de los Jueces en la dictadura, un hecho no siempre mencionado, y mucho menos investigado”, 20 septiembre 2011[29].  Uno de ellos, propone un método de investigación según dos grupos casos: a) Magistrados en funciones en plena dictadura, cuestionados por su inacción cómplice frente a secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, b) Jueces y Fiscales en funciones hoy, que benefician a los genocidas procesados con maniobras que dilatan los procesos y garantizan la impunidad”, 04 julio 2011[30].

·        Una asociación próxima del gobierno, tomando la referencia del modelo chavista, realizó unjuicio ético y político a los jueces de la dictadura que dieron legalidad al régimen militar, encubrieron el genocidio y facilitaron, luego, la impunidad para sus autores materiales e ideológicos. El problema es la huella que la dictadura dejó como marca de agua, indemne y silenciosa, al interior del Poder Judicial.[31]22 septiembre 2010.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 garantiza en su artículo 6 la igualdad frente a la ley, y el artículo 16enuncia que: Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución.

 

A)  Principios de legalidad del delito y de las penas, de la aplicación de la retroactividad penal:  Mientras que el principio de la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal es absoluto y tiene vigencia en toda circunstancia y tiempo, incluyendo el estado de emergencia y tiempo de guerra como está previsto en los artículos: 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), 4 del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en el artículo 75, inciso 4.c[37] del Protocolo Adicional I y en el artículo 6, inciso 2.c[38] del Protocolo Adicional  II de 1977 de los Convenios de Ginebra de 1949,la justicia argentina afirma con argumentos falaces e ilegales lo contrario.

 

 

a)      3978 casos por Violación articulo 3 prohibiciones de la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes.

b)      4477 casos por Violación artículo 5 Derecho a la libertad y a la seguridad y 1271 por arresto y detención regular,

c)      18990 casos por Violación artículo 6 Derecho a un proceso equitativo y 7248 por violación al principio de tiempo razonable en el proceso judicial.

d)      154 casos por Violación al artículo 7 prohibición de la aplicación retroactividad de la ley y  94 por el principio no hay pena sin ley.

1-      Maktouf y Damjanović c. Bonsia y Herzegovina (18 julio 2013), condenados y sentenciados en aplicación del Código Penal de Bosnia y Herzegovina de 2003 por crímenes de guerra contra civiles cometidos durante la guerra de 1992-95. Violación al artículo 7 de la CEDH.

·         En este fallo el TEDH recuerda los principios generales relativos al artículo 7 CEDH que fueron replanteados en numerosos otros casos.  El derecho reconocido en el artículo 7, es el elemento central del estado de derecho y ocupa un lugar prominente en el sistema de protección del Convenio. Esta prominencia se ve reforzada por el hecho de que no es posible su derogación en casos de guerra o de otro peligro público de acuerdo con el artículo 15. “En consecuencia, el artículo 7 no se reduce únicamente a la prohibición de la aplicación retroactiva del derecho penal desfavorable para el acusado: también incluye, en general, el principio que solamente la ley puede definir un delito y establecer una pena (nullum crimen, nulla poena sine lege) y el principio que el derecho penal no puede ser interpretado en detrimento del acusado, por ejemplo, a través de la analogía. De esto se deduce que un delito debe estar definido con claridad por la ley. Este requisito se satisface cuando el individuo puede conocer del redactado del correspondiente precepto”. “

·        Cuando el artículo 7 la CEDH se refiere a un concepto que implica requisitos cualitativos, especialmente aquellos relativos a la accesibilidad y la previsibilidad. “El artículo 7 del Convenio no puede interpretarse como una prohibición de la clarificación a lo largo del tiempo de las normas de responsabilidad penal a través de la interpretación de los jueces caso por caso, siempre que este desarrollo a lo largo del tiempo resulte coherente con la esencia del delito y pueda ser razonablemente predecible”.

·        «…el Tribunal no está de acuerdo con el Gobierno cuando sostiene que el principio de la irretroactividad de los delitos y las penas no es aplicable cuando un acto era considerado un delito en el momento de cometerse de acuerdo con “los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas” en el sentido del artículo 7.2 del Convenio. Este argumento no es coherente con los trabajos preparatorios en los cuales se deduce que el artículo 7.1 contiene una norma general como es la irretroactividad de los delitos y las penas y que el artículo 7.2 es únicamente una clarificación contextual del ámbito de aplicación de esta norma, clarificación que se incluyó para asegurar que no hubiera dudas sobre la validez de la persecución de los delitos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial (Kononov, párrafo186).

·        “Está claro, por tanto, que los redactores del Convenio no tuvieron la intención de establecer ninguna excepción general al principio de irretroactividad. Además, el Tribunal ha reiterado en muchos casos que los dos párrafos del artículo 7 están interconectados y que se deben interpretar de manera concordante”

·        Finalmente, “el Tribunal no estima que sea necesario examinar en detalle el argumento del Gobierno que sostiene que la obligación de castigar adecuadamente los crímenes de guerra de acuerdo con el derecho internacional humanitario conlleva que no se aplique el principio de irretroactividad. Es suficiente señalar que el principio de irretroactividad de los delitos y las penas también se reconoce en las Convenciones de Ginebra y en sus Protocolos Adicionales »

 

2-      Kononov c. Letonia (17 mayo 2010). Acusado crimen de guerra cometido en mayo 1944. No hubo aplicación retroactiva penal, ni violación del artículo 7 de la CEDH. El TEDH determinó que en el momento de los hechos, los mismos constituían delitos según el Código penal soviético 1926, el derecho de Ginebra de 1864 a 1949 sobre el tratamiento de las personas y de los bienes en poder del enemigo, las leyes y las costumbres de la guerra antes de la II GM, el Estatuto del Tribunal de Núremberg 1945.

 

3-      Caso Klein c. Rusia (01 abril 2010).  Rechazo al pedido de extradición de un ciudadano israelita, detenido en Rusia, solicitado por Colombia, en aplicación del artículo 3 sobre la interdicción de tratamientos inhumanos o degradantes de la CEDH en el caso que las autoridades rusas ejecuten la extradición.

4-      Korbely c. Hungría (19 septiembre 2008), acusado de homicidio múltiple, infracción que las jurisdicciones húngaras calificaron de crimen contra la humanidad punible en virtud del artículo 3.1 de la Convención de Ginebra por hechos ocurridos en 1956 durante la revolución de Budapest.  El TEDH reconoce la  violación al artículo 7, aplicación de la retroactividad penal, de la Convención Europea de los derechos humanos.

·         En relación al principio general del artículo 7:”De él se desprende, que una infracción debe estar claramente definida por la ley. Esta condición se cumple, cuando el justiciable puede saber, a partir de la redacción de la disposición pertinente y si es necesario, con ayuda de su interpretación por los tribunales y de una opinión jurídica esclarecida, qué actos y omisiones, comprometen su responsabilidad penal » Párrafo 37

·         «…el Tribunal concluye que no ha sido demostrado que fuera previsible que los actos cometidos por el demandante, constituyeran crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. Por lo tanto, se ha producido una violación del artículo 7 de la Convención ». Párrafo 62

 

5-      Kolk y Kislyiy c. Estonia (17-octubre 2006): Demanda de admisibilidad. Acusados de crímenes contra la humanidad, deportación de población en 1949. Estonia estuvo bajo ocupación soviética del 1939-41, alemana del 41-44 y nuevamente soviética del 44  hasta su independencia en 1991.

·         En sus argumentos el TEDH considera que no se violó el artículo 7.2 y rechazó por inadmisible la demanda según el artículo 35.3 y 4.Es decir que no se violó el principio de retroactividad de la ley penal (artículo 7.1 y 2 de la CEDH), porque esos hechos constituían delitos en el momento de haberse cometido.  No hubo aplicación retroactiva de la ley penal. Los delitos previstos en el momento de los hechos cumplían con los principios de accesibilidad y la previsibilidad.

·         La decisión de la CEDH fue sobre la admisibilidad y no sobre el fondo de la demanda como fue el caso OULD DAH c. France (n^o 13113/03)Ely Ould Dah, oficial de las fuerzas armadas mauritanas, quien  fue detenido y condenado en Francia, acusado de torturas en Mauritania 1990-1991.

·         El TEDH señala que la deportación de población civil estaba expresamente reconocida como crimen contra la humanidad por el Estatuto del Tribunal de Núremberg de 1945 y por los principios relativos a los crímenes contra la humanidad (resolución 95 de la ONU del   11 de diciembre de 1946). Dado que la ex Unión la Unión Soviética era parte del Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, mediante el cual se promulgó el Estatuto de Núremberg, un estado miembro de las Naciones Unidas y habiendo ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (en 1969), no puede alegarse que las autoridades soviéticas desconocían estos principios.

·         Para el TEDH « Se colige de todo ello que estas demandas son manifiestamente infundadas y que han de ser rechazadas…”

 

6-      Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania (22 marzo 2001):Stremetz y Kessler : acusados de incitación a homicidio voluntarios por hechos  ocurridos entre 1971 y 1989.Krenz: acusado de autor intelectual de homicidio voluntario por hechos ocurridos entre 1984 y 1989. Para el TEDH los actos de los demandantes constituían delitos tipificados en el momento de los hechos (Constitución de la RDA (1968-1974).  Ley sobre la policía del pueblo de 1968. Código penal de la RDA en las versiones 1968 y 1979: articulo 84, 95 .Ley sobre la frontera de la RDA de 1982, articulo 27.  Esta ley reemplaza la ley sobre la policía del pueblo. Pacto internacional de derechos civiles y políticos: artículos 6.1, 6.2, 12.2 y 12.3 que la RDA adhirió en noviembre 1974), respetándose la accesibilidad y la previsibilidad del derecho penal vigente en la República Democrática de Alemania.

 

El comité de derechos humanos de la ONU: Desde 2003, la justicia y el gobierno argentino, voluntariamente, no respetaron las decisiones del comité de derechos humanos[43] producto de las más de 1000 comunicaciones que se presentaron para su examen en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni las 30 Observaciones Generales existentes en ese momento (actualmente son 34)[44], relacionadas con el incumplimiento del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos (PIDCP)[45]. Actualmente continúan a no respetarlas, por ejemplo:

 

1-      N° 31 (2004): La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. Esta Observación general sustituye a la Observación general Nº 3 (1981).

·         Punto 3: “….Se impone a los Estados Parte la obligación general de respetar los derechos reconocidos en el Pacto y de garantizar su disfrute a todos los individuos…, con arreglo al principio expuesto en el artículo 26 de la Convención de Viena, los Estados Parte deben cumplir de buena fe las obligaciones que les impone el Pacto”.

·         Punto 4: “Las obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango nacional, regional o local están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado Parte. El poder ejecutivo que representa al Estado Parte en el plano internacional, señaladamente ante el Comité, no puede aducir el hecho de que un acto incompatible con una disposición del Pacto ha sido realizado por otro poder público para tratar de liberar al Estado Parte de responsabilidad por el acto y de la consiguiente incompatibilidad. Esta interpretación se desprende directamente del principio enunciado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en virtud del cual un Estado Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado o la inaplicación de las obligaciones contraídas en virtud de un tratado. A este respecto, el Comité recuerda a los Estados Parte de estructura federal lo estipulado en el artículo 50, en virtud del cual las disposiciones del Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna…”. Pero Argentina no respeta esas obligaciones[46].

 

2-      N° 29 (2001) Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción (artículo 4),

·         Punto 7. “ El párrafo 2 del artículo 4 del Pacto establece expresamente que no pueden ser suspendidos en ningún caso los artículos siguientes: artículo 6 (derecho a la vida), artículo 7 (prohibición de las torturas y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de los experimentos médicos o científicos de no mediar libre consentimiento), párrafos 1 y 2 del artículo 8 (prohibición de la esclavitud, la trata de esclavos y la servidumbre), artículo 11 (prohibición de ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual), artículo 15 (principio de legalidad en materia penal, esto es, el requisito de que la responsabilidad penal y la pena vengan determinadas exclusivamente por disposiciones claras y concretas de la ley en vigor y aplicables en el momento de cometerse el acto o la omisión, salvo que por ley posterior se imponga una pena más leve)…”

·         “En varias ocasiones, el Comité ha expresado su preocupación porque algunos derechos que no pueden ser suspendidos conforme al párrafo 2 del artículo 4 están siendo suspendidos o están expuestos a suspensión debido a las insuficiencias del ordenamiento jurídico de un determinado Estado Parte”

·         Punto 11: “… El hecho de que en el párrafo 2 del artículo 4 se declare que la aplicación de ciertas disposiciones del Pacto no puede suspenderse debe considerarse en parte como el reconocimiento del carácter de norma imperativa de ciertos derechos fundamentales garantizados por el Pacto en la forma de un tratado…”

·         “…Los Estados Partes no pueden en ningún caso invocar el artículo 4 del Pacto como justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo, la toma de rehenes, la imposición de castigos colectivos, la privación arbitraria de la libertad o la inobservancia de los principios fundamentales de juicio imparcial…”

 

3-      N° 21 (1992) Trato humano de las personas privadas de libertad (artículo 10), sustituye a la Observación general Nº 9 (1982).

·         Punto 3: “… impone a los Estados Partes una obligación positiva en favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y complementa la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el artículo 7 del Pacto”. “…debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas condiciones aplicables a las personas libres”. “…gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión”

·         Punto 4: Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro género, origen nacional o social; patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.

4-      N° 20 (1992) Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), reemplaza a la Observación general Nº 7 (1982).

·         Punto 3: “El texto del artículo 7 no admite limitación alguna. El Comité reafirmó asimismo que, incluso en situaciones excepcionales como las mencionadas en el artículo 4 del Pacto, nada autoriza la suspensión de la cláusula del artículo 7, y las disposiciones de dicho artículo deben permanecer en vigor. Análogamente, el Comité observa que no se puede invocar justificación o circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por cualesquiera razones, en particular las basadas en una orden recibida de un superior jerárquico o de una autoridad pública”, y

·         Punto 4: “El Pacto no contiene definición alguna de los conceptos abarcados por el artículo 7, ni tampoco el Comité considera necesario establecer una lista de los actos prohibidos o establecer distinciones concretas entre las diferentes formas de castigo o de trato;….”.

·         Punto 5: “La prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral…”

 

5-      N° 8 (1982) Derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículo 9).

·         Punto 3: “Otra cuestión es la duración total de la prisión preventiva. Respecto de algunas categorías de infracciones penales en ciertos países, esta cuestión ha provocado alguna inquietud en el Comité, y los miembros han preguntado si las decisiones se han ajustado al derecho de la persona “a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad” que establece el párrafo 3. La prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible…”. y

·         Punto 4:“Incluso en los casos en que se practique la detención por razones de seguridad pública ésta debe regirse por las mismas disposiciones, es decir, no debe ser arbitraria, debe obedecer a las causas fijadas por la ley y efectuarse con arreglo al procedimiento establecido en la ley (párrafo. 1),…”

 

1-      Baltasar Garzón Real (sentencia n° 101), del 27 febrero 2012: Tribunal supremo, sala penal. “El proceso penal tiene una misión específica: hacer recaer un reproche social y jurídico sobre quien resulte responsable de un delito. El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal”.El método de investigación judicial no es el propio del historiador.

·         “Las exigencias de contradicción efectiva, de publicidad, de igualdad de partes, de oralidad, la disciplina de garantía de la prueba, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, etc, como notas características del sistema penal de enjuiciamiento, se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho”

·         “La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria. Corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores. Pero no corresponde al juez de instrucción, cuya función aparece definida en la ley procesal con un objeto de indagación que se va concretando en el devenir procesal y ve limitado su ejercicio por las normas que rigen el proceso penal y el derecho penal sustantivo”.

·         No procede mezclar la verdad histórica con la forense, pues la histórica es general e interpretable, no está sometida a la perentoriedad de términos y plazos y, con frecuencia, precisa de cierta distancia temporal para objetivar su análisis. La judicial, por el contrario, se constriñe a un hecho, impone unas consecuencias con carácter coercitivo, está sometida a requerimientos temporales y formales y es declarada con observancia de las garantías propias y se refiere a la depuración penal de una responsabilidad exigida desde una acusación.

 

2-      Isabel Perón (autos n° 7 y 8/2008), 28 abril 2008. Audiencia Nacional, sala penal. Rechazó la extradición solicitado por Argentina. Ausencia de claridad en la intervención del inculpado. Dudas sobre la forma y fondo del requerimiento.

·         Se pone en tela de juicio las razones jurídicas que solo después de pasados más de 30 años de la justicia se presente una extradición y sobretodo se acuda a construir la figura de un delito imprescriptible, de lesa humanidad, porque de otra manera, por el simple juego del instituto de la prescripción, la referida extradición tendría que ser denegada.

·         Menciones de tipo genérica e indefinida incompatible con la precisión necesaria en el marco de una actuación procesal penal, que requiere de datos y hechos concretos sobre cada partícipe contra el que se siga el proceso.

·         Precisar sin demostrar una relación con unos hechos que se atribuyen a otros inculpados, pretender extender a otra,  sin dar una explicación sobre tal extensión, cuando sabemos que en el ámbito penal las responsabilidades, por ser personales, deben venir precisamente individualizadas.

1-      Rwamucyo, Eugène (15 octubre 2010): Rechazo demanda de extradición de un ciudadano ruandés solicitado por Ruanda, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por hechos ocurridos en 1994 en Ruanda.  La cámara de la instrucción, Versailles, considera que  “en razón que los principios de orden público de legalidad de los delitos y de las penas y de no retroactividad de la ley penal, enunciados por el artículo 8 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 111-3 y 112-1 del código penal, por los artículos 15.1 del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos y el artículo 7.1 de la CEDH, se oponen a que se imponga a la autor de una infracción una pena que no estaba prevista a la fecha de los hechos”, y en ese contexto el Sr Rwamucyo no beneficiaria de garantías fundamentales de procedimientos y de protección de los derechos de la defensa.

 

2-      Louisette Audin y el movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos (MRAP), n° apelación 02-84725, (17 junio 2003), corte de casación, cámara criminal.  Denuncia contra NN (militares franceses) por crímenes contra la humanidad, de haber sido víctima de  torturas, en Alger de septiembre a diciembre 1957.

2.1 – Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos (MRAP), n° apelación 02-80719, (17 junio 2003), corte de casación, cámara criminal. Denuncia contra NN por crimines contra la humanidad, según el libro publicado el 03 mayo 2001 por el General Paul Aussaresses donde reveló la práctica de la tortura y ejecución sumarias en Alger entre 1955 y 1957  cuando era oficial de inteligencia del ejército francés.

En los tres casos, casación dictaminó:

·         “No se puede procesar bajo la calificación decrímenes contra la humanidad, losactos denunciados queestán comprendidos por la amnistía dela Ley N º68-697, del 31 de julio 1968”.

·         “Que, las disposiciones de la ley del 26 de diciembre de 1964 y las del Estatuto del Tribunal militar internacional de Núremberg, anexada al acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945, sólo se refieren a los hechos cometidos por cuenta de los países europeos del eje”;

·         “Que, por otra parte, los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de no retroactividad de la ley penal más severa, enunciados en los Artículos 8 de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, 7-1 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre,15-1 del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos, 111-3 y 112-1 del Código Penal, obstaculizan a los Artículos 211-1 a 212-3 de ese Código que reprime los crímenes contra la humanidad, se apliquen a los hechos cometidos antes de la fecha de su entrada en vigor, el 1º de marzo de 1994”.

·         “Que, finalmente, la costumbre internacional no puede suplir la ausencia detextoincriminatorio,bajo la calificación decrímenes contra la humanidad, de los hechos denunciadospor los demandantes”.

 

3-     Wladyslaw Sobanski y la Asociación Nacional de ex Presos-Internados de Indochina.  n° apelación 92-82273, (01 abril 1993), corte de casación, cámara criminal. Denuncia contra Boudarel, Georges, por crímenes contra la humanidad cometidos en el campo 113 de noviembre 1952 a enero 1953, en Indochina. Precisan algunos puntos del fallo de casación: «…que el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una derogación excepcional a las normas ordinarias de procedimiento penal, debe interpretarse restrictivamente… »,

 

·         El 10 junio 1944, la división de Waffen-SSDas Reich, fue la responsable de la destrucción  y masacre del pueblo de Oradour-sur-Glace en France donde fueron asesinadas más de 640 personas civiles. Entre las tropas alemanes que participaron a la matanza había 14 franceses alsacianos, de los cuales uno era un suboficial (militar voluntario) y los otros trece fueron soldados obligados a alistarse (los conocidos como Malgré-Nous). Alsacia y Mosella fueron anexadas por la Alemania en 1940 y la conscripción establecida a partir de 1942.

·         El 15 septiembre 1948, nueve años después de esos hechos, una ley introduce en el derecho penal francés, retroactivamente, la noción de presunción de responsabilidad colectiva[47]. Es decir,  crímenes de guerra cometidos por un grupo reconocido como organización criminal en el proceso de Núremberg, lo que era el caso de la SS. Esta ley violaba no solamente las reglas del derecho francés en donde el acusado debe mostrar su no culpabilidad, sino también la Ordenanza del 28 agosto 1944 sobre los crímenes de guerra[48] que excluye iniciar acciones penales sobre ese tipo de acusación contra los ciudadanos franceses, ya que se aplica “sólo a enemigos de otras nacionalidades o agentes no franceses sirviendo a interés enemigos”

·         Luego de varias tentativas ante los tribunales franceses, la ley de 1948, permitió que el 12 enero 1953, a Burdeos, un tribunal militar iniciara juicio contra 65 militares supervivientes de la unidad Waffen-SS y acusarlos por su intervención en la matanza de Oradour, solo 21 pudieron ser presentados ante el tribunal, entre ellos los 14 militares franceses miembros de la unidad alemana. Por ley del 27 enero 1953[49], la asamblea nacional derogó la ley sobre la responsabilidad colectiva del 15 septiembre 1948.

·         El 12 febrero 1953, fueron hallados culpables y condenados 13 franceses a penas entre seis y ocho años de prisión o a trabajos forzados y el suboficial (francés) voluntario fue condenado a la pena de muerte. Entre los alemanes hubo una condena a muerte, una absolución y penas de  prisión de diez a doce años, o trabajos forzados.

·         Una semana después del fin del juicio, el 20 febrero 1953 el gobierno promulgó una ley de amnistía[50] para los militares franceses que quedaron inmediatamente en libertad, la pena capital fue conmutada por cadena perpetua en 1954 y unos años más tarde el condenado fue liberado.

·         Este juicio por crímenes de guerra, cometido por militares contra una población civil,  durante la segunda guerra mundial, tiene diversos elementos de interés:

·         Se otorgó una amnistía a los acusados.

·         No se utilizó el principio de responsabilidad colectiva.

·         Se aplicó la retroactividad penal más beneficiaria.

 

5-     En cuanto a los otros juicios regularmente mencionados por la Argentina(casos Barbie, Papón, Touvier), en ninguno de esos procesos se aplicaron jurisprudencias ilegales (sentencias Arancibia Clavel y Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-CSJN), no se violaron los principios de legalidad del delito y de las penas, ni de la retroactividad penal (el TEDH así lo reconoció) para llevar ante los tribunales a los acusados. Toda otra afirmación contraria es voluntariamente mentirosa.

 

·      La Suprema Corte de Justicia del Uruguay, el 22 de febrero 2013,  debiendo resolver   una denuncia de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la ley 18831, dictó la sentencia n°20 “haciendo lugar, parcialmente, a la excepción de inconstitucionalidad opuesta y, en su merito, declarando inconstitucionales y, por ende, inaplicables a los excepcionantes los artículos 2 y 3 de la ley 18.8331”, determinando así que esos artículos violan los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal[51].

IV Estados Unidos de América: Roberto Bravo (caso n° 10-20559-MC-DUBÉ), 01 noviembre 2010.

·      La justicia de EE.UU, distrito del sur de Florida, rechazó el pedido de extradición solicitado por Argentina  por considerar que las declaraciones de los testigos no son creíbles, que la extradición está legalmente prescripta dado que los presuntos delitos de los que Bravo está acusado constituyen delitos políticos según lo previsto en el artículo 4 del Tratado entre los Estados Unidos y Argentina, que establece que la extradición “no se concederá si el delito por el que se solicita la extradición es un delito político.” El tribunal americano dictaminó que: “Con base en lo anterior, este Tribunal considera que el Gobierno no ha cumplido con su obligación de establecer lo extraditable ya que las declaraciones de Berger, Haidar y Camps no son creíbles y las pruebas de la defensa ha “borrado” causa probable; y la extradición está legalmente prescrita dado que los presuntos delitos de los que Bravo está acusado constituyen “delitos políticos” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado”.

 

·         “..los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma “pacta sunt servanda” están universalmente reconocidos », y “..los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades..” (Preámbulo).

·         no regula las relaciones  previstas en el derecho internacional privado, ni con las organizaciones internacionales, ella se aplica solamente a los tratados entre los Estados (art.1°),  y no los “… celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito » (art.3),

·         un  tratado es un acuerdo internacional celebrado únicamente por escrito entre los Estados….(art.2),

·         la Convención solo se aplicará después que ésta entre en vigor en los respectivos Estados (art.4) y “la regla general es que un tratado no tenga efecto retroactivo” (art. 28),

·         obliga a los Estados cumplir los tratados de buena fe (pacta sunt servanda) (art. 26). Como también está previsto en el preámbulo y en el artículo 2, inciso 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

·         los Estados no podrán argumentar el derecho interno para no aplicar un tratado (art. 27), ésta norma se aplicará sin perjuicio a las “disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados » (art. 46)

·         también de buena fe deberá interpretarse un tratado “…conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin » (31.1),  se tendrá en cuenta “…para su interpretación además del texto, el preámbulo y anexos” (31.2) y “…toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes » (art. 31.3.c).

·         como determinado en el artículo 84, la CdV:”entrará en vigor  el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión », es decir el 27 enero 1980.

·         Numerosos estudios, informes de expertos y organizaciones internacionales, reconocen  en el jus cogens el carácter de orden público internacional y preocupaciones morales. Ellos comparten el principio que“Un tratado no puede crear normas imperativas de derecho internacional, aun cuando puede desempeñar un papel en su aparición. Un ejemplo famoso es el pacto de paz de París de 1928 y la aparición ulterior de una norma de jus cogens por la que se prohíbe la guerra de agresión como crimen internacional, lo cual supuso apartarse radicalmente del concepto tradicional del derecho soberano de los Estados a declarar la guerra”[54].

·         La definición del artículo 53 sobre jus cogens tiene imprecisiones, ausencia de claridad conceptual y un carácter tautológico. La CIJ estimó que el valor de jus cogens reconocido a una regla no le confiere una competencia que ella no tendría de otra manera[55]. En otro fallo, la CIJ sin mencionar la noción de jus cogen, dictaminó no obstante el hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores fuese acusado de crímenes contrarios a las reglas con valor de jus cogens, no impide a la República Democrática del Congo de solicitar, como lo autoriza el derecho internacional consuetudinario, que su ministro beneficie de la inmunidad diplomática[56]

·        No existe en el Derecho Internacional Público un texto enumerativo de normas teniendo el carácter imperativo, ni una lista elaborada por la Convención de Viena de 1969. Los expertos de la Comisión de Derechos Internacional en 1966 “se pronunciaron en contra de la inclusión de cualquier ejemplo de norma de jus cogens en el futuro artículo 53, por dos razones. En primer lugar, la mención de algunos casos de tratados nulos por ser contrarios a una norma de jus cogens podría originar, aunque su redacción fuese muy cuidada, errores de interpretación en cuanto a la actitud concerniente a otros casos no mencionados en el artículo. En segundo lugar, si la Comisión intentara establecer una lista, aun   de carácter selectivo, de las normas de derecho internacional que han de considerarse como de jus cogens, tal vez tendría que emprender un largo estudio de materias ajenas al ámbito de los presentes artículos »[57]. Nuevamente en el 2001 la comisión de derechos internacionales, confirmó: “no es apropiado dar ejemplos de las normas imperativas a que se hace referencia.…como tampoco se hizo en el texto del artículo 53 de la Convención de Viena”[58]

·         La convención de Viena no precisa el procedimiento especifico de elaboración de normas imperativas y no se dispone de ningún criterio simple que permita reconocer que una regla general del derecho internacional es jus cognes. Ningún tratado fue anulado o declarado nulo por violación del artículo 53,  y ningún país solicitó directa o indirectamente una demanda de nulidad basada en ese artículo. La convención de Viena no precisa quien debe solicitar la nulidad.

·        Algunos miembros de la Comisión de Derecho Internacional, en 1966 sugirieron ejemplos de jus cogens (ya previstos en el preámbulo de la convención y de la ONU): «…uso ilegítimo de la fuerza con violación de los principios de la Carta; ejecución de cualquier otro acto delictivo en derecho internacional, la trata de esclavos, la piratería, el genocidio, la igualdad de los Estados, el principio de la libre determinación… »y la comisión de derecho internacional en 2006 precisa en su informe anual:« los ejemplos de normas de jus cogens citados con mayor frecuencia son las que prohíben la agresión, la esclavitud, la trata de esclavos, el genocidio, la discriminación racial, el apartheid y la tortura, así como las normas básicas de derecho internacional humanitario aplicables en conflictos armados, y el derecho a la libre determinación. Otras normas también pueden tener el carácter de jus cogens en la medida en que sean aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario »[59].

·         Desde la introducción en la CdV del artículo 103 de la carta de la ONU, este último no dejó de evolucionar en cuanto a su interpretación, clarificación y desarrollo. Llegando a ocupar espacios propios del jus cogens,

·         En la Convención de Viena numerosos países realizaron reservas al artículo 66 relacionado con la posibilidad de recurrir a la CIJ o al SG de la ONU en caso de controversia sobre la aplicación o la interpretación de los artículos 53 y 64 de la CdV como también de los artículos indicados en la parte V de la CdV. Es decir que el mecanismo previsto en la Convención de los Tratados del 69,  no podrá aplicarse entre esos Estados. ¿Cómo responder entonces a esta contradicción  dado el carácter mismo de norma imperativa, que tiene como condición aplicarse a todos los miembros de la comunidad internacional sin excepción? Argentina no realizó reservas al artículo 66.

 

·        En 1991, la comisión de arbitraje de la conferencia por la paz en ex-Yugoslavia recurre a los principios de las “normas imperativas del derecho internacional general” para introducir entre ellas el derecho fundamental de las minorías[60]. En su opinión n°1 del 29/11/1991: “….en virtud de las normas ahora obligatorio, del derecho internacional general… que pertenece a repúblicas de resolver los problemas de sucesión de Estados puede ser consecuencia de este proceso, de acuerdo con los principios y normas del derecho internacional, en particular garantizando respeto de los derechos humanos y de los pueblos y de las minorías”[61].

·         Delimitación de la frontera marítima Guinea-Bissau c/Senegal, tribunal de arbitraje, 31 julio 1989: “el tribunal reconoce implícitamente el carácter imperativo del derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero que esa regla imperativa no tiene ese reconocimiento si no dispone del corolario necesario”, página 133-134; párrafo 37, página 135, párrafo 40-41.[62]

·         Kuwait c/ Sociedad Americana Aminoil  (The American Independent Oil Company),  sentencia del 24 marso  1982, Tribunal de arbitraje: aspectos de derecho internacional y contrato de Estado. El gobierno kuwaití argumenta el jus cogens en la soberanía de recursos naturales que no fue reconocida como norma imperativa[63].

La Corte Internacional de Justiciaa lo largo de su jurisprudencia hace referencia al jus cogens, bajo formas diversas.Por ejemplo:

·        Fallo del 03 febrero 2012: Inmunidades jurisdiccionales del Estado: Alemania c/ Italia[64].El gobierno de Italia argumenta que las normas vulneradas por Alemania entre 1943-1945 son de jus cogens, según la hipótesis de que existe un conflicto entre las normas de jus cogens, que forman parte del derecho de los conflictos armados y el reconocimiento de la inmunidad de Alemania. Para Italia, las normas de jus cogens siempre prevalecen sobre cualquier norma contraria al derecho internacional, que figure en un tratado o haga parte del derecho internacional consuetudinario; la norma según la cual un Estado goza de inmunidad ante los tribunales de otro estado no tiene el carácter de jus cogens, por lo tanto, debe ser desestimada. La CIJ dictaminó lo contrario al considerar que “la República Italiana ha incumplido su obligación de respetar la inmunidad reconocida a la República Federal de Alemania en virtud del derecho internacional permitiendo que se proceda contra ella demandas civiles sobre la base de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por el Reich alemán entre 1943 y 1945”. (puntos 92-97 y 139).

·        Opinión consultiva 08 julio 1996, sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares: « …la demanda que la Asamblea General solicitada a la CIJ  plantea la cuestión de la aplicabilidad de los principios y reglas  del derecho humanitario en el caso del empleo de las armas nucleares, y sus consecuencias sobre la legalidad de la utilización de esas armas;  pero  la demanda no plantea la cuestión de  saber cuál sería la naturaleza del derecho humanitario que se aplicaría al empleo  de las armas nucleares. La CIJ no tiene entonces a pronunciarse sobre ese punto», (página 36, párrafo 83) y “Esas reglas fundamentales deben ser observadas por todos los Estados hayan o no ratificado las convenciones que las contienen, porque constituyen principios inviolables del Derecho internacional consuetudinario”,(página 257, párrafo 79)[65] 

·         Fallo 27 junio 1986, actividades militares y paramilitares Nicaragua c/ Estados Unidos América: En su sentencia la CIJ se refiere a la comisión de derecho internacional y no es su opinión: «  En su labor de codificación del derecho de los tratados la Comisión de Derecho Internacional ha expresado la opinión que el derecho de la Carta relativa a la prohibición del uso de la fuerza  constituye en sí mismo un ejemplo notable de una regla de derecho internacional que hacen parte del jus cogens”). Página 100, párrafo 190[66].   

·         Ordenanza del 15 diciembre 1979, caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos de América en Terán: « considerando que ningún Estado tiene la obligación de mantener relaciones diplomáticas o consulares con otro Estado, pero éste no puede dejar de reconocer que tienen obligaciones imperativas que están codificadas en las convenciones de Viena de 1961 y 1969”, página 20, párrafo 41[67]. 

·         Fallo del 05 febrero 1970, caso de la Barcelona Traction, light and Power Company limited (nueva demanda 1962): la C.I.J afirma  que «  una distinción esencial debe establecerse en particular entre las obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto “. En ningún momento la CIJ menciona la expresión jus cogens, ella se refiere en términos de obligaciones erga omnes : « Dada la importancia de los derechos en cuestión, se puede considerar a todos los Estados que tienen un interés jurídico en la protección de esos derechos; las obligaciones en cuestión son obligaciones erga omnes”, es decir obligaciones respecto de todos.(página 32, párrafo 33)[68]  

·         Opinión consultiva del 28 mayo 1951, reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: La CIJ se pronunció por primera vez sobre el concepto al afirmar la existencia de “principios de moral los más elementales”, (páginas 23, 24), “obligan a los Estados, incluso fuera de toda relación convencional” (página 23)[69].

La Argentina adhirió a la Convención de Viena (CdV) en completa libertad jurídica y política, las autoridades que la representaban tenían los plenos poderes para hacerlo, participaron en los debates preparatorios,  sus acciones fueron libres e independientes. Ningún argumento responsable puede manifestar que durante la firma y redacción de la convención, los miembros de la  delegación argentina fueron víctimas de un  error (art.48 CdV),  un engaño (art. 49 dolo CdV), de corrupción de uno de sus representantes (art.50 CdV),  que el consentimiento se obtuvo por coacción (art.51 CdV), o amenazas (art.52 CdV), para que después de un cuarto de siglo de silencio, unilateralmente modifique su aplicación (violando el espíritu de la CdV), argumentando interpretaciones groseras. 

·         Confunde, engaña, en cuanto a los actores partes de la convención (art 1) y a los términos empleados (art 2).

·         aplica la irretroactividad prohibida en los art 4, 28 y 84.

·         no cumple de buena fe el tratado (art. 26) ni interpreta de buena fe los acuerdos internacionales (artículos 31 y 32).

·         incumple las convenciones y los pactos internacionales (integrados en los principios de legalidad del delito y de las penas), argumentando disposiciones del derecho interno (art.27)

·         no reconoce lo dispuesto en el art.103 de la Carta de Naciones Unidos (art 30)

·         no pone en práctica las obligaciones impuestas por el derecho internacional independientes de un tratado (art. 43) como son los principios de legalidad.

·         no respeta la sección cuarta (art. 66) sobre procedimiento y  la sección quinta  (arts. 69, 70, 41) sobre las consecuencias de la nulidad, la terminación….

 

Argentina sabe que si bien se debe aplicar de buena fe un tratado (art 26), también se debe interpretar  de buena fe el mismo, teniendo en cuenta el contexto, el objetivo y el fin (art.31.1). Se debe recurrir  para ello a su preámbulo y a los anexos (art.31.2), como también a “todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las partes » (art.31.2.b), y “toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”(art.31.3c), u otros medios de interpretación complementarios como los trabajos preparatorios del tratado (art.32), pero ninguna de estas referencias se documentó en las sentencias o análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los magistrados argentinos, en las resoluciones ministeriales o de los organismos especializados, al tomar decisiones arbitrarias e ilegales contra los prisioneros y perseguidos políticos.

 

 

Efectuando una interpretación más ideológica (política de venganza) que jurídica de la convención de Viena, la justicia y el gobierno argentino actual, deforman automáticamente el tratado, no se respetan sus principios, provocando así innumerables violaciones de derechos humanos contra los prisioneros y perseguidos políticos (entre ellos los magistrados),  y a los ciudadanos en general.

Es bajo el análisis de la norma  pacta sunt servanda, los trabajos preparatorios de la Comisión de Derecho Internacional sobre el derecho de los tratados (instrumento de interpretación por el art.32), y otros pilares fundamentales en esos aspectos, que se pueden observar los ejemplos en el que Argentina voluntariamente viola derechos y garantías de los magistrados acusados ilegalmente como de los prisioneros y perseguidos políticos.  

 

 

En el preámbulo y en el párrafo 2 del Artículo 2  de la Carta de Naciones Unidas, se dispone expresamente que: “los miembros de la organización……., cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta ».

 

 

 

 

·        “…designa el texto total del tratadoen relación con una disposición determinada del mismo.…, cabe interpretar ese término en elsentido del ambiente general político, económico y social en que se ha celebrado el tratado…”[78], teniendo además en cuenta las circunstancias de su celebración, la intención de las partes, etc.… 

 

·        Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el tribunal debe determinar el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos en su contexto, a la luz del objeto y propósito de la disposición de origen (art.31.1 CdV).

·        También se puede recurrir  a los medios de interpretación complementarios, incluidos los trabajos preparatorios de la Convención, tanto para confirmar un significado determinado de acuerdo con los pasos anteriores, o para determinar el sentido cuando seria  ambiguo, oscuro o manifiestamente absurdo o irrazonable (art 32 CdV) (pagina 24, punto 62)

 

·        “« La Corte cree necesario señalar que la primera obligación de un tribunal al que incumba interpretar y aplicar las disposiciones de un tratado es tratar de darles efecto conforme a su sentido natural y corriente en el contexto en que aparecen… ». Agregándose que: “el contexto no es simplemente el artículo o la sección del tratado en que figura el término, sino el tratado en su totalidad »[79].

 

 

Derechos adquiridos:Fue un factor de extrema preocupación en los trabajos preparatorio de la convención de Viena porque el objetivo central era y lo es de respetar los derechos y las obligaciones adquiridos de los individuos. El hilo conductor de las discusiones sobre este punto fue a partir de la reflexión: “….si antes de la abolición de la esclavitud se hubiera concertado un tratado sobre tráfico de esclavos, cabe preguntarse si se han de respetar los derechos adquiridos en virtud de ese tratado o si se debe considerar que ese cambio de orden público exige la revisión de los actos ejecutados antes de la aparición de la nueva norma, lo cual equivaldría a negar los derechosadquiridos. Hace muy poco, y después de haber entrado en vigor las normas de la Carta de las Naciones Unidas, se afirmaba que los derechos adquiridos deben respetarse aunque se hayan producido cambios en el orden público internacional. Se trata por tanto de una cuestión importantísima pues lleva implícito no sólo el problema de la validez de los tratados sino quizá también el de la validez de las situaciones creadas en virtud de un tratado que se ha extinguido pero que no era nulo ab initio”[80]. La cuestión que se planteaban era si los actos realizados de conformidad con un tratado antes de que surgiera un nueva norma de jus cogens son no sólo válidos sino lícitos; se trata entonces de evitar que por efecto de la retroactividad pase a ser ilícito y plantee una cuestión de responsabilidad el acto realizado de conformidad con el tratado[81].

 

·         los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado; (art. 69, 3.b CdV). El objetivo de este artículo se refiere únicamente a los efectos jurídicos de la nulidad de un tratado, y no a la responsabilidad ni a la reparación que resulten de los actos que den lugar a la nulidad del tratado[82]

·         no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación. (art. 70, 1.b CdV). Se quiso puntualizar que esta definición se refiere exclusivamente a los derechos, obligaciones o situaciones jurídicas de los Estados partes en el tratado, creados por la ejecución de éste y no guarda ninguna relación con el problema de los derechos adquiridos de las personas[83]

·         no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación; sin embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional general (71, 2.b CdV)

 

Durante las discusiones preparatorias de la CdV, se consideró que el derecho internacional no es favorable a retroactividad, ni de la irretroactividad. A la pregunta ¿cuál es la norma general que la Comisión quiere enunciar?, la respuesta de la misma fue “La de la irretroactividad”[85] y una de las preocupaciones centrales fue que la aplicación de la retroactividad provocaría entre sus numerosas consecuencias negativas: “demasiadas incertidumbres jurídicas, la validez de un gran número de tratados estaría en juego, entre ellos los Tratados de Paz”.[86] Se trata de evitar que por efecto de la retroactividad un acto pase a ser ilícito y se plantee una cuestión de responsabilidad con el acuerdo realizado de conformidad con un tratado vigente en ese momento[87].

·         Las palabras « será nulo y terminará » expresan con toda claridad que la aparición de una nueva norma de jus cogens no tiene efectos retroactivos sobre la validez del tratado. La nulidad se produce únicamente a partir del momento en que se establece la nueva norma de jus cogens. El carácter irretroactivo de las normas de los artículos 50 (actual 53) y 61(actual 64) se subraya también en el párrafo 2 del artículo 67 (actual 71) que dispone de la manera más explícita que la terminación de un tratado como consecuencia de la aparición de una nueva norma de jus cogens no tendrá efectos retroactivos. No cabe admitir que el artículo sobre el jus cogens tenga efectos retroactivos[89].

·          “…la Comisión ha dicho ya que una norma de jus cogens no tiene efectos retroactivos ni priva a ningún tratado existente de su validez antes del establecimiento de esa norma como norma de jus cogen »[90]

·          “…la Comisión juzgó conveniente reiterar la diferencia entre los efectos de anulación en virtud del artículo 50 (actual 53) y los de terminación en virtud del artículo 61(actual 64), habida cuenta de los errores de interpretación que se advierten en las observaciones de algunos gobiernos acerca de la posibilidad de aplicación retroactiva de esos artículos”[91], es decir que “…no se podrá anular con efecto retroactivo un derecho, una obligación o una situación jurídica válidos originalmente…”[92]

 

·         En 1939, numerosos militares poloneses fueron tomados prisioneros por el ejército soviético, ejecutados en 1940 y enterrados en fosas comunes. En 1942-1943 se descubrió ese lugar de donde se pudo exhumar 4243 cuerpos e identificar 2730 personas sur un total de alrededor 11000 oficiales prisioneros. Los soviéticos acusaron a los alemanes de ser los responsables de ese crimen de guerra y el caso fue tratado durante el juicio de Núremberg donde los soviéticos influenciaron el proceso sin conocerse los resultados. Rusia reconoció su responsabilidad en 1990. Salvo los familiares de los 2730 prisioneros identificados, el resto ignoraban el destino de sus familiares.

·         “La Corte recuerda que las disposiciones del Convenio (CEDH) no serán vinculantes para las Partes Contratantes por los actos o hechos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Convención respecto de esa parte (la “fecha crítica”) o relativamente a situaciones que han dejado de existir, antes de esa fecha. Se trata de un principio constante en la jurisprudencia de la Corte, fundada sobre la norma general de derecho internacional consagrada en el artículo 28 de la Convención de Viena”[93]. El TEDH es competente, en este caso, a partir del 05 de mayo 1998, fecha de entrada en vigor para Rusia de la Convención.

 

 

Teniendo presente que:

·         los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, integran el preámbulo de la CdV;

·         la normaprevista en el preámbulo y en el artículo 2, inciso 2 de la Carta de las Naciones Unidas está representada en el artículo 26 de la convención de los tratados,

·         el artículo 30.1, de la CdV, refiere que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinaran conforme a los párrafos siguientes”,

·         el artículo 103 de la ONU, dice: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”[94].

 

Es decir que en caso de conflicto, el Estado correspondiente deberá cumplir la obligación establecida en la Carta y cumplir los deberes que le impongan otros acuerdos en la medida en que sean compatibles con las obligaciones establecidas en la Carta  (pag.195, punto 334)[95].

 

·         « El artículo 103 de la Carta contiene garantías suficientes y emplea términos que le dan un carácter absoluto cuando declara que, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta y sus obligaciones en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta » (pag.67, punto 22)[96].

·         « El Artículo 103 de la Carta es una disposición que fundamentalmente enuncia una norma…. tiene por objeto sentar la prelación de las obligaciones contraídas por los Miembros en virtud de la Carta….La Comisión decidió, al exponer las normas sobre la aplicación de tratados que contienen disposiciones incompatibles, reconocer la primacía del Artículo 103 de la Carta; es decir, reconoció la primacía de la norma del Artículo 103” (pag.26, punto 3)[97], respeto de todas las obligaciones de los Estados miembros.

 

En 2006, el Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho Internacional (A/CN.4/L.682, del 13 abril 2006),[98] realizó clarificaciones esenciales al posible conflicto de normas entre el artículo 103 de la Carta de las Naciones y el jus cogens:

 

El Pacto de la Sociedad de las Naciones contenía una disposición (art.20) que indicaba que el propio Pacto era un “derecho superior” respecto de otras obligaciones internacionales » Este articulo orientó las bases del futuro articulo 103, (puntos 328-29, página 192)[99] pero a diferencia del Pacto, “el artículo 103 hace extensiva la prioridad de las disposiciones de la Carta también a los futuros acuerdos de los Miembros, así como a sus acuerdos con los Estados no miembros de las Naciones Unidas » ( punto 330, página 192)[100].

 

·        « El Artículo 103 no dice que la Carta prevalece, sino que hace referencia a las obligaciones impuestas por la presente Carta. Aparte de los derechos y obligaciones previstos en la propia Carta, esto comprende también los deberes basados en decisiones vinculantes de órganos de las Naciones Unidas. El caso más importante es el del Artículo 25 que obliga a los Estados Miembros a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta. Aun cuando en la Carta no se especifica expresamente la primacía de las decisiones del Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 103, ha sido ampliamente aceptada tanto en la práctica como en la doctrina » (punto 331, pag.193)[101].

 

El Artículo 103 debe interpretarse en relación con los artículos 24.2, 25 y 48, y con el carácter de la Carta como documento básico y “constitución” de la comunidad internacional. Por tanto, las ideas en que se basa el Artículo 103 son también válidas en caso de conflicto entre las obligaciones de la Carta y las obligaciones distintas de las contenidas en tratados (pag.200-201, punto 344)[102]

 

·        «…no se trata de una cuestión de validez sino de prioridad. La norma de rango inferior se deja simplemente de lado en la medida en que sea contraria a la obligación establecida en el Artículo 103 », (punto 333, página 194)[103]

·        « …parece lógico sumarse a la opinión dominante de que el Artículo 103 debe interpretarse de manera extensiva, y afirmar que las obligaciones establecidas por la Carta prevalecen también sobre las obligaciones de derecho consuetudinario de los Estados Miembros de las Naciones Unidas » (punto 345, página 201)[104]

 

El Consejo de Seguridad a menudo indica que sus resoluciones prevalecen no sólo sobre otras obligaciones internacionales sino también sobre los contratos de derecho privado, las licencias, los permisos y estipulaciones análogas (punto 332, página 194)[105]. Ejemplos de esas decisiones de aplicación obligatoria para los Estados miembros de la ONU, son:

–          Decidido también a velar por que se respete sus decisiones y  las disposiciones de los artículos 25 y 48 de la Carta….

–          Recordando las disposiciones del Artículo 103 de la Carta,

–          Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta,…

–          Exhorta a todos los Estados a que cumplan con su obligación de velar por la estricta y cabal observancia de la resolución 661 (1990)

–          « Exhortar a todos los Estados, incluidos los Estados no miembros de las Naciones Unidas, y a todas las organizaciones internacionales, a que actúen estrictamente de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución, no obstante la existencia de cualesquiera derechos u obligaciones conferidos o impuestos por algún acuerdo internacional o cualquier contrato concertados antes del 15 abril 1992  o por cualquier licencia o permiso otorgados antes de esa fecha »

 

·         Considerando que tanto Libia como el Reino Unido, como Miembros de las Naciones Unidas, están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 25 de la Carta;

 

·         El principio de superioridad de la Constitución sobre los Tratados

·         Los tratados se sitúan entre la Constitución y las Leyes.

·         La Constitución fija las modalidades de introducción de los tratados en derecho nacional.

·         La supremacía de la Constitución en  el orden interno es una realidad ineludible.

·         Las autoridades judiciales o administrativas no pueden aplicar una ley incompatible con un Tratado.

·         La costumbre internacional como fuente del derecho es admitida como doctrina, pero ninguna disposición de la Constitución prescribe o hace prevalecer la Costumbre sobre la Ley.

·         La costumbre puede tener una influencia en derecho interno, a condición que se demuestre con certeza la existencia y el reconocimiento, pero sobretodo esta costumbre debe ser creadora de derechos y obligaciones en beneficio de los individuos para que pueden valerse ante los tribunales.

·         Una juez no dispone de ninguna habilitación constitucional para hacer prevalecer una costumbre sobre la ley.

 

La Argentina  debe respetar los tratados firmados, no pudiendo protegerse detrás de los fallos de la CSJN porque de esa forma viola el artículo 27 de la CdV   « Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 ». Además, tiene  obligaciones impuestas por el derecho internacional independiente de un tratado: “La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la aplicación de la presente Convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado », (articulo 43 CdV), esas obligaciones son las correspondientes a los principios de legalidad.

 

 

 

 

SITUACION DE MAGISTRADOS, JUECES, FISCALES  ACUSADOS DE CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD O DE DELITOS CONEXOS (liste non exhaustiva)[111]

Situación de magistrados y miembros del poder judicial (en actividad, jubilados, o habiendo ejercido durante los años 70) perseguidos por el gobierno argentino (ante la justicia, consejo superior de la magistratura, demisión forzada, denuncias en cursos…).

1-      ADAMO, Héctor Carlos, ex juez federal La Plata, acusado complicidad crimen contra la humanidad 

2-      ALLEVATO, José Domingo,  ex juez. Acusado robo  de niños en el gobierno militar Denuncia Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense

3-      ALLENDE, Eduardo Francisco, ex juez San Luis, acusado crimen contra la humanidad

4-      ALI FUAD ALI,  ex fiscal federal Córdoba, acusado crimen contra la humanidad.

5-      ALVAREZ de ESTRELLA, Ana Cecilia, juez federal Rio Gallegos, acusada de « convivencia con genocidas » y demora en las causas de crimen contra la humanidad

6-      BAILAQUE, Marcelo, juez Santa Fe, denuncia ante el Consejo de la magistratura sobre su rol bajo el gobierno militar.

7-      BERGESIO, Conrado,  ex juez federal San Isidro. Renuncia. Acusado de dilatar la causa Noble (grupo Clarín) y de su rol bajo el gobierno militar.

8-      BISCORDI, Alfredo, juez cámara de casación. Juicio político comisión parlamentaria. Persecuciones, y “demisión forzada”. 

9-      BLANCO, Manuel Humberto, juez federal La Plata. Denunciado por varias ONG cercanas al gobierno. Acusado de demorar los juicios de crimen contra la humanidad. 

10-   BOGGIANO, Antonio,  magistrado CSJN, juicio político comisión parlamentaria, destitución en 2005  

11-   BRUSA, Victor Hermès,  juez federal Santa Fe. Destituciónpor consejo de la magistratura. En prisión, juzgado, condenado por crimen contra la humanidad.

12-   CALUPO de DURAŇONA y VEDIA, Ana María, ex magistrada cámara de casación penal, acusada de paralizar los casos de crímenes contra la humanidad 

13-   CARO, Rubén Omar, juez federal Zapala, juicio consejo de la magistratura.  

14-   CARRIZO ELST, Rolando Evaristo, juez federal, Mendoza,  acusado de crimen y delito bajo el gobierno militar y crímenes contra la humanidad

15-   CATALAN, Roberto, ex juez federal La Rioja, acusado crimen contra la humanidad

16-   CHIARO, Lisandro, secretario juzgado menores de Lomas de Zamora, acusado apropiación ilegal de menores.

17-   CORDOBA, Luis Ángel, ex juez federal, Resistencia, denuncia consejo de la magistratura Acusado violación de los derechos humanos, detenido.

18-   CORNEJO, Antonio Sebastián, ex fiscal federal Córdoba, acusado crimen contra la humanidad. Detención

19-   DALMARONI, Rómulo, ex juez La Plata, investigación sobre su participación violación derechos humanosbajo el gobiernomilitar.

20-   DECASTELLI, Héctor Hugo, ex magistrado  La Plata,  investigación rol bajo el gobierno militar, complicidad judicial con terrorismo de estado

21-   DE LA SERNA, Héctor Ricardo, ex magistrado La Plata, investigación complicidad judicial terrorismo de estado.

22-   DELFIN CASTRO, Juan, juez, acusado en los casos (identidad) de robos de bebes  acusado por Abuelas de Plaza de Mayo

23-   DEMARCHI, Gustavo Modesto, ex fiscal federal Mar del Plata. Colombia le niega demanda asilo político, extradición a Argentina. Acusado crimen contra la humanidad. En prisión.

24-   DUPRAT, Gustavo Andrés, juez Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca acusado de ayudar a inculpados de crimen contra la humanidad. Sancionado por el consejo de la magistratura.

25-   FAGGIONATTO MARQUEZ, Federico Efraín, ex juez federal Campana, jurado de enjuiciamiento de magistrados, destitución por graves demoras e irregularidades en casos de crimen contra la humanidad   

26-   FARIAS, Ricardo, juez federal acusado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación

27-   FERNANDEZ, María Beatriz, juez federal, cámara de apelación federal Resistencia. Juicioconsejo de la magistratura.

28-   FLORES LEYES, Carlos, fiscal federal Chaco. Juzgamiento consejo de la magistratura.

29-   GALVEZ, Miguel Ángel, investigado por el consejo de la magistratura, entre otros hechos por la fuga de acusados de crimen contra la humanidad.

30-   GARCIA, Emilia Marte, juezfederal, suspendidoporConsejo de la Magistratura, demisiónforzada, acusadorelaciones con militares.

31-   GARCIA, Luis María, juez Cámara Federal de Casación Penal. Denunciado por la Secretaria de los Derechos Humanos de la Nación.

32-   GARZON DE LAZCANO, Cristina, ex juez federal Córdoba, acusada colaboración con militares de los años 70.

33-   GERMANI, Ricardo,  juez de falta Bahía Blanca. Denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal por haber sido agente de inteligencia militar,

34-   GIROTTI, Gloria, juez federal Bahía Blanca, docente universitaria, pasa ante el tribunal de disciplina por haber sido magistrada durante el gobierno militar

35-   GORDO, Guillermo André,  juez federal. Denunciado por la Secretaria de los Derechos Humanos de la Nación.

36-   GUERELLO, Luis Carlos,  ex magistrado cámara federal La Plata, acusado participación crimen contra la humanidad.

37-   GUTIERREZ, Martín Francisco, conjuez Rosario, renuncia por la presión y las amenazas públicas del gobierno nacional.

38-   GUZZO, Gabriel Francisco, ex juez federal, Mendoza, acusado crimen contra la humanidad

39-   HARO, Ricardo, magistrado, Córdoba, acusado crimen contra la humanidad Detención.   

40-   HEJT, Ofelia Edith (fallecido), ex juez de menores, sospechas entrega de menores por adopción amigos de militares. Acusado de complicidad con el gobiernomilitar.

41-   HOOFT, Pedro Cornelio Federico, juez penal Mar del Plata,  acusado crimen contra la humanidad. Denunciado por la secretaria de los derechos humanos de la nación.

42-   HORNOS, Gustavo,  juez cámara casación penal. Acusado de paralizar las causas de crimen contra la humanidad.

43-   INDA, Toma J. A,  (fallecido), ex juez federal cámara de apelación federal. Resistencia. Juicio ante el consejo de la magistratura.  

44-   LEDESMA, Ángela, juez cámara federal, denunciado por la Secretaria de los Derechos Humanos de la Nación. 

45-   LIENDO ROCA, Arturo, ex juez federal Santiago del Estero, acusado crimen contra la humanidad. 

46-   LONA, Ricardo, ex juez federal, cámara de apelación federal, Salta. Acusado crimen contra la humanidad. Juicioconsejomagistratura.

47-   LOPEZ, Julio, magistrado la CSJN,  demisión bajo presión de juicio político en 2003.

48-   LOPEZ, Axel,  juez penal, Chaco.  Juicio consejo de la magistratura Demanda de juicio político de las Madres del dolor.

49-   LOPEZ, Luis Eduardo (camarista federal, Santiago del Estero). Acusado crimen contra la humanidad.

50-   MADUEÑO, Guillermo Federico,  (fallecido en prisión), ex juez, Bahía Blanca. Acusado crimen contra la humanidad 

51-   MARCHETTI, Juan Carlos, ex juez menores, acusado crimen contra la humanidad. 

52-   MARQUARDT,  Eduardo Francisco, (fallecido), ex juez federal, acusado de colaboración con el gobierno militar. 

53-   MARQUEVICH, Roberto José,  juez federal, San Isidro, Buenos Aires. Juicio consejo de la magistratura    

54-   MARTINEZ, Ángel Nelly, (fallecida), ex fiscal federal, acusada complicidad crimen contra la humanidad.  

55-   MARTINEZ SOBRINO, José,  juezfederal, vice presidente Tribunal Federal. Acusado en los juicios de robo de niños bajo el gobierno militar.

56-   MAYON, Carlos Alberto,  ex fiscal federal, acusado de complicidad crimen contra la humanidad.

57-   MAZZONI, Roberto Domingo, fiscal cámara federal, ex secretario federal, Chaco. Denuncia de la  secretaria derechos humanos de la nación 

58-   MEDINA, Miguel,  juez federal Jujuy,  juicio consejo de la magistratura, por retraso en la instrucción de casos de crimen contra la humanidad.

59-   MITCHELL, Wagner Gustavo, ex magistrado, renunciaforzada. Acusadocomplicidad con militares, entrega de menores a las familias de militares de manerairregular.

60-   MIRET CLAPÉS, Luis  Francisco, ex juez,  Mendoza. Juicio consejo magistrado, destitución. Acusadocrimen contra la humanidad

61-   MOLINA, Luis Eduardo, magistrado, defensor oficial, Córdoba. Acusado crimen contra la humanidad. Detención. 

62-   MOLINÉ O’CONNER, Eduardo, magistrado CSJN, juicio político comisión parlamentaria 2003. Relaciones con el gobierno militar 

63-   MONTEZANTI, Néstor, camarista, Bahía Blanca, presión por haber sido agente de inteligencia militar

64-   MONTTI, Víctor, ex juez en Santa Fe. Acusado de no investigar delitos de crimen contra la humanidad.

65-   NAZARENO, Julio, magistrado de la CSJN, renuncia forzada, presión gobierno Kirchner 2003. Acusado relacions con militares.

66-   NIEVA WOODGATE, Federico Guillermo, juez penal, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Juicio politico, comisión bicaméral Buenos Aires. 

67-   OBLIGADO, Daniel,  juezfederal, denunciadoporSecretaria de los DerechosHumanosNación

68-   OLEA, María Laura,  magistrada cámara casación. Investigación por ser la abogada (con autorización del procurador) de su padre, un militar acusado de crimen contra la humanidad.

69-   OLIVERA PASTOR, Carlos, juez, Jujuy. Juicio consejo de la magistratura.  Demisión

70-   OLMEDO de ARZUAGA, Santiago David, ex juez federal, Santiago del Estero, acusado crimen contra la humanidad.

71-   OTERO ALVAREZ, Carlos, ex juez federal, Córdoba (« demisión en 2009 », investigación consejo de la magistratura). Acusado crimen contra la humanidad. Detención. 

72-   PELLICIER, Norma Susana, secretaria juzgado menores Lomas de Zamora, acusada apropiación ilegal de menores 

73-   PEREYRA GONZALEZ, Carlos Martin, ex juez San Luis, acusado crimen contra la humanidad 

74-   PETRA RECABARREN, Guillermo Max, juez federal, Mendoza,  juicio consejo de la magistratura. Acusado crimen contra la humanidad.

75-   PETRA FERNANDEZ, Julio.  Ex juez federal, Mendoza. Demisión a fin evitar proceso ante el consejo de la magistratura. Acusado de ayudar al ex juez Romano.  

76-   PONS, Martha Délia (fallecida), ex juez de menores Lomas de Zamora. Acusada de complicidad con el gobiernomilitar.

77-   PRADAS, Rodolfo. Juez, Mar del Plata,  acusado de anomalías de procedimientos en los casos de crimen contra la humanidad. 

78-   PUGA, Miguel Ángel, ex juez federal, Córdoba. Acusado crimen contra la humanidad. Detención.

79-   RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato, camarista federal, Salta.  Acusado de ayudar al ex juez Olivera Pastor.

80-   RAGO GALLO, Leopoldo. Investigado por el consejo de la magistratura

81-   RAIMUNDI, Antonio Andrés, ex fiscal La Plata, acusado crimen contra la humanidad, unidad carcelaria n°9.

82-   RESKA, Domingo, magistrado federal, Resistencia,  denunciado ante el consejo de la magistratura.

83-   RIGGI, Eduardo,  juez cámara de casación, denunciado por la Secretaria de los Derechos Humanos de la Nación por haber autorizado la libertad de acusados de crimen contra la humanidad.   

84-   RIVAROLA, Guillermo, ex juez, investigación sobre el su rol bajo el gobierno militar.

85-   ROJAS, Diómenes. Juez cámara federal, Resistencia,  denunciado ante el consejo de la magistratura.

86-   ROQUE ROMANO RUIZ, Otilio Irineo,  magistrado  Mendoza, « demisión », proceso consejo de la magistratura. Solicita asilo político en Chile. Extradición en curso. Acusado crimen contra la humanidad. 

87-   ROMERO VICTORICA, Juan  Martin, ex fiscal. Acusado de ayudar a militares buscados por la justicia y de tener lazos con el gobierno militar. 

88-   RUEDA, Luis,  magistrado. Presidente de la cámara federal, Córdoba.  Acusado de colaboración activa con los servicios de inteligencias del gobierno militar.

89-   RUSSO, Leopoldo José, (fallecido), ex juez federal,  acusado colaboración con acusados de crimen contra la humanidad.

90-   SAA, Hipólito,  ex fiscal federal, acusado crimen contra la humanidad.

91-   SANCHEZ FREYTES, Alejandro,  juez federal Córdoba. Acusado de favoritismo con los autores de crimen contra la humanidad.

92-   SARMIENTO, Rafael, ex juez federal. Juicio sobre su rol bajo el gobierno militar.

93-   SIERRA, Hugo Mario,  ex magistrado federal, Bahía Blanca, acusado crimen contra la humanidad. Detención. 

94-   SOBRINO, José Martínez, magistrado, vicepresidente del Tribunal Oral Federal número seis, acusado robo de niños bajo el gobierno militar. Denuncia Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

95-   SORIA, Pedro Luis (h),  ex juez La Plata. Acusado crimen contra la humanidad. Prisión. 

96-   SOSA ARDITI, Enrique,  juez de instrucción de Mendoza.

97-   SMART, Jaime, ex juezcámarafederal. Ex ministro de la provincia de Buenos Aires. Acusado de crimen contra la humanidad. Prisión.

98-   TEODORI, Ana María,  ex jueza federal, Mar del Plata,  acusada crimen contra la humanidad. Detención.

99-   TERAN, Federico Felipe, juez federal de Tucumán. Juicio consejo de la magistratura.

100-                      TORCUATO MARTINEZ, Manilo, ex juez federal Tucumán. Acusado complicidad crimen contra la humanidad.

101-                      TORINO, Juan María,  ex juez federal, acusado complicidad crimen contra la humanidad.

102-                      TRAGAN, Guillermo, juez federal, denunciado por la Secretaria de los Derechos Humanos de la Nación

103-                      VAZQUEZ, Adolfo Roberto,  magistrado de la CSJN, renuncia forzada en 2003, amenaza juicio político.

104-                      VAZQUEZ, Ricardo , ex juez en Santa Fe

105-                      VELAZQUEZ, Juan Leopoldo, magistrado, presidente del Tribunal Oral Criminal Federal, Bahía Blanca. Acusado vínculos con gobierno militar.

106-                      VERA CANDIOTI, Luis María, ex juez de menores en Santa Fe. Acusado de apropiación de menores en el gobierno militar.

107-                      VILLAFUERTE RUZO, Carlos. Juez federal, San Nicolás,  denuncia por demorar los procedimientos en los casos de crimen contra la humanidad.

108-                      VIVAS, Luis José, ex juez federal Formosa, acusado colaborar con la dictadura.

109-                      YACOBUCCI, Guillermo,  magistrado, proceso ante el consejo de la magistratura. Amistad con acusados de crimen contra la humanidad. Denunciado por la Secretaria de los Derechos Humanos de la Nación.

110-                      ZAMBONI LEDESMA, Adolfo, (fallecido) ex juez federal. Córdoba, acusado vínculos con el gobierno militar.

 

A esa lista, hay que agregar:

1-      La inculpación de 437 magistrados y funcionarios del poder judicial en funciones entre 1976 y 1983, como consecuencia de las denuncias realizadas por la asociación madres de plaza de mayo en 1991 y  2001 respectivamente http://www.lafogata.org/proyecto/judicial.htm      http://www.elmartillojudicial.com.ar/2011/05/03/denuncia-de-hebe-de-bonafini/   

 

 

 

 

 

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