El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó ayer al secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien juró como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura y planteó que los jueces se dediquen a hacer política.
“Las declaraciones [de Álvarez] lamentablemente resultan una nueva expresión del pensamiento sesgado que refleja la raíz autoritaria de un propósito contrario a los principios más elementales de la Constitución, la forma republicana y democrática de gobierno”, expuso el directorio del Colegio de Abogados porteño en un comunicado donde le pidió al funcionario que se retracte en sus dichos. En el caso contrario, adelantaron, le pedirán la renuncia al cargo de consejero.
A su vez, la entidad objetó las expresiones del nuevo consejero, quien había dicho: “Fomentar la conciencia social en los jueces es parte de ese proceso de democratización judicial”. En este sentido, el Colegio de Abogados sostuvo que Álvarez “confunde los conceptos «mayoría» con «totalidad»; «política» con «omnipotencia» y «administración de justicia» con «abuso de poder»”. El Colegio de Abogados porteño recordó que cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura “acertadamente sostuvo que los jueces deben actuar en forma independiente e imparcial, como custodios de estos derechos y principios a fin de no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos”.
Para el directorio del Colegio de Abogados, las designaciones propuestas por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura de los jóvenes camporistas Álvarez y Eduardo “Wado” de Pedro “encarnan la expresión del relato oficial hegemónico y la perspectiva desfigurada de la realidad de la que se pretende consagrar un rito, no exento de marcado fanatismo”.
Así, el Colegio destacó que “resulta claro que el propósito central no es otro que intensificar la vía de hostigamiento a los magistrados independientes e imparciales en el ejercicio de su función como lo viene haciendo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó”.
fuente lanacion