… “aseguró hoy el penalista Jorge Vitale, iniciador de la causa 6204/11 *inmovilizada* hasta hoy por el juez federal Marcelo Di Giorgi.
El denunciante aclaró que la Auditoría General de la Nación consigna en su informe que el Gobierno había entregado a Bonafini $745 millones, *cuando en realidad le entregó $1.200 millones, de allí el millonario faltante* precisó
Otro dato que expone Vitale, saliendo al cruce de las afirmaciones que tuvo hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, es que en la provincia del Chaco *se produjeron enormes sobreprecios*. En su demanda cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, quien afirmó entonces que *el gobierno nacional le paga a la Fundación $210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $81.000 por unidad.*
Sin embargo, Capitanich aseguró en su conferencia de prensa de esta mañana que * las viviendas se han construido y los recursos han sido eficazmente empleados*
Una parte de esta investigación judicial había estado a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, a pesar que la denuncia principal estaba en manos de Di Giorgi. Esta maniobra había tenido como objetivo cargar la responsabilidad del fraude al Estado sólo en las espaldas de Sergio y Pablo Schoklender, para poner a salvo la gran responsabilidad de Bonafini, De Vido y numerosos funcionarios más.
Pero la Sala 1 ordenó acumular la causa en manos de Martínez Di Giorgi, condiciones que hacen pensar que el magistrado no pueda seguir inmovilizando la investigación, con el riesgo de que pueda prescribir.
*La Fundación debe dejar de ser vista commo damnificada para pasar a ser imputada* estima el denunciante, pero el oficialismo insiste en encubrir.
El dato fundamental es que el Gobierno Nacional le entregó a la Fundación que preside Bonafini, $1.200 millones, pero sólo una de cada cinco viviendas fueron construídas.
. A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los Contratos y que autorizaron los pagos. Y Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor Kirchner le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la entonces titular de esa institución, Felisa Micheli.
En su momento, un peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese *faltante* sería de $ 450 millones, ya que el Gobierno le entregó a los responsables del Programa $1.200 millones , pero lo cierto es que de las 15.000 viviendas previstas, sólo fueron entregadas 2.000 unidades
Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos hayan sido llevados sólo por los hermanos Schoklender, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales. Así se concluye en la causa 6204/11 que inició el abogado Jorge Vitale, que tiene paralizada el juez federal Marcelo Di Giorgi. Está caratulada *Violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos* contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa *Sueños Compartidos* .
En los fundamentos de la demanda se señala que la ejecución del plan de viviendas *Sueños Compartidos registra“sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”.
También se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida ción que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.
Y se denuncia que esas viviendas son en base a “ planchas de telgopor de 8 centimetros , reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.
Un dato complementario indica que esas planchas salen de una fábrica que funcionaba en el barrio porteño de de Barracas con maquinarias adquiridas en 2 millones de euros. En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $81.000 por unidad. Vitale.
También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que constató las deficiencias de esas construcciones:* Mal diseño de la carpintería en el 16,5% de las viviendas auditadas; * Deficiente aislamiento térmico de los muros exteriores en el 14,5% de los casos;* Deficiente diseño funcional de futuras ampliaciones;* Desprolijidades en la ejecución de la mampostería;* Humedades con salitre;* Revoques con ondulacionesexcesivas.Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.* “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”*“Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”
Por último se refiere a la ausencia de controles, ratificados en el informe de la Auditoría General de la Nación que encabeza Leandro Despouy, tanto sobre la operatoria financiera,como en la ejecución de las obras.
Por consiguiente, la afectación de fondos públicos de la Nación, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Naciona Aníbal Fernándezl, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”
En definitiva, lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación, como el Gobierno pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales.
Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE..
Lo que resta a la Cámara es determinar a los funcionarios que habilitaron el pago de los $ 1.200 millones, sin controlar que sólo se había construido la cuarta parte de las viviendas y además, con sobreprecios notorios.
Por último, sería oportuno investigar además a la empresa Meldorek SA y Antártida Argentina SA por sus vínculos con empresas uruguayas, como por ejemplo P.P B Bursátil, que es la misma que intervino en el manejo de los fondos de The Old Fund, destinados a la compra de Calcográfica Ciccone, como también manejó el dinero para pago de sueldos *en negro* de funcionarios del Partido Popular español.
fuente caraycecaonline.com.ar