Una pelea entre cordobeses puede acabar con uno de los secretos mejor guardados del kirchnerismo: por qué el Estado pagó cuantiosas indemnizaciones a familiares de guerrilleros como si hubieran sido víctimas de la dictadura o de un grupo paraestatal cuando, en realidad, murieron atacando cuarteles, fusilados por Montoneros o fuera del país, sin relación con la última dictadura.
Hasta ahora se pensaba que una investigación así, que afecta la política de derechos humanos del oficialismo, debía esperar, en el mejor de los casos, al cambio de gobierno, en 2015, pero el viernes pasado el juez federal Claudio Bonadío concretó un allanamiento a la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el microcentro porteño, para incautar una treintena de legajos.
Voceros de la Secretaría indicaron que Bonadío pudo llevarse parte del material que buscaba y que ellos le enviarían el resto de la información en los días sucesivos.
El allanamiento fue originado por una denuncia penal presentada por Julio César Aráoz, exsecretario de Energía y exministro de Desarrollo Social, entre otros cargos, contra el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, también cordobés, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
Durante más de dos años, Aráoz reclamó el pago de la indemnización prevista para los ex “presos políticos” ya que entre 1970 y 1973 estuvo detenido por su militancia en la Juventud Peronista.
Aráoz sostiene que no le pagan porque es “discriminado, junto a numerosos presos políticos, al no ser adherente al actual gobierno y especialmente al grupo denominado La Cámpora, que maneja dicha secretaría”.
Al principio, esta reparación económica beneficiaba solo a los presos durante la última dictadura, pero luego leyes sucesivas, apoyadas por la oposición, fueron ampliando la indemnización hasta alcanzar ahora a todos los detenidos por razones políticas, gremiales o estudiantiles desde el 16 de junio de 1955.
La investigación de Bonadío también apunta a definir la cantidad de dinero pagada por el Estado para indemnizar no solo a los “presos políticos” sino también a los familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
La única cifra oficial que se conoce indica que hasta 2007 esos pagos alcanzaban, aproximadamente, al equivalente de 1.700 millones de dólares.
Además, en forma indirecta permitirá conocer el número de desaparecidos y muertos durante la dictadura ya que Bonadío solicitó el listado de personas contempladas en las indemnizaciones. El Gobierno continúa sosteniendo que fueron 30 mil personas, pero el último documento oficial que se conoce, de 2006, indica que fueron 7.158, según revelé en mi libro ¡Viva la sangre!
Entre los legajos solicitados por el juez se encuentra el de Fernando Haymal, un cordobés de 26 años que, como expliqué en ¡Viva la sangre!, fue fusilado por Montoneros el martes 2 de septiembre de 1975, acusado de traición y delación según el comunicado publicado en Evita Montonera, la revista oficial de esa organización político militar peronista.
Sin embargo, los parientes de Haymal fueron indemnizados como si hubiera sido una víctima del Terrorismo del Estado, de acuerdo a una ley sancionada en los noventa, durante el menemismo.
Durante la investigación para mi libro ¡Viva la sangre!, intenté consultar ese legajo incluso apelando a las normas que garantizan el derecho al libre acceso a la información pública, pero en todos los casos me encontré con la negativa de las autoridades, que argumentaron la necesidad de preservar los datos de los beneficiados.
Uno de los interrogantes que me interesaba responder era el nombre del o de los abogados que habían logrado ese pago.
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