Ambas por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, por conformar una supuesta asociación ilícita y por un presunto incumplimiento de sus deberes como funcionaria, entre otros delitos.
Las dos denuncias fueron radicadas por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, y por sorteo quedaron en manos de los jueces federales Julián Ercolini y Claudio Bonadio, aunque por ahora serán los fiscales Eduardo Taiano y Federico Delgado quienes definirán si corresponde que se abran sendas investigaciones en el fuero federal.
La primera denuncia, del 17 de este mes, se centró en Gils Carbó, pero se extendió a sus hijas Damiana y Alexia Alonso, quienes conforman junto a Andrea Álvarez la fundación Mercado y Transparencia, con la que controlan una página de Internet desde la que difunden información favorable a la funcionaria.
Según la denuncia, sin embargo, desde ese portal de Internet se difundió información confidencial y protegida por la ley en distintos expedientes penales bajo el secreto de sumario, así como se utilizó como herramienta oficiosa de la Procuración para “amenazar de manera velada” a distintos fiscales que no se alinean con las directivas de Gils Carbó.
De ese modo, según el denunciante, una de las hijas de Gils Carbó, Damiana Alonso, trabaja en la unidad antilavado (UIF) al mismo tiempo que desde Mercado y Transparencia revela datos confidenciales o publica críticas contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, distintos jueces, como Julián Ercolini y Sergio Torres, y fiscales, como José María Campagnoli, o el Grupo Clarín, entre otros.
“AMENAZAS VELADAS”
Esas publicaciones, según Sánchez Kalbermatten, “permanentemente ponen en vilo y, en algunos casos, amenazan veladamente a magistrados, a través de información tendenciosa y generadora de sospechas sobre el desempeño de jueces y fiscales”.
La segunda denuncia, en tanto, se radicó dos días después, y también apuntó contra Gils Carbó.
Esta vez fue por el presunto pago irregular de honorarios a Alberto Martín Binder “por un supuesto período en el que desarrolló tareas en la Secretaría de Coordinación Institucional [de la Procuración], el cual no concuerda con el efectivamente regulado por una resolución emitida” poco antes, y mientras Binder ejercía además el patrocinio letrado del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
fuente lanacion