Los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-UNEN) presentaron hoy una denuncia en contra de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires por posible “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a raíz de la aprobación de un acuerdo con el empresario del juego Cristóbal López.
La denuncia, que recayó en el Juzgado Correccional Número 1, solicita también que “se investigue al empresario Nicolás Caputo”, a quien Carrió y Sánchez señalan en la denuncia como “el socio de (el jefe de gobierno Mauricio) Macri, que carece de funciones en el gobierno” de la ciudad pero “habría negociado la Addenda (adición) al convenio” celebrado con López.
Los diputados precisan en su presentación judicial que en la Legislatura de la Ciudad se aprobó la Addenda “con un trámite veloz y con exiguo debate”, informó DyN.
“La Addenda -indican- que modifica el Convenio oportunamente ratificado mediante la Ley 1182 lo que hace es condonar millones de pesos adeudados en concepto de Ingresos Brutos por las salas de juego y apuestas de caballos de propiedad del empresario Cristóbal López, en el Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y en los buques de Casino Buenos Aires S.A.”.
Carrió y Sánchez apuntan que la decisión implica “alrededor de 1.000 millones. A cambio de lo cual, se estableció un canon especial del 3 por ciento a las ganancias de los tragamonedas y las carreras de caballos, que comenzaría a regir desde el 2014”, y que dicen, “equivaldrían a unos 350 millones de pesos al año”.
Los legisladores marcan en la denuncia que “lo cierto es que estamos en presencia de una ley de carácter particular, con nombre y apellido” que van contra la ley vigente que “expresamente dispone que los regímenes de promoción que otorguen beneficios impositivos o de otra índole, tienen carácter general y objetivo”.
Explican que los funcionarios que han suscripto o avalado la adenda “han decidido renunciar a perseguir el cobro de tributos de la ciudad” con lo cual se acordó “la extinción de las pretensiones o créditos existentes de entre 800 y 1.000 millones de pesos en concepto de Ingresos Brutos impagos por los últimos cuatro años” y también desistieron de “cobrarles en el futuro ese impuesto y cualquier otro que se aplique sobre el juego”.
Carrió y Sánchez estiman que “no existe razón suficiente que justifique la decisión de los funcionarios intervinientes, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo local, de renunciar a perseguir el cobro de tributos adeudados y a devengarse, “transando” los términos de la Addenda aprobada”.
Esto afirman “podría hacer incurrir en las figuras de abuso de autoridad y/o violación de los deberes de los funcionarios” de acuerdo a los artículos 248 y 249 del Código Penal.
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