Entre ellos, uno que apuntaba directamente contra la policía (así, en general) señalada por vía negativa como responsable de “organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror.”
El todo y las partes
Más que una acusación –que requeriría precisiones, sustento y consecuencias legales- se trataba de una insinuación, simultáneamente pesada y ligera. Al parecer, la Presidente tuvo en cuenta que en el domicilio de un agente policial entrerriano se habían encontrado electrodomésticos posiblemente saqueados y a partir de ese caso particular se atrevió a la sinécdoque y saltó literariamente de la parte al todo.
En ese todo genérico, ¿está incorporada la policía federal, para quien casi a la misma hora el Jefe de Gabinete J. M. (Jorge Milton, no Juan Manuel) Capitanich anunciaba un incremento salarial (o parasalarial, está por verse) para equiparar las a las fuerzas policiales que obtuvieron sus aumentos por vía de protesta , autoacuartelamiento o “trabajo a reglamento” ¿
¿Incluía la Presidente a la Policía Federal en su imputación? ¿A quién se refería, específicamente? La prudencia aconsejaba recortar su concepto, aguzar la puntería verbal. Moderar el tuiteo.
Los acontecimientos que conmovieron al país en la última semana larga no están plenamente superados. Sin duda la modalidad que adoptó esa protesta, que en muchos casos dejó el espacio público sin contención y librado a una especie de ley de la selva, merece el rechazo de la sociedad, pero una cosa es repudiar esa intolerable pasividad y otra diferente –sin duda más grave- es sostener que “la policía” organizó el pillaje. Sin duda es indispensable separar las manzanas podridas y los funcionarios negligentes, pero se trata de hacerlo custodiando instituciones que, ha quedado claro, son indispensables para que la sociedad funcione.
Se ha prestado atención a los patéticos salarios que cobraban (hasta antes de su protesta) los agentes policiales. Se ha escuchado menos una de las reivindicaciones que, desde los inicios de esos hechos, enumeraron las esposas que hablaban en nombre de los agentes: pedían que no se manchara a todo el cuerpo con las acusaciones y las sospechas que generan algunos de sus hombres.
De una crisis de esta naturaleza se sale con limpieza a fondo, perfeccionamiento profesional, mejora salarial y también dignificando y elevando moralmente a fuerzas que vienen de años de maltrato verbal y postergación material. Las acusaciones al voleo, que pueden ser atendibles en los ciudadanos de a pie, son una muestra de aguda inmadurez en aquellos que asumen altas responsabilidades. Desde La Plata, el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, señaló que los pillajes y saqueos, “según lo que evaluamos con la policía, ya se está tornando como un divertimento de los jóvenes; por ahora, estamos detectando que nadie los manda”. El análisis de las autoridades bonaerenses parecía una refutación directa al precipitado tuit presidencial.
Condiciones anormales
La cadena de desobediencias policiales en provincia se había desencadenado a partir de una decisión imprudente del gobierno central: negar el envío oportuno de fuerzas federales a Córdoba, ante la primera protesta y ante el pedido de sus autoridades. La ola de vandalismo que aconteció en un territorio sin ejercicio práctico de la autoridad en las calles forzó un acuerdo que no se consiguió “en condiciones normales” porque, como señaló De la Sota el martes 10, “ninguno de los gobernadores está negociando en condiciones normales”.
Los gobernadores apagaron el incendio (que cobró una docena de muertes, varias decenas de personas heridas y daños que para muchas de sus víctimas son prácticamente irreparables) acordando incrementos que exceden en muchos casos la capacidad de las arcas de sus provincias. Se ha calculado que los nuevos sueldos demandarán unos 25.000 millones de pesos que, obvio, no estaban presupuestados. Eso, sin contar el efecto que estos acuerdos tendrán a la hora de discutir los sueldos del sector público en las paritarias venideras, en las que seguramente el porcentaje reclamado tomará como piso aquel que ya les fue concedido a las fuerzas policiales. En algunas provincias se ataron, inclusive, las futuras mejoras de las policías a las que obtengan los gremios docentes. Así, las siempre problemáticas discusiones con los sindicatos de la enseñanza que empiezan en febrero tendrán en la policía una suerte de jugador número 12, evocando desde la tribuna la necesidad de que los maestros obtengan el máximo posible, por las consecuencias que esas discusiones podrían tener no sólo en las aulas, sino eventualmente en las calles. Así, la situación pone al país entre el fuego de la inseguridad y el aceite hirviendo de la creciente inflación.
La Liga de jefes territoriales
Los malos momentos promovidos por las rebeldías policiales llevaron a los gobernadores y a muchos intendentes a establecer comunicación directa y recíproca y a cambiar opiniones sobre el comportamiento del gobierno central que gatilló esos hechos. Y también sobre un manejo de los recursos que retacea a las provincias y aspira casi el 80 por ciento desde la caja central.
En situaciones normales, el diálogo y la coordinaci´ón entre los estados provinciales y el estado central está a cargo del ministro de Interior. No trascendió acción alguna en ese sentido de la cartera que conduce Florencio Randazzo. En cambio, se ha ido constituyendo, por el momento telefónicamente, una liga de jefes territoriales, que es particularmente densa entre los de origen peronista. Se nota allí alguna decepción por la facilidad con la que el Jefe de Gabinete cedió terreno (y acompañó) una suerte de contraofensiva de los sectores más facciosos del oficialismo, que consiguieron neutralizar en la última semana algunas expectativas creadas junto a la llegada de Capitanich. La tensión entre aquellos que en la coalición oficialista propician el cambio de rumbo y la adecuación a los tiempos de la transición y los que resisten atados al viejo relato por momentos se recalienta.
Los “halcones” y la ingobernabilidad
La Casa Rosada quiso recuperar el predominio del relato empleando en beneficio propio el recuerdo de los 30 años de democracia. No está mal recordar una fecha emblemática, pero resulta contraindicado hacerlo con tono festivo y en atmósfera de farándula cortesana en el mismo instante en que la mayoría de las provincias atraviesa momentos de duelo, de temor, de graves pérdidas. Que el discurso presidencial no asumiera ni con una mención el dolor por las muertes acaecidas expuso un cruel divorcio entre la realidad y el relato y convirtió en pura cháchara eso de “que la muerte no nos sea indiferente”., que sigue cantando el ex rebelde León Gieco.
Más señales de la contraofensiva de los halcones K: el fiscal José María Campagnoli fue suspendido por un Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura a pedido de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, primera espada del oficialismo en la Justicia. A Campagnoli se lo persigue por sus investigaciones sobre el empresario santacruceño Lázaro Báez. El oficialismo, con los cartuchos que le quedan, pretende dejar resueltos algunos asuntos en la estructura de la Justicia antes de que sea tarde . Según el senador radical Mario Jorge Cimadevilla ”todos estos procederes no hay que analizarlos aisladamente, sino que conforman toda una estrategia del poder para generar impunidad. Y si nosotros estos episodios los analizamos aisladamente, lo que vamos a perder de vista es la dimensión que está tomando esta necesidad de impunidad del poder”. Con la cruzada contra Campagnoli (que amenaza también a otros fiscales) el sector más duro del oficialismo reabre una pelea por el control de la Justicia que pareció haberse dejado de lado después del fallo de la Corte sobre el caso Clarín, que pareció complacer, al menos parcialmente, al gobierno.
El clima de combate conspira contra la perspectiva de una transición razonablemente negociada. Cada avance de los halcones K erosiona esa posibilidad y obstaculiza los pasos de quienes buscan romper el aislamiento y reformar, así sea homeopáticamente, el modelo imperante. En ese sentido, vuelven más difícil el desafío de la gobernabilidad.
Esta semana, Eduardo Duhalde volvió tras un período de ponderado silencio y propuso que la Iglesia renueve la experiencia del llamado Diálogo Argentino, un ámbito de reflexión y búsqueda de consensos que contribuyó, tras la crisis de principios de siglo, a la construcción de una atmósfera social más respirable.
Parece una idea sensata: la Iglesia (fortalecida por la presencia del Papa Francisco en Roma) es probablemente la única voz en condiciones de encarar esa empresa con posibilidades de éxito. Los signos de atomización y decadencia avanzan y llegan a ocultar, tras sus tormentosos nubarrones, todas las señales de resurgimiento potencial de la Argentina que están a mano y que sólo requieren un espíritu de concordia y una estrategia inteligente.
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