La clase política argentina vuelve a jugar con fuego. En medio de un estallido social que pudo haber terminado en una tragedia -el saldo de un muerto luce pequeño en comparación con la dimensión de los disturbios-, resurgió la vieja inclinación hacia la “chicana”, el intercambio de acusaciones y una peligrosa inacción.
El gobernador José Manuel de la Sota, que se jactó de la rapidez y ejecutividad con la que se resolvió el autoacuartelamiento policial, dejó al descubierto, en ese mismo acto, cómo en los días previos se había subestimado la gravedad potencial del conflicto.
Tanto que no sólo no había encontrado una solución al reclamo salarial sino que, además, había salido de viaje al exterior.
Y el Gobierno nacional pareció haber dejado de lado la pátina “dialoguista” que había mostrado en la etapa post-licencia médica de Cristina Kirchner, para regresar a la vieja política de confrontación.
Las declaraciones de Jorge Capitanich resultan elocuentes al respecto: al responsabilizar a De la Sota por los incidentes y caracterizar la crisis como una cuestión provincial, en la cual al Gobierno nacional no le cabía actuar, echó por tierra con su estilo inaugural.
Al punto que la foto que esa misma tarde se había sacado con Mauricio Macri en la Casa Rosada -inaugurando un esperanzador período de diálogo- quedaba reducida a una anécdota menor.
“Hemos visto mezquindad política y descoordinación. El Estado tiene que proveer seguridad, es una responsabilidad inalienable. Cuando hay una situación de conmoción es el que tiene que hacerse cargo y no hay justificación política que se pueda anteponer a una necesidad primaria”, analiza Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía.
El intercambio de culpas deja planteada la duda sobre qué rol jugará Capitanich a futuro: ¿será ese “delegado” de la liga de los gobernadores que llegó para dotar al kirchnerismo de una mayor dosis de realismo ante los problemas sociales?
¿O, como dio la sensación con la crisis policial de Córdoba, mantendrá el viejo estilo de priorizar el cálculo político para determinar arbitrariamente quién es merecedor de ayuda y quién no?
Una pelea donde todos pagan un costo
Por estas horas, el ámbito político se llenó de versiones en el sentido de que, bajo el liderazgo intelectual de Carlos Zannini, el núcleo duro del kirchnerismo tomó la decisión de no enviar gendarmes en auxilio de los desesperados comerciantes cordobeses.
Y que Capitanich, acaso enfrentado a la opinión de Cristina Kirchner, no logró hacer pesar la suya.
Las declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, fueron bien sintomáticas: criticó a De la Sota por no haber previsto los disturbios, cuando el problema policial se veía venir.
Casi una autoinculpación por parte de alguien que precisamente es quien debe velar por el orden en todo el territorio nacional.
Mientras los hospitales cordobeses asistían a más de 100 heridos de bala y los comerciantes hacían el cálculo de las pérdidas tras los saqueos, los políticos nacionales y cordobeses se preocupaban por disputar la batalla por la opinión pública, especialmente en las redes sociales de Internet.
De la Sota eligió la estrategia de victimizarse y apelar a la “discriminación contra los cordobeses”. En tanto que el Gobierno se empeñaba en mostrarlo como un irresponsable que no había estado a la altura de una crisis social.
Es temprano para saber quién pagará el mayor costo político, aunque parece claro que a ninguna de las partes le resultará gratis.
El Gobierno nacional tiene, a esta altura, sobradas muestras de que ante cada intento de “tercerizar” un ajuste económico hacia las provincias, la opinión pública lo castigó.
Fue, sin ir más lejos, lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, cuando el gobernador Scioli debió recurrir a un “impuestazo” para poder pagar sueldos y aguinaldos. Las encuestas revelaron que la gente veía al Gobierno nacional como principal responsable de la situación.
Los agujeros del “relato”
Más allá de la polémica política, lo que queda en evidencia con la crisis de Córdoba es, una vez más, la fragilidad en que se encuentra el tejido social en la Argentina, en abierta contradicción con la “inclusión social” que proclama el relato oficial.
La sensación que dejan estos incidentes es que, más allá del hecho circunstancial que dio pie a los saqueos (en este caso la huelga policial), existe una situación de marginalidad que resulta fértil para que cualquier chispa se transforme rápidamente en una hoguera.
Pasó a fines de 2010, cuando la masiva ocupación de terrenos en el Parque Indoamericano, por parte de habitantes de las villas de Capital, afectados por la “inflación inmobiliaria” ocurrida tras la explosiva superpoblación en estos asentamientos.
El año pasado, los graves incidentes con saqueos en Bariloche fueron iniciados por la indignación de un grupo de ciudadanos que se sintió discriminado en el reparto de planes de asistencia social ante la inminencia de las fiestas navideñas. Y ese conflicto generó un rápido “efecto contagio” en Santa Fe y el conurbano bonaerense.
Hace pocos días, otra prueba de la facilidad de la ocurrencia de saqueos se vio en San Fernando, cuando una disputa entre vecinos que peleaban por la prioridad para habitar viviendas de un programa social derivó en una trifulca con intentos de robo en supermercados.
Y apenas días antes del estallido de Córdoba, otros amagues en el gran Rosario volvieron a agitar el fantasma de los saqueos.
En todos estos casos, se notó un esfuerzo del Gobierno por advertir que estos disturbios no eran un síntoma de pobreza extrema. Y que de ninguna manera se podía comparar la situación actual con la de 2001.
Los críticos del Ejecutivo afirman que el hecho de que los saqueadores hayan preferido los LCD antes que los paquetes de fideos es algo que, lejos de desmentir, confirma la persistencia de la marginación y la exclusión social.
“Los indicadores imaginarios que aluden al descenso de la pobreza sucumben cuando aparece la impunidad para cargarse un supermercado”, afirma el analista Jorge Asís, para quien hay evidentes síntomas de rencor social que “el relato” no hace más que exacerbar.
“El excluido que lega la ‘década ganada’ no contiene los rasgos poéticos de resignación que signa la miseria haitiana. El excluido marginal de hoy está peor que el de 2001. Se encuentra culturalmente excitado por el relato de la ‘inclusión social'”, observa Asís.
Temor al “efecto contagio” en Buenos Aires
A raíz de los incidentes en Rosario y Córdoba, el foco de atención pasó a la provincia de Buenos Aires, donde este miércoles a la madrugada hubo un intento de saqueo.
En la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, un grupo de vecinos se acercó con la supuesta pretensión de tomar un supermercado chino y como el dueño los rechazó a los tiros, hiriendo de gravedad a un menor, le incendiaron el negocio y el comerciante murió asfixiado.
El hecho se produjo en una semana en la que circularon rumores en varios municipios sobre la posibilidad de saqueos.
En respuesta, los puntos de venta y centros comerciales de la zona reaccionaron de in
mediato y permanecieron cerrados, mientras que las autoridades locales enviaron patrullas para controlar la situación y gendarmería custodió a las grandes cadenas.
mediato y permanecieron cerrados, mientras que las autoridades locales enviaron patrullas para controlar la situación y gendarmería custodió a las grandes cadenas.
Los hechos no pasaron de ahí, pero el boca en boca en uno de los distritos más pobres de la provincia, y con los antecedentes del año pasado, bastaron para extender la alarma a otros partidos del conurbano.
Así lo evidenciaron las medidas que comenzaron a tomar desde pequeños negocios hasta grandes supermercados de José C. Paz, San Martín, Matanza, Tigre y Malvinas Argentinas, según pudo averiguar iProfesional.
En los últimos días, la gendarmería incrementó su presencia en algunos de ellos y los comercios de origen oriental reforzaron los portones, convirtiendo la entrada de sus negocios en una verdadera muralla china.
“Sin duda, los comerciantes están tomando medidas de seguridad; nosotros desaconsejamos la provisión de armas, pero no podemos juzgar a quien se defiende ante una horda”, dijo a este medio el titular de la Federación de Supermercados Chinos, Miguel Ángel Calvete, que ayer le trasmitió su preocupación a varios intendentes del conurbano y a funcionarios de la Nación.
El propio gobernador Daniel Scioli reconoció que está pendiente de los reclamos que puedan surgir en la Provincia. “Estamos muy atentos como siempre, para descomprimir la situación”, sostuvo en declaraciones radiales.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia minimizaron los incidentes y aseguraron a este medio que el intento de saqueo en Glew “fue un robo”. Pero los supermercadistas chinos niegan esa hipótesis y aseguran que más de 100 personas participaron del atraco, en un contexto social diferente al del año pasado.
“Se ha deteriorado mucho el ingreso de la gente en un año. Si bien se tomaron medidas inclusivas, las mismas se vieron licuadas y eso genera un desánimo que es utilizado por otros grupos que se pasan facturas”, dijo Calvete.
En este sentido, en los barrios más carenciados advierten que la situación social se ha agravado y que lo notan en la mayor afluencia a las ollas populares.
“El problema social se agudizó, la gente se agrupa más en los comedores, la necesidad es más fuerte”, dijo el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete.
Entre las principales críticas, los movimientos de desocupados denuncian que los planes sociales ya no tienen la misma efectividad frente al incremento de la inflación y que, además, es muy difícil acceder a los de valor medio, que actualmente alcanzan los 750 pesos.
La Asignación Universal por Hijo tampoco es vista como una solución. Con una inflación de 25% anual, los $460 que perciben los beneficiarios ya pasaron a ser apenas un paliativo menor en los hogares de bajos ingresos.
El otro blanco de cuestionamientos es el Plan Argentina Trabaja, un programa puesto en marcha en agosto del 2009 con el objetivo de generar cooperativas de trabajo contratadas por el Estado para desarrollar tareas de limpieza así como para la construcción de viviendas. Se estima que la asignación de $1.500 alcanza en la actualidad a 150.000 trabajadores.
Pero los beneficiarios se quejan de la desactualización de los montos y afirman que hubo una reducción de los puestos, de la mano de una menor actividad inmobiliaria.
A raíz de esta situación, unos 200 cooperativistas cortaron días atrás la Autopista La Plata para reclamar mejores condiciones de trabajo y el cumplimiento de los derechos laborales por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
fuente iprofesional