El documento “Report of the Committees on Arms Export Controls (CAEC)” su denominación en ingles de 3 volúmenes con más de 900 páginas, al que se puede acceder en el sitio oficial del Parlamento fue publicado a mediados de noviembre.
El 3 de abril de 1982, un día después del inicio del conflicto por Malvinas, el Reino Unido estableció un embargo de armas a la Argentina que estuvo vigente por 16 años. Se flexibilizó luego de la visita oficial de Carlos Menem a Londres en 1998 y las posibles exportaciones de equipamiento militar comenzaron a analizarse y ejecutarse caso por caso.
El país aparece ahora en una lista entre Afganistán, Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Libia, Turkmenistán, Libia, Siria y otros a los que Gran Bretaña no exporta insumos militares pues los considera no confiables para su utilización porque podrían afectar los derechos humanos, poner en riesgo, provocar e intensificar conflictos regionales o afectar intereses de seguridad estratégicos.
La Armada Argentina es una de las fuerzas afectadas por el cepo inglés. Los buques más poderosos de la Flota, destructores de la clase Meko 360, tienen planta de propulsión de origen británico, turbinas Rolls Royce y Tyne cuya vida útil ya expiró y necesitan repuestos para volver a la operatividad.
En el párrafo 115 referido a Argentina los parlamentarios expresan:
El Comité concluye que es reprochable que el Gobierno (de Londres); dada la historia reciente de hundimientos de buques británicos durante la Guerra de las Falklands (Malvinas) ocasionada por misiles provistos por un miembro de la OTAN (n.r. se refiere a Francia) y la declaración pública del canciller argentino del 5 de febrero de 2013: “Recuperar el control de las Malvinas no tomará otros 20 años”, sea reacio a influir en otros gobiernos para que cambien la política de exportación de armas a la Argentina en el mismo sentido que lo anunciado por el gobierno británico el 26 de abril de 2012.
La advertencia de los legisladores se basó en el giro que hizo Londres ése año restringiendo toda operación de venta de equipamiento que tuviera como destinatario de uso final a las fuerzas armadas criollas. Vince Cable, secretario de Estado para los Negocios, Innovación y Capacidades, fue el encargado de comunicar el veto, “El gobierno ha revisado la política de exportación de armas a la luz de las recientes acciones del gobierno argentino que ponen en riesgo los intereses económicos de los isleños” decía el texto de Cable a los parlamentarios al que este diario accedió. “Nuevas restricciones se han impuesto con efecto inmediato para Argentina y no se habilitarán licencias de exportación de equipos para uso militar ni tampoco dual, salvo bajo circunstancias excepcionales”, completaba la Declaración Escrita Ministerial (Written Ministerial Statements, en idioma inglés).
La tensión creció al conocerse la decisión unilateral de Londres de avalar la política de explotación de hidrocarburos que lanzaron los kelpers en aguas en disputa del Atlántico sur. A partir de 2011 la administración Kirchner lanzó una andanada legal con el objetivo de desalentar la campaña de exploración offshore de los isleños. Dispuso que los navíos con destino a las Islas debían pedir autorización al gobierno nacional antes de cumplir el destino, estableció sanciones administrativas para las empresas petroleras y las de logística que tengan negocio en el país y a la vez sean parte del programa petrolero isleño, consiguió que los países regionales vetaran el ingreso de pesqueros malvinenses a puertos regionales y, la última iniciativa aprobada por el Congreso fija prisión de hasta 15 años y multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, a quien opere sin autorización en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental (donde se encuentra el archipiélago en disputa).
fuente ambito.com