La norma que sancionó el jueves el Congreso prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos. Londres sostuvo que la medida no rige en las islas y aseguró que su derecho es “legítimo”.
La reforma de la Ley 26.659 que la Cámara de Diputados aprobó el jueves castiga a las empresas que realicen tareas de exploración y explotación de hidrocarburos sin el permiso del Estado argentino en la zona ubicada alrededor de las Islas Malvinas. La norma prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo y la prohibición de que personas y compañías puedan operar en Argentina.
Para Londres, sin embargo, la medida no es aplicable en las islas. “Las leyes internas argentinas no son aplicables a las islas Falkland (Malvinas) ni a las Islas Georgias y Sándwich del Sur”, indicó hoy un vocero de la Cancillería británica.
De acuerdo con el funcionario del ‘Foreign Office’, las actividades de hidrocarburos en aguas malvinenses bajo soberanía británica son “legales” y están bajo el control del gobierno de las islas.
“Las actividades de hidrocarburos por parte de cualquier compañía que opera en la plataforma continental de las islas son reguladas por el Gobierno de las islas, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar”, insistió.
“El gobierno británico apoya de manera inequívoca el derecho de los isleños a desarrollar sus propios recursos naturales para su propio beneficio económico”, remarcó el vocero del gobierno de David Cameron.
Después de años de exploración y el primer descubrimiento en mayo de 2010, Premier Oil estima que comenzará a extraer petróleo en la zona conocida como Sea Lion, en aguas al norte de las islas, a unos 216 kilómetros de la costa.
Esa empresa ha sido la destinataria de una de las 200 cartas que la embajada argentina en Londres ha enviado a compañías involucradas directa o indirectamente en las actividades petroleras en las islas para advertirles de que están sujetas a medidas civiles y criminales en virtud de las leyes que regulan estas actividades, incluidas las de protección medioambiental.
A poco de conocerse, la reacción del Reino Unido empezaba a despertar respuestas en la Argentina. Uno de los primeros dirigentes en pronunciarse fue el diputado electo por el massimo Adrián Pérez. “Inglaterra persiste en la ilegalidad y avasalla el derecho internacional”, se quejó.
“Así como no puede haber dudas respecto de la legitimidad del reclamo de soberanía sobre nuestras islas, es importante hacer valer nuestros derechos económicos sobre los recursos de la zona”, ahondó.
fuente infobae